Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada el pasado miércoles en Junín, cursaba un embarazo de entre 22 y 24 semanas al momento del crimen, según confirmó el informe preliminar de la autopsia entregado a la fiscalía.
El estudio forense, fundamental para determinar la saña del ataque, detalló que la víctima recibió un total de 12 heridas cortopunzantes en diversas partes del cuerpo. Además de las lesiones producidas por un arma blanca, los peritos médicos detectaron un traumatismo craneal severo y múltiples fracturas óseas. Estos hallazgos permitieron a los investigadores descartar de forma definitiva las versiones iniciales que sugerían una muerte por herida de arma de fuego. Según indicaron fuentes judiciales de la UFI N°8, las lesiones óseas y el golpe en la cabeza son compatibles con el uso de un objeto contundente de gran peso, presumiblemente un hacha, que habría sido utilizada para asegurar el fallecimiento de la mujer antes de que el agresor emprendiera su huida.
El fiscal Martín Laius, quien trabaja en conjunto con la fiscal titular de la causa, Fernanda Sánchez, de la UFI N°1, explicó que la mecánica del hecho demuestra un nivel de violencia extrema. El principal sospechoso, Sebastián Bonafe, fue capturado en la localidad de Pergamino tras permanecer prófugo durante varias horas. Al momento de su detención, el hombre se encontraba en un sector de cañaverales y mantenía cautiva a la hija de la víctima, una niña de siete años. De acuerdo con el reporte de las fuerzas de seguridad bonaerenses, Bonafe utilizó a la menor como escudo humano, apoyándole un cuchillo en el cuello y amenazando con asesinarla si los efectivos no se retiraban del lugar. Tras una tensa negociación, el personal policial logró reducirlo y rescatar a la niña sin lesiones físicas.
La investigación sumó pruebas documentales determinantes tras el allanamiento de la vivienda del imputado. Los efectivos de la Policía Científica secuestraron cuatro cartas manuscritas dirigidas a la madre de Bonafe, en las cuales el acusado detallaba minuciosamente su plan criminal. En los textos, el detenido expresaba su intención de asesinar tanto a Errapán como a su actual pareja, un hombre identificado como Jona. “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, rezaba uno de los párrafos. Los escritos también revelaron que el agresor había postergado la fecha del ataque en reiteradas oportunidades y que tenía previsto un enfrentamiento final con la policía, manifestando que prefería ser abatido o matar a la menor antes que ser capturado por las autoridades locales.
Contexto
El crimen de Mercedes Errapán no se produjo de forma aislada, sino que estuvo precedido por una serie de alertas institucionales y denuncias previas que no lograron evitar el desenlace fatal. Semanas antes del femicidio, la víctima había radicado una denuncia formal contra Bonafe por un presunto episodio de abuso sexual contra su hija de siete años. Este antecedente motivó que, apenas cinco días antes del asesinato, la Policía Federal Argentina realizara un allanamiento en el domicilio del sospechoso en el marco de una causa por grooming. En sus cartas, Bonafe hizo referencia directa a estas acusaciones, negando haber filmado a la menor y alegando un trato respetuoso hacia ella, lo que para los investigadores confirma que el móvil del crimen estuvo vinculado a las acciones legales que Errapán había iniciado para proteger a su familia.
Asimismo, el historial de violencia de Sebastián Bonafe se extiende más allá de su relación con la víctima. Según registros oficiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el acusado acumulaba tres denuncias previas radicadas entre los años 2021 y 2024. Estas presentaciones judiciales incluían cargos por lesiones, amenazas y episodios de violencia de género y familiar, interpuestas por una ex compañera de trabajo y dos familiares directos. A pesar de este prontuario y de las intervenciones policiales recientes, el agresor logró ingresar a la vivienda de la calle Iberlucea el miércoles por la mañana, aprovechando el momento en que la pareja de la mujer se retiró hacia su lugar de trabajo para concretar el ataque que había planificado por escrito.
Impacto
El descubrimiento del embarazo de cinco meses y medio cambia drásticamente el panorama procesal para el detenido. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la fiscal Fernanda Sánchez analiza ampliar la imputación inicial de femicidio y sustracción de menores. La nueva calificación legal incluiría el agravante de ensañamiento, debido a la multiplicidad de heridas y el uso de diferentes armas, y el de aborto preterintencional o incluso homicidio agravado por el estado de gravidez, dependiendo de la interpretación técnica de la viabilidad fetal. Además, se le sumará el cargo de tentativa de homicidio en perjuicio de la niña de siete años por las amenazas de muerte proferidas durante el operativo de captura en Pergamino, sumado a la resistencia a la autoridad.
En el ámbito social y asistencial, el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Junín, poniendo nuevamente en el centro del debate la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia de género con denuncias previas. Actualmente, la hija de la víctima se encuentra bajo la tutela de equipos especializados de asistencia y contención psicológica de la provincia. Los especialistas advierten que el impacto traumático en la menor es severo, dado que no solo presenció el clima previo al ataque, sino que fue utilizada como rehén por el asesino de su madre durante su intento de fuga. El municipio ha dispuesto un seguimiento interdisciplinario para garantizar la seguridad y el bienestar de la niña mientras se resuelve su situación familiar definitiva.
El próximo paso procesal tendrá lugar este viernes, cuando Sebastián Bonafe sea trasladado desde su lugar de detención actual en Pergamino hacia la ciudad de Junín. Allí, bajo un estricto operativo de seguridad, deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal Sánchez. Se espera que la fiscalía presente formalmente todas las pruebas recolectadas, incluyendo los resultados finales de la autopsia y los manuscritos que prueban la premeditación del hecho. La justicia deberá determinar si el acusado es apto para enfrentar el proceso penal o si su defensa intentará alegar algún tipo de inimputabilidad, aunque la claridad y el detalle de sus planes escritos sugieren, según los peritos iniciales, una plena comprensión de la criminalidad de sus actos.
