El juez de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin haber obtenido el aval del Poder Ejecutivo para continuar en su cargo, tras el rechazo de una medida cautelar por parte del fuero Contencioso Administrativo.
La decisión judicial representa un punto de inflexión para quien fuera uno de los magistrados más influyentes de los tribunales de Comodoro Py durante las últimas décadas. Irurzun, actual presidente de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, intentó mediante una medida cautelar autónoma suspender los efectos del artículo 99 de la Constitución Nacional. Dicha normativa, reformada en 1994, establece que los magistrados que alcanzan los 75 años requieren un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación con acuerdo del Senado para permanecer en funciones por un periodo adicional de cinco años. Ante la falta de envío de su pliego por parte de la Casa Rosada, el magistrado buscó una vía legal que finalmente fue denegada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, lo que acelera los tiempos de su salida del sistema judicial.
Durante su extenso paso por la denominada “sala buena” de la Cámara Federal, Irurzun consolidó un poder institucional que trascendió los límites del edificio de Retiro. Su figura quedó ligada de forma indeleble a la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio jurídico que flexibilizó los parámetros para dictar prisiones preventivas en causas de corrupción. Según fuentes judiciales, esta interpretación permitía a los jueces federales ordenar detenciones de exfuncionarios públicos bajo el argumento de que sus “lazos de poder” o “poder residual” representaban un riesgo latente para el avance de las investigaciones, incluso cuando ya no ocupaban cargos jerárquicos. Esta doctrina fue el pilar fundamental para las detenciones de figuras de alto perfil como el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, y el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
El alcance de su influencia también se extendió al control operativo de la inteligencia judicial. Irurzun fue el primer director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina bajo la órbita de la Corte Suprema encargada de gestionar las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia. Su designación en 2016, tras el traspaso del organismo desde el Ministerio Público Fiscal, reforzó su perfil como un actor clave en el engranaje de las causas de mayor impacto político. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversias públicas, como la difusión de una fotografía a fines de 2018 donde se lo veía reunido en un bar con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalado como el principal operador judicial de la gestión de Mauricio Macri, encuentro que generó fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del magistrado.
Contexto
La situación jurídica de Irurzun se enmarca en una disputa histórica sobre la estabilidad de los jueces en Argentina. Durante años, el Poder Judicial se rigió por el precedente del fallo “Fayt” de 1999, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado nulo el límite de edad de 75 años para el entonces ministro Carlos Fayt. No obstante, este criterio cambió drásticamente en marzo de 2017 con el fallo “Schiffrin”. En esa oportunidad, el máximo tribunal validó la constitucionalidad de la cláusula introducida en la reforma de 1994, ratificando que la estabilidad vitalicia de los magistrados termina a los 75 años, salvo que el proceso de renovación constitucional se complete satisfactoriamente.
En su presentación ante el Juzgado Contencioso, Irurzun alegó que los precedentes de la Corte no poseen fuerza obligatoria absoluta para otros casos, intentando reflotar la lógica del caso Fayt para garantizar su permanencia. Sin embargo, el escenario político actual difiere del de 2017. El Poder Ejecutivo no ha mostrado voluntad de extender el mandato del camarista, quien fue el artífice de resoluciones que marcaron el pulso político entre 2017 y 2019. Casos como la causa por el Memorándum con Irán, donde se ratificaron las preventivas de Héctor Timerman y otros exfuncionarios, o el procesamiento de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación, fueron hitos donde la aplicación de su doctrina generó debates profundos sobre el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva en el derecho argentino.
Impacto
La salida de Martín Irurzun de la Cámara Federal implica una reconfiguración profunda del equilibrio de fuerzas en Comodoro Py. La Sala II, que históricamente ha tenido la última palabra en las causas de corrupción que afectan al poder político y económico, perderá a su integrante más veterano y simbólico. Operadores del mercado judicial señalan que la vacante que dejará el magistrado abrirá una nueva disputa por su sucesión, en un tribunal que ya cuenta con varios cargos subrogados o cuestionados. El fin de la era Irurzun supone también el ocaso definitivo de una forma de entender la cautelaridad penal que priorizaba la peligrosidad del “vínculo político” por sobre los riesgos procesales tradicionales de fuga o entorpecimiento probatorio.
Para el sistema político, el impacto es directo sobre la arquitectura de las causas que aún tramitan en los tribunales federales. La caída de su medida cautelar confirma que el límite de los 75 años es hoy una barrera infranqueable sin el apoyo explícito del Senado y la Casa Rosada. Esto afecta no solo a Irurzun, sino que sienta un precedente de cumplimiento estricto para otros magistrados de avanzada edad que pretendían utilizar la vía administrativa para eludir el retiro efectivo. La denegación de su pedido por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 refuerza la doctrina Schiffrin y limita el margen de maniobra de los jueces para perpetuarse en sus cargos más allá de lo establecido por la Constitución Nacional.
El próximo 18 de julio marcará el cese formal de las funciones de Irurzun si no media un cambio drástico en la postura del Gobierno nacional. Con el rechazo de la cautelar, el magistrado queda despojado de herramientas legales para resistir su jubilación. La atención se centra ahora en quién será designado para subrogar su vocalía en la Sala II y cómo se tramitará el concurso para cubrir una de las sillas más calientes de la justicia federal argentina, en un contexto de alta polarización y escrutinio sobre el desempeño de los jueces de Retiro.
