El Gobierno de la provincia de Buenos Aires designó a Joaquín de Achával como el primer jefe de policía el 15 de mayo de 1821, con el objetivo de frenar una escalada de robos violentos que afectaba a las 400 manzanas de la ciudad poscolonial.
La medida respondió a una crisis de seguridad pública que desbordaba la capacidad de los antiguos alcaldes de barrio. Según registros de la época conservados en el Archivo General de la Nación, la delincuencia se veía favorecida por la precariedad del alumbrado público, que consistía en candilejas alimentadas con grasa de potro operativas únicamente entre las 20:00 y las 00:00 horas. Los delincuentes aprovechaban los descampados y rancheríos que se extendían desde la costa del río hasta la actual avenida Entre Ríos para perpetrar asaltos en bandas de hasta veinte hombres armados. Ante esta situación, la administración de Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno, impulsó una reforma integral que incluyó la división de la ciudad en cuatro secciones y la asignación de un presupuesto de dos mil pesos anuales para la jefatura policial, buscando profesionalizar una fuerza que hasta entonces dependía de la colaboración voluntaria de los vecinos.
El despliegue operativo inicial contó con figuras clave como Miguel Antonio Sáenz, Francisco Doblas, Prudencio Sagari, Agustín Herrera y Modesto Sánchez, quienes asumieron roles de comisarios para vigilar los ocho cuarteles en los que se fragmentó el territorio. La rigurosidad de la época se reflejaba en la legislación vigente desde 1811, impulsada por el Primer Triunvirato de Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso, que establecía la pena de muerte mediante la horca para robos con violencia o escalamiento, o cuando el botín superaba los 100 pesos. Para delitos menores, se aplicaban condenas de diez años de trabajos forzados en obras públicas. Esta estructura punitiva buscaba, según indicaron fuentes históricas del Cabildo, generar un escarmiento inmediato en los delincuentes, limitando los procesos judiciales a un máximo de diez días entre la acusación y la sentencia definitiva.
La institucionalización de la fuerza también trajo consigo la creación de símbolos y servicios técnicos. En 1822, se incorporó al médico francés Jean André Durand, ex cirujano de Napoleón Bonaparte, como el primer facultativo policial para tareas forenses y campañas de vacunación. Fue Joaquín de Achával quien, al notar la necesidad de una identidad administrativa para la creciente papelería oficial, diseñó el primer sello de la institución. Eligió la figura de un gallo como símbolo de vigilancia constante y estado de alerta. Este emblema caló tan hondo en la cultura popular que las detenciones comenzaron a conocerse coloquialmente como traslados al “hotel del gallo”, en referencia a la sede policial ubicada en el Antiguo Seminario Conciliar, frente a la actual Plaza de Mayo.
Contexto
La Buenos Aires de principios del siglo XIX era una urbe en transición, donde la precariedad urbana facilitaba el accionar delictivo. Entre Retiro y la calle Brasil, el paisaje estaba dominado por terrenos baldíos que dificultaban el patrullaje de la “partida celadora”, un cuerpo de cien hombres a caballo que debía custodiar tanto el centro como los extramuros. Un hecho que marcó un punto de inflexión fue el robo al propio Cabildo el 5 de febrero de 1821, donde delincuentes rompieron los candados de la caja de caudales y sustrajeron 3247 pesos en oro, además de un escudo de oro destinado a premiar al primer vacunador de la ciudad. Este golpe al corazón del poder político aceleró las reformas de Rivadavia y la designación de Achával, ante la presión de los hacendados que exigían protección para sus bienes y ganado.
Previamente, la seguridad rural dependía de los “Blandengues veteranos del cuerpo de hacendados”, una compañía financiada mediante un impuesto de 2 reales por cada cabeza de ganado vendida. Sin embargo, la efectividad de estos cuerpos era limitada frente a los malones indígenas en la campaña y las bandas organizadas en la ciudad. El cronista Juan Manuel Beruti relató en sus memorias el escándalo que provocaba la inseguridad, señalando que ningún vecino estaba seguro en su casa debido a grupos que, valiéndose de nombres falsos o supuestas órdenes judiciales, atropellaban a los propietarios para saquear sus pertenencias. Esta atmósfera de desprotección fue el caldo de cultivo para que el Reglamento Provisional de Policía de 1812, elaborado por Juan Larrea, Hipólito Vieytes y José Moldes, sentara las bases de lo que una década después sería una fuerza centralizada.
Impacto
La creación de la Policía de Buenos Aires bajo el mando de Achával transformó la relación entre el Estado y la ciudadanía en materia de orden público. Por primera vez, se estableció la obligatoriedad de la cooperación civil: un decreto de mayo de 1822 estipulaba que cualquier habitante que se negara a colaborar en la aprehensión de un delincuente sufriría un arresto de 24 horas o sería juzgado por la justicia ordinaria. Esta medida buscaba terminar con la pasividad social frente al crimen, aunque generó tensiones por la discrecionalidad de los celadores. Además, la policía asumió funciones que hoy serían municipales, como el control del abasto de carne y pan, la supervisión de obras de teatro y el reclutamiento de personas en situación de calle para el Ejército o trabajos públicos.
Desde una perspectiva social, la profesionalización de la fuerza permitió que los vecinos dejaran de cumplir el rol de “serenos” por cuenta propia, delegando la vigilancia nocturna en funcionarios pagos. No obstante, la infraestructura seguía siendo una debilidad; la primera sede central funcionó en un edificio deteriorado que anteriormente pertenecía al clero, evidenciando que la prioridad política estaba en el despliegue de hombres más que en el confort edilicio. El impacto de estas reformas se extendió a la campaña, donde se establecieron ocho comisarios para controlar delitos rurales como la caza ilegal de nutrias y avestruces, intentando llevar la presencia del Estado más allá de las 33 secciones urbanas originales.
A pesar de los avances en la organización administrativa y la creación de un cuerpo de celadores para custodiar a los presos en obras públicas, la problemática de la inseguridad persistió como un desafío estructural. El diario El Centinela ya advertía en aquella época que las cárceles no debían ser meros depósitos de personas, sino centros de prevención, una discusión que continúa vigente en el debate penitenciario actual. La transición de una vigilancia vecinal precaria a una fuerza de seguridad con jerarquías, médicos forenses y reglamentos de 33 puntos marcó el nacimiento de la seguridad pública moderna en Argentina, aunque los métodos de iluminación y patrullaje tardarían décadas en alcanzar niveles de eficiencia técnica.
El legado de Joaquín de Achával y la gestión de su sucesor, José María Somalo, establecieron un modelo de control territorial que definió el crecimiento de Buenos Aires. La tensión entre la prevención del delito y la severidad de las penas sigue siendo el eje central de las políticas de seguridad bonaerenses, en un escenario donde las calles, aunque ya no dependen de la grasa de potro para iluminarse, continúan siendo el principal escenario de disputa por el orden público.
