El Gobierno nacional analiza la implementación de un programa de “pasaportes dorados” que permitiría a ciudadanos extranjeros obtener la nacionalidad argentina mediante una donación de 500.000 dólares o la adquisición de bonos soberanos por un millón de dólares.
La iniciativa, que se encuentra bajo estudio en los despachos de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, busca establecer un mecanismo de captación de divisas de alta velocidad para fortalecer las reservas del Banco Central y garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros internacionales. Según fuentes familiarizadas con el proyecto, la medida contemplaría dos vías de acceso principales: una contribución no reembolsable al Estado de aproximadamente 500.000 dólares o, alternativamente, la compra de bonos soberanos de cupón cero por un valor nominal de un millón de dólares. Esta estructura permitiría al país obtener financiamiento genuino sin incrementar la presión impositiva sobre los contribuyentes locales, mientras que para el inversor extranjero representaría una vía simplificada de acceso a un documento que permite el ingreso sin visa a más de 170 países.
Operadores del mercado financiero y consultores legales especializados en movilidad global indicaron que el diseño del programa busca evitar que los solicitantes deban establecer una residencia física permanente en el territorio nacional. Esta flexibilidad es un punto crítico de la propuesta, ya que permitiría a los grandes capitales internacionales obtener la ciudadanía argentina sin quedar sujetos a la carga fiscal total que implica ser residente tributario en el país. De acuerdo con analistas del sector, el perfil del interesado no es necesariamente el de alguien que busca mudarse al Cono Sur, sino el de ciudadanos de Estados Unidos y Europa que intentan diversificar sus opciones de nacionalidad ante escenarios de alta polarización política en sus países de origen o el riesgo latente de conflictos bélicos en la región euroasiática. La propuesta se alinea con la visión del Poder Ejecutivo de abrir la economía y atraer figuras de peso en el ecosistema tecnológico global, como el magnate Peter Thiel, quien recientemente adquirió una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha mantenido encuentros con funcionarios de primera línea.
Contexto
La posibilidad de vender la ciudadanía no es una práctica aislada en el mundo, aunque ha enfrentado crecientes restricciones en los últimos años por parte de organismos internacionales. En la región, Paraguay habilitó recientemente un esquema de residencia para inversores con un piso de 70.000 dólares, mientras que en Estados Unidos, la administración de Donald Trump impulsó permisos de residencia acelerados por un millón de dólares, aunque con una tasa de adhesión significativamente baja. La Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, ya ha dado pasos hacia la flexibilización de las condiciones de propiedad y radicación de capitales a través de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas propuestas en la Ley de Tierras, que buscan garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada para atraer desembolsos en sectores estratégicos como la minería y la energía.
Sin embargo, el antecedente global más relevante proviene de la Unión Europea, bloque que ha prohibido terminantemente los programas de “ciudadanía por inversión” dentro de sus fronteras. Las autoridades de Bruselas sostienen que estos esquemas facilitan la corrupción, el lavado de activos y vulneran los estándares de transparencia internacional. De hecho, la Comisión Europea ha avanzado con sanciones y presiones diplomáticas contra naciones del Caribe, como Dominica y Santa Lucía, que operan modelos similares. Para la Argentina, la implementación de este sistema representaría un giro radical en su tradición migratoria y de nacionalidad, históricamente basada en el principio de suelo y residencia, para pasar a un modelo transaccional que prioriza la urgencia financiera del Tesoro Nacional frente a los vencimientos de deuda previstos para el bienio 2025-2026.
Impacto
La puesta en marcha de este programa tendría un impacto directo en la balanza de pagos y en la cotización de los activos argentinos en el exterior. Según estimaciones de fuentes del mercado, la demanda de bonos de cupón cero por parte de extranjeros para calificar al pasaporte podría generar un piso de demanda que sostenga los precios de la deuda soberana en momentos de volatilidad. No obstante, el impacto no es solo económico; expertos en derecho internacional advierten que una medida de este tipo podría tensar las relaciones con la Unión Europea y otros socios comerciales que exigen controles estrictos sobre la identidad de los portadores de pasaportes. Si el pasaporte argentino comienza a ser percibido como un bien de cambio, existe el riesgo de que se pierdan beneficios de exención de visas en zonas críticas como el espacio Schengen, afectando la movilidad de los ciudadanos argentinos nativos.
Desde el punto de vista político interno, la medida profundizaría la agenda de desregulación y apertura que promueve el oficialismo, aunque encontraría resistencia en sectores de la oposición que cuestionan la “mercantilización” de la soberanía nacional. La implementación requeriría una arquitectura legal sólida para evitar que el país se convierta en un refugio para capitales de origen dudoso, lo que obligaría a la Unidad de Información Financiera (UIF) a redoblar sus esfuerzos de control. El éxito del plan dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer seguridad jurídica a largo plazo, un factor que los inversores de alto patrimonio consideran fundamental antes de realizar donaciones o compras de activos de gran escala en mercados emergentes.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, mantiene hermetismo sobre los plazos finales de ejecución, aunque se espera que los detalles técnicos se definan tras las próximas misiones técnicas con organismos multilaterales de crédito. La administración libertaria debe equilibrar la necesidad inmediata de dólares con el riesgo reputacional que conlleva la emisión de documentos oficiales bajo este formato. En las próximas semanas, el avance de las conversaciones con consultores internacionales determinará si el “Pasaporte Dorado” se convierte en un decreto de necesidad y urgencia o si formará parte de un paquete de leyes enviado al Congreso para su debate parlamentario.
