La Policía de Santa Cruz recapturó este lunes a Nicolás Adrián Núñez Servín, el detenido de 31 años que permanecía prófugo desde el jueves pasado tras evadirse de la Comisaría Segunda de El Calafate.
El operativo de detención se concretó durante la tarde, luego de que agentes de la División de Investigaciones (DDI) local localizaran al sospechoso oculto en una vivienda deshabitada. El inmueble se encuentra ubicado en una zona céntrica de la villa turística, en las inmediaciones del Parque Belgrano, y pertenece a un predio de dependencias municipales. Según informaron fuentes de la fuerza provincial, Núñez Servín no ofreció resistencia al momento de ser abordado por los efectivos, quienes habían rodeado el perímetro tras recibir información sobre su posible paradero. El hombre, que cumple prisión preventiva por una serie de robos calificados, fue trasladado de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad y quedó nuevamente a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº1, a cargo de las actuaciones judiciales pertinentes.
Durante las 96 horas que duró la búsqueda, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo que incluyó más de diez allanamientos en distintos barrios periféricos y céntricos. Los investigadores de la Policía de Santa Cruz trabajaron sobre la hipótesis de que el prófugo contaba con una red de asistencia externa que le facilitaba el cambio constante de escondite para evitar los rastrillajes. En este sentido, se realizaron patrullajes preventivos en los accesos a la ciudad y se reforzaron los controles en las rutas provinciales para evitar que el sospechoso abandonara la localidad. La comunidad local también participó activamente tras la difusión de imágenes que mostraban posibles cambios en la apariencia física del interno, una estrategia habitual en sujetos que intentan eludir el reconocimiento visual en la vía pública.
La fuga original se produjo la noche del jueves, poco después de que Núñez Servín regresara de una audiencia de indagatoria vinculada a las causas por robos en domicilios particulares que pesan en su contra. Debido a la falta de espacio en las celdas convencionales de la Comisaría Segunda, el detenido se encontraba alojado de manera provisoria en una oficina administrativa de la dependencia. De acuerdo con las pericias preliminares realizadas por el personal de criminalística, el hombre habría forzado una de las puertas de la oficina para ganar la calle y emprender la huida a pie. Esta situación generó una investigación interna inmediata para determinar si existió negligencia por parte del personal de guardia o si hubo una zona liberada que facilitara el escape del imputado.
Contexto
El incidente de Núñez Servín pone de manifiesto una problemática recurrente en las dependencias policiales del interior de Santa Cruz: la sobrepoblación carcelaria y la falta de infraestructura adecuada para el alojamiento de detenidos con prisión preventiva. El hecho de que un sospechoso de alta peligrosidad, vinculado a múltiples robos, estuviera alojado en una oficina administrativa y no en una celda de máxima seguridad, responde a la saturación de las plazas disponibles en el sistema penitenciario provincial. Fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz indicaron que la Comisaría Segunda de El Calafate ha operado al límite de su capacidad durante los últimos meses, lo que obliga a los comisarios a improvisar espacios de detención en áreas no diseñadas para tal fin.
Antecedentes similares en la región han derivado en sumarios administrativos y desplazamientos de cúpulas policiales. En esta ocasión, la Justicia investiga no solo el delito de evasión, sino también la cadena de custodia que permitió que un detenido forzara una abertura sin ser detectado por los sensores o el personal de turno. El Código Penal Argentino, en su Artículo 280, es taxativo respecto a estas situaciones: establece penas de prisión de un mes a un año para quien se evadiere mediante el uso de fuerza en las cosas. Sin embargo, la mayor presión recae sobre los funcionarios públicos, quienes podrían enfrentar multas de entre 1.000 y 15.000 pesos argentinos en caso de comprobarse negligencia, o penas de hasta cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta si se demuestra que favorecieron activamente la fuga.
Impacto
La recaptura de Núñez Servín trae alivio a una comunidad que permaneció en estado de alerta durante cuatro días, pero abre un frente de conflicto institucional dentro de la Policía de Santa Cruz. El impacto inmediato se traduce en una nueva imputación penal para el detenido, quien ahora suma el delito de evasión a su prontuario, lo que complicará cualquier pedido futuro de excarcelación o beneficios procesales. Desde el punto de vista operativo, el Ministerio de Seguridad evalúa una reestructuración de los protocolos de traslado y custodia en El Calafate para evitar que la falta de celdas derive en nuevas fugas. La vulnerabilidad demostrada por la Comisaría Segunda ha generado críticas por parte de los sectores civiles, que exigen mayores inversiones en seguridad edilicia.
Por otro lado, la investigación judicial ahora se centra en identificar a los posibles cómplices que brindaron refugio al prófugo en la vivienda municipal deshabitada. De comprobarse que recibió ayuda de terceros, estos podrían enfrentar penas de hasta cuatro años de prisión por favorecimiento de evasión. Los peritos informáticos analizan las comunicaciones de los allegados al detenido para determinar si hubo una coordinación previa para el escape. El hecho de que el escondite final fuera una propiedad del Estado local añade una capa de complejidad al caso, obligando al Municipio de El Calafate a revisar la seguridad de sus predios y la gestión de sus inmuebles desocupados para evitar que sean utilizados como aguantaderos por delincuentes en tránsito.
En las próximas horas, Núñez Servín será trasladado a una unidad de detención de mayor seguridad, posiblemente en Río Gallegos, para garantizar su comparecencia ante el tribunal. El Juzgado de Instrucción Nº1 espera tomarle declaración indagatoria por el nuevo delito de evasión antes del fin de semana, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas sobre la puerta forzada en la comisaría. La tensión administrativa dentro de la fuerza policial se mantiene elevada, a la espera de las resoluciones que tome la Jefatura de Policía respecto al personal que se encontraba de guardia la noche del jueves, cuya responsabilidad sigue bajo estricto análisis judicial y disciplinario.