Agentes del Departamento de Homicidios detuvieron este jueves en Quilmes a C. D. A., un ciudadano paraguayo de 40 años que contaba con una alerta roja de Interpol por un caso de sicariato cometido hace casi dos décadas.
El operativo, que culminó en una vivienda del Barrio La Paz, puso fin a una búsqueda que se había intensificado tras un violento episodio de violencia de género ocurrido el pasado 2 de enero de 2025. Según informaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación, el sospechoso se encontraba prófugo luego de atacar con un arma blanca a su ex pareja, N. E. (42), y a la actual pareja de esta, E. P. F. (33), en un complejo de viviendas ubicado en la calle Bacquer al 700, en la localidad de Bosques. Durante aquel incidente, el agresor también hirió a un vecino, identificado como J. A. Almada (38), quien intentó intervenir para detener la agresión. Las tres víctimas sufrieron cortes profundos en el rostro y el cuero cabelludo, mientras el atacante profería constantes amenazas de muerte antes de escapar del lugar.
La investigación, bajo la órbita de la UFIyJ 2 y el Juzgado de Garantías 6 de Quilmes, dio un giro significativo hace aproximadamente un mes. Al cruzar datos filiatorios con organismos internacionales, el Ministerio Público Fiscal recibió un reporte de la Oficina Central Nacional de Interpol en Paraguay. El informe revelaba que C. D. A. tenía una orden de captura vigente desde el 17 de enero de 2007 por el delito de homicidio doloso vinculado a la modalidad de sicariato. Ante este hallazgo, se dispuso un despliegue de inteligencia que incluyó vigilancias estáticas y dinámicas de forma encubierta. Los efectivos policiales lograron identificar el domicilio actual del imputado y esperaron el momento preciso en que este abandonaba la propiedad para proceder a su interceptación y detención inmediata, sin que pudiera ofrecer resistencia.
Contexto
El perfil criminal del detenido revela una trayectoria de elusión de la justicia que se extiende por más de 17 años. El pedido de captura original en Paraguay se remonta a una causa de homicidio por encargo, una de las figuras penales más graves en la legislación regional. A pesar de la antigüedad del crimen, la alerta roja de Interpol permanecía activa, lo que sugiere la relevancia del caso para las autoridades de Asunción. En Argentina, el hombre había logrado mantener un perfil bajo hasta que el ataque de enero de 2025 lo colocó nuevamente en el radar de las fuerzas de seguridad locales. La causa en territorio bonaerense fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa, en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas.
Este arresto se produce en un marco de endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad en Argentina. De acuerdo con datos oficiales suministrados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante los últimos meses se ha registrado una cifra récord en la detección de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales o situaciones irregulares. Las estadísticas del área indican que casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos o extraditados en el último período. Específicamente, el mes de diciembre cerró con 2.400 personas que debieron abandonar el país por orden judicial o administrativa, mientras que en enero de 2025 se sumaron otros 2.300 casos, lo que refleja una coordinación más estrecha entre Migraciones y las fuerzas federales.
Impacto
La captura de C. D. A. tiene una doble implicancia para la seguridad pública y el sistema judicial. Por un lado, garantiza el avance del proceso penal por violencia de género en la provincia de Buenos Aires, brindando protección directa a las víctimas del ataque en Bosques. Por otro lado, resuelve un pedido de captura internacional de larga data, reforzando la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado y el sicariato. Fuentes del Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, destacaron que este tipo de detenciones son el resultado de los refuerzos implementados en los operativos de vigilancia y el uso de bases de datos compartidas con Interpol, lo que permite identificar a sujetos peligrosos que intentan mimetizarse en los centros urbanos.
Para la comunidad de Quilmes y Florencio Varela, la remoción de un individuo con antecedentes de sicariato y violencia extrema reduce el riesgo de nuevos incidentes violentos en la zona. El caso también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los controles fronterizos en años anteriores, permitiendo que personas con pedidos de captura por delitos graves residan en el país durante décadas. La resolución de este caso es vista por los investigadores como un mensaje de que los delitos de sangre, independientemente del tiempo transcurrido o de la frontera cruzada, mantienen su vigencia procesal y operativa para las brigadas especializadas en homicidios.
Actualmente, el detenido permanece bajo custodia en una dependencia de la Policía Federal Argentina a disposición de la justicia local. Se espera que en los próximos días se inicien los trámites formales de extradición solicitados por Paraguay, aunque el proceso podría demorarse debido a que el acusado debe responder primero por los delitos cometidos en jurisdicción argentina. La fiscalía interviniente ya comenzó la etapa de recolección de testimonios finales para elevar la causa de tentativa de femicidio a juicio, mientras se coordina con la embajada paraguaya el intercambio de pruebas sobre el crimen de 2007.
