El rescatista mendocino Guillermo Arana Leyton, integrante del grupo Phoenix, confirmó el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años desaparecido tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron el estado de La Guaira, Venezuela.
El operativo de recuperación en el edificio Miramar demandó un despliegue técnico sin precedentes para la delegación argentina, que debió utilizar maquinaria pesada para desmontar una estructura de nueve pisos totalmente colapsada. Según detallaron fuentes del equipo de rescate, el cuerpo del menor fue localizado en lo que anteriormente era el segundo piso del inmueble, en una posición que evidenciaba un intento de protección mutua durante el sismo. Arana Leyton precisó que Lucas fue encontrado sin vida abrazado a sus abuelos entre columnas de viga, luego de días de búsqueda intensiva en los que se mantuvo la esperanza de hallar sobrevivientes, dado que otras personas habían sido rescatadas con vida incluso diez días después de la catástrofe inicial. La misión contó con el soporte logístico de la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina y la colaboración directa de la colectividad venezolana en Mendoza, que garantizó el suministro de insumos básicos para los especialistas en el terreno.
Las condiciones sanitarias en la zona del desastre fueron calificadas como críticas por los especialistas que trabajan en el lugar. Los informes técnicos provenientes de las cuadrillas de emergencia indican una ausencia total de servicios básicos, incluyendo agua potable y sistemas de cloacas operativos, lo que derivó en un brote de enfermedades cutáneas como la sarna, que afecta tanto a damnificados como a los propios rescatistas. El personal desplegado describió un escenario de saturación donde el olor a descomposición dificulta las tareas de remoción manual. Los equipos de trabajo operan en turnos de 24 horas continuas con apenas dos horas de descanso, una dinámica impuesta por la magnitud de la tragedia y la cantidad de personas que aún permanecen bajo los escombros. De acuerdo con las estimaciones de los expertos en catástrofes, la infraestructura disponible en el estado de La Guaira es insuficiente para procesar el volumen de escombros generado por el colapso de 190 edificios de forma total y daños severos en otros 850 inmuebles.
Contexto
La tragedia se originó el pasado 24 de junio, cuando un doble evento sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter golpeó el eje norte-costero de Venezuela, afectando principalmente a Caracas y al estado de La Guaira. Lucas Gámez se encontraba en la zona de playa junto a los tíos de su madre y había regresado al departamento del edificio Miramar apenas minutos antes de que se produjeran los temblores. Este desastre natural se produce en un momento de vulnerabilidad estructural en la región, lo que potenció el efecto de los sismos sobre las edificaciones multifamiliares. El balance oficial difundido por el gobierno venezolano a través de sus canales institucionales cifra en 4.490 las víctimas fatales confirmadas hasta el domingo, mientras que el número de heridos asciende a 16.740 personas. La magnitud del evento obligó al desplazamiento de más de 19.500 ciudadanos hacia campamentos provisionales, ante la pérdida total de sus viviendas o el riesgo inminente de nuevos derrumbes en estructuras comprometidas.
La participación argentina en las tareas de búsqueda se canalizó a través del grupo Phoenix, una organización especializada en rescates complejos que articuló su llegada a Venezuela mediante la coordinación con médicos venezolanos radicados en Argentina. Indira Acosta, presidenta de la entidad médica, fue una de las figuras clave en la gestión de recursos y alimentos para los rescatistas mendocinos. Históricamente, la región de La Guaira ha sufrido eventos naturales de gran impacto, pero la combinación de dos sismos de alta intensidad en un lapso tan breve superó cualquier protocolo de emergencia previo. La falta de equipos especializados en minería y recuperación de cuerpos en las primeras horas tras el sismo fue un factor determinante que retrasó la localización de víctimas en edificios de gran altura, como el complejo Miramar, donde la acumulación de losas de hormigón requirió el uso de grúas de alto tonelaje que no estaban disponibles de inmediato en el sector costero.
Impacto
La confirmación del fallecimiento de Lucas Gámez y la proyección de las cifras de víctimas marcan un punto de inflexión en la percepción internacional de la catástrofe venezolana. Aunque las cifras oficiales se mantienen cercanas a los 4.500 muertos, organismos internacionales como la ONU advierten que la cantidad de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas, lo que situaría a este evento como uno de los desastres naturales más letales de la historia reciente en Sudamérica. El impacto social es profundo: miles de familias permanecen en refugios temporales sin una perspectiva clara de reconstrucción, mientras el riesgo epidemiológico crece exponencialmente por la falta de insumos médicos básicos y la contaminación de las napas freáticas. Para la comunidad argentina, el caso de Lucas Gámez visibilizó la precariedad de los operativos de rescate y la necesidad de una cooperación regional más robusta ante eventos de esta escala.
Desde el punto de vista operativo, la misión liderada por Arana Leyton reveló la necesidad de personal altamente especializado para las fases posteriores al rescate de sobrevivientes. La transición hacia la fase de recuperación de cuerpos exige conocimientos técnicos de minería para evitar nuevos colapsos durante la remoción de escombros. Además, el impacto psicológico sobre los intervinientes y los sobrevivientes es una preocupación central para las autoridades sanitarias, dado que el escenario de trabajo se ha vuelto insalubre y traumático. La saturación de los servicios funerarios y la imposibilidad de identificar rápidamente a los fallecidos debido al estado de los cuerpos genera una tensión social creciente en los campamentos de damnificados, donde la incertidumbre sobre el paradero de familiares sigue siendo la principal causa de conflicto con las autoridades locales encargadas de la gestión de la crisis.
En los próximos siete días, una nueva delegación argentina partirá hacia Venezuela para reforzar las tareas en el terreno. Este equipo estará integrado por rescatistas mineros especializados en la recuperación de cuerpos en estructuras colapsadas, acompañados por diez psicólogos y cinco médicos adicionales. El objetivo de esta segunda fase es mitigar el impacto de la crisis sanitaria y acelerar la extracción de víctimas antes de que las condiciones de salubridad impidan el acceso a las zonas de desastre. Según las proyecciones de los especialistas del grupo Phoenix, el número final de fallecidos podría escalar de manera drástica a medida que se logre acceder a los niveles inferiores de los edificios derrumbados, estimando que la cifra total de víctimas fatales podría alcanzar las 20.000 personas una vez finalizados los operativos de remoción de escombros.
