La policía de Bahía Blanca halló restos de cocaína en la mochila de un niño de siete años este jueves, agravando la investigación iniciada tras la grave intoxicación de su hermana de doce años el pasado domingo.
El descubrimiento se produjo en el interior de una institución educativa de la ciudad bonaerense, cuando la directora del establecimiento detectó una cuchara con restos de un polvo blanco entre los útiles escolares del menor. Tras dar aviso inmediato a las autoridades policiales, los peritos de la fuerza de seguridad confirmaron mediante reactivos químicos que la sustancia hallada era clorhidrato de cocaína. Este episodio derivó en una denuncia penal inmediata ante la comisaría de jurisdicción y la unificación de las actuaciones con la causa principal que tramita la justicia bahiense. Según indicaron fuentes judiciales abocadas al caso, el niño fue entregado a su madre bajo estrictas medidas de resguardo, mientras que el elemento secuestrado quedó a disposición de los peritos para determinar la pureza de la droga y posibles huellas dactilares que permitan identificar quién manipuló el objeto antes de que llegara a manos del menor.
La investigación principal, que ahora suma este nuevo y alarmante capítulo, se originó durante la madrugada del domingo último. En esa oportunidad, la hermana del niño, una adolescente de 12 años, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Bahía Blanca tras sufrir una descompensación severa y cuadros convulsivos en un departamento del centro de la ciudad. En el lugar del hecho se encontraban presentes cuatro adultos, entre ellos el padre de la víctima, y otras dos menores de 11 y 6 años. Los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial arrojaron resultados positivos para cocaína, marihuana y alcohol en el organismo de la adolescente. Un dato que llamó la atención de los investigadores de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) fue el hallazgo de dinero en efectivo oculto en la ropa interior de la menor al momento de su ingreso al hospital, un elemento que los pesquisas intentan vincular con la dinámica de lo ocurrido durante esa noche.
En el expediente intervienen actualmente dos fiscalías especializadas para abordar la complejidad del escenario. Por un lado, la doctora Agustina Olguín, titular de la UFIJ Nº3, lidera las pesquisas relacionadas con presunta violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Por otro lado, el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFI N°19, coordina las investigaciones vinculadas estrictamente a la infracción de la Ley 23.737 de estupefacientes. Durante una conferencia de prensa brindada este jueves, la fiscal Olguín precisó que, hasta el momento, la menor no ha manifestado haber sido víctima de abuso sexual ni a los profesionales médicos ni a sus familiares directos. Asimismo, los exámenes preliminares realizados por un médico de la Policía Científica no detectaron lesiones físicas compatibles con ataques de índole sexual, aunque la funcionaria aclaró que se aguarda la realización de una Cámara Gesell y pericias psicológicas exhaustivas para descartar cualquier tipo de vulneración de derechos.
Contexto
Para comprender la gravedad de la situación actual, es necesario analizar el entorno familiar y los antecedentes inmediatos de los involucrados. La adolescente intoxicada no reside de forma permanente en el departamento donde ocurrieron los hechos; dicho inmueble pertenece a un amigo de su padre. Según el testimonio de la madre de la víctima, los progenitores se encuentran separados y el pasado fin de semana correspondía al régimen de visitas del padre. Era, de acuerdo con las declaraciones recabadas, la primera vez que la niña asistía a ese domicilio particular. La reunión consistía en una cena compartida entre dos hombres y sus respectivas hijas. Un dato clave que ha surgido en las últimas horas y que el Ministerio Público Fiscal considera de alta relevancia es que el padre de la menor recuperó su libertad hace apenas una semana tras cumplir una condena en un establecimiento penitenciario. Las autoridades aguardan ahora el informe detallado de antecedentes penales para determinar la naturaleza de sus delitos previos y si existe una relación directa con el consumo o la distribución de sustancias prohibidas en el ámbito donde se encontraban los menores.
El historial de la familia bajo la lupa judicial revela una situación de extrema vulnerabilidad social y falta de controles preventivos. La intervención del Servicio Local de Promoción de Derechos del Niño se activó de manera automática tras el ingreso de la adolescente al hospital, pero el hallazgo de droga en la mochila del hermano menor en un ámbito escolar traslada el conflicto a una escala institucional diferente. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron que se están revisando los protocolos de actuación en la zona, dado que el hecho de que un niño de siete años porte elementos vinculados al consumo de estupefacientes en una escuela primaria marca un precedente crítico en la región. La justicia intenta determinar si el departamento céntrico funcionaba como un punto de consumo habitual o si la presencia de las sustancias fue un evento aislado vinculado exclusivamente a la reunión social del fin de semana, aunque el hallazgo en la mochila escolar sugiere una exposición prolongada y cotidiana de los niños al material estupefaciente.
Impacto
Este caso genera un impacto directo en la estructura de custodia de los menores involucrados y pone en tela de juicio la eficacia de los regímenes de visita en contextos de progenitores con antecedentes penales recientes. La madre de la adolescente ya ha solicitado formalmente ante la justicia una restricción de acercamiento para que el padre no pueda tener contacto con la niña, medida que podría hacerse extensiva al niño de siete años tras el hallazgo en la escuela. El impacto social en Bahía Blanca ha sido significativo, motivando una revisión de los procedimientos de detección temprana de consumo en menores por parte de las autoridades sanitarias locales. Desde el Hospital Municipal informaron que, si bien la adolescente evolucionó favorablemente y estaba en condiciones de recibir el alta médica este jueves, el seguimiento ambulatorio será estricto y multidisciplinario, involucrando a trabajadores sociales y psicólogos especializados en adicciones y traumas infantiles.
En el plano judicial, la unificación de las causas bajo la órbita de las fiscalías de estupefacientes y violencia de género implica que los adultos presentes en la cena del domingo podrían enfrentar cargos graves que van desde el suministro gratuito de estupefacientes hasta el abandono de persona y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La presencia de cocaína en una mochila escolar no solo agrava la situación procesal del padre, sino que también habilita a la justicia a investigar a todo el círculo íntimo que tuvo acceso al menor en las últimas 48 horas. Operadores judiciales señalaron que este tipo de hallazgos suelen ser la punta del iceberg de redes de microtráfico o de entornos de consumo problemático que ponen en riesgo inminente la vida de terceros, especialmente de menores de edad que no tienen capacidad de discernimiento sobre el peligro de las sustancias que manipulan.
El próximo paso procesal determinante será la declaración de la adolescente en Cámara Gesell, cuya fecha será fijada una vez que los peritos psicológicos aseguren que la menor se encuentra en condiciones emocionales de relatar lo sucedido sin ser revictimizada. Mientras tanto, el fiscal Del Cero continuará con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en el departamento para reconstruir las comunicaciones previas a la descompensación de la niña. La situación del padre permanece en una zona de alta tensión legal, supeditada a los resultados de las pericias químicas finales y a la evolución de los informes socioambientales que determinarán si el hogar materno es un lugar seguro para la permanencia de ambos niños o si se requiere la intervención de familias de acogida temporales.
