El Tribunal de Juicio de Orán condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra por el homicidio de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado decapitado y maniatado a la vera de la ruta nacional 34 en octubre de 2022.
La sentencia, dictada por los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, determinó que los acusados son coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Durante el proceso oral, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, logró acreditar la responsabilidad penal de los hermanos Salvatierra en un crimen que conmocionó al norte provincial por su extrema crueldad. El fallo incluyó el traslado inmediato de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y la extracción de muestras para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos, conforme a los protocolos vigentes para delitos de esta gravedad.
El tercer imputado en la causa, un hombre de 39 años que llegó al juicio bajo la misma acusación que los Salvatierra, resultó absuelto por el beneficio de la duda. Según indicaron fuentes judiciales, el tribunal consideró que las pruebas recolectadas no fueron suficientes para vincularlo de manera directa y fehaciente con la ejecución del asesinato. Tras la lectura del veredicto este lunes, se ordenó su inmediata libertad. La fiscalía había solicitado la pena máxima para los tres involucrados, basándose en una reconstrucción de los hechos que situaba a los sospechosos en la escena del crimen y destacaba la planificación necesaria para llevar a cabo una ejecución de tales características en una zona rural de difícil acceso.
La investigación penal preparatoria se inició el 1 de octubre de 2022, luego de que un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertara sobre la presencia de un cuerpo sin vida entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. Al llegar al lugar, los efectivos policiales y el personal sanitario constataron que la víctima, identificada posteriormente como Pablo César Almaraz, de 41 años, presentaba signos de una violencia inusitada. El cuerpo estaba decapitado y tenía las manos atadas por la espalda, una firma de ejecución que orientó las primeras hipótesis hacia un ajuste de cuentas o un ataque premeditado por conflictos territoriales o personales en la zona de fincas del departamento de Orán.
Contexto
El crimen de Almaraz se produjo en un escenario de creciente tensión en las zonas rurales del norte de Salta, donde la seguridad de los trabajadores rurales y puesteros se ha visto vulnerada en los últimos años por diversos conflictos de propiedad y delitos complejos. El hallazgo del cadáver a la vera de la ruta nacional 34, una arteria vital para el transporte de carga y el movimiento fronterizo, añadió una presión adicional sobre las autoridades locales para resolver el caso con celeridad. Los peritajes forenses realizados en 2022 confirmaron que la víctima fue sometida antes de su muerte, lo que permitió a la fiscalía sostener el agravante de alevosía, dado que Almaraz se encontraba en un estado de total indefensión al momento de ser asesinado.
Durante las extensas jornadas de debate que precedieron a la sentencia, se analizaron testimonios de vecinos y trabajadores de la zona, así como registros de comunicaciones que permitieron trazar el recorrido de los condenados en las horas previas y posteriores al hallazgo del cuerpo. La defensa de los Salvatierra intentó durante todo el juicio desacreditar las pruebas periciales, argumentando que no existían testigos presenciales que los ubicaran realizando el acto material de la decapitación. Sin embargo, el cúmulo de indicios presentados por el Ministerio Público Fiscal, sumado a la imposibilidad de los acusados de justificar su paradero durante la ventana temporal del crimen, resultó determinante para la convicción de los magistrados sobre la autoría material de Víctor y Gonzalo Salvatierra.
Impacto
La aplicación de la prisión perpetua, la pena más severa contemplada en el Código Penal argentino, envía una señal de rigor judicial ante delitos que presentan niveles de ensañamiento poco frecuentes en la región. Para la comunidad de Orán y las localidades aledañas de Pichanal y Colonia Santa Rosa, el fallo representa un cierre parcial a un clima de zozobra que se había instalado desde el hallazgo del cuerpo de Almaraz. Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial indicaron que este tipo de resoluciones son fundamentales para desalentar prácticas de violencia extrema en el ámbito rural, donde la lejanía de los centros urbanos suele ser aprovechada por delincuentes para actuar con una supuesta impunidad.
Desde el punto de vista jurídico, el caso sienta un precedente en la valoración de la prueba indiciaria y científica en la provincia de Salta. La fiscal Filtrín Cuezzo destacó que la reconstrucción técnica fue la clave para suplir la ausencia de testigos directos en un paraje desolado. El impacto de la sentencia también alcanza al sistema penitenciario, que deberá garantizar el cumplimiento de la pena en una unidad de máxima seguridad, dada la peligrosidad demostrada por los condenados. La familia de la víctima, que actuó como querellante en la causa, manifestó su conformidad con la pena impuesta, aunque persiste el dolor por la brutalidad con la que fue arrebatada la vida del puestero de 41 años.
Con la condena firme para los hermanos Salvatierra, el proceso judicial entra ahora en la etapa de posibles apelaciones ante el Tribunal de Impugnación de Salta. Los abogados defensores ya adelantaron que cuestionarán la valoración de la prueba que derivó en la perpetua, mientras que la fiscalía analizará los fundamentos de la absolución del tercer implicado para decidir si recurre esa parte del fallo. Mientras tanto, la comunidad rural de Orán permanece atenta a los operativos de control en la ruta 34, buscando recuperar la normalidad tras uno de los episodios más sangrientos de su historia reciente.
