El Tribunal en lo Penal Económico N°1 condenó a Claudia K. y su hija Stefani por intentar contrabandear un kilo y medio de oro hacia Dubai desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ser interceptadas antes de abordar un vuelo.
El fallo judicial, dictado por el juez Fernando Machado Pelloni, ratificó la responsabilidad de las mujeres en el delito de tentativa de contrabando, imponiendo un embargo de $680 millones. La maniobra fue detectada el 23 de abril de 2025, cuando ambas pretendían subir al vuelo 507 de Ethiopian Airlines con destino a los Emiratos Árabes Unidos, previa escala en Adis Abeba. El método utilizado para evadir los controles aduaneros consistió en el uso de piezas de joyería de gran porte —una cadena de más de medio kilo y una pulsera— que habían sido recubiertas con pintura plateada para simular ser bisutería sin valor comercial. Sin embargo, el raspado de las piezas realizado por los agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reveló que debajo de la capa superficial se encontraba oro sólido de alta pureza.
La investigación judicial permitió desentrañar un esquema de tráfico que no solo involucra a pasajeros individuales, sino a estructuras organizadas con mayor capacidad logística. En este sentido, el Juzgado en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, mantiene bajo prisión preventiva a Alberto Julián C., un empresario y financista porteño de 57 años, señalado como el presunto jefe de una asociación ilícita. Según fuentes judiciales, esta organización habría concretado al menos 15 hechos de contrabando de exportación de metales preciosos e importación ilegal de divisas. A diferencia de las mujeres condenadas, la banda liderada por el financista utilizaba rutas terrestres a través de la Triple Frontera, trasladando lingotes hacia Paraguay para luego enviarlos a Dubai vía Panamá o Turquía. En abril de 2024, una operadora vinculada a este grupo fue detenida en el cruce Posadas-Encarnación con 10,5 kilos de oro ocultos en un micro de larga distancia.
Contexto
El fenómeno del contrabando de oro en Argentina responde a una lógica de arbitraje financiero y resguardo de valor que se ha intensificado en los últimos años debido a las restricciones cambiarias. Históricamente, el metal ha servido como un vehículo para fugar capitales de manera física, permitiendo concentrar grandes sumas de dinero en un volumen reducido. Mientras que un millón de dólares en billetes de baja denominación puede pesar más de 10 kilogramos y ocupar un espacio considerable, el equivalente en oro es significativamente más transportable. No obstante, el caso actual revela un giro hacia el negocio joyero directo en Dubai, donde la demanda de oro es virtualmente ilimitada y los controles sobre el origen lícito de la mercadería suelen ser más laxos que en las terminales europeas o estadounidenses.
Antecedentes directos muestran que esta ruta no es nueva. En agosto de 2025, una azafata de Aerolíneas Argentinas de 64 años fue detenida con un cargamento de oro valuado en 50 mil dólares cuando intentaba viajar a Miami. Asimismo, el empresario Alberto Julián C. ya contaba con un historial de irregularidades: en julio de 2022, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una circular prohibiéndole operar en el mercado de cambios, y en 2020 había sido demorado en Ezeiza con 38 mil dólares y 20 mil dólares canadienses sin declarar. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de una estructura profesionalizada que opera de manera marginal desde hace al menos un lustro, aprovechando las brechas en la fiscalización fronteriza y la porosidad de los límites terrestres con países limítrofes.
Impacto
El impacto de estas maniobras trasciende lo policial y afecta directamente las reservas y la transparencia del mercado financiero argentino. Según operadores del mercado de metales, el contrabando de oro genera un circuito de retroalimentación ilegal: el metal sale del país sin pagar derechos de exportación ni liquidar divisas, y el dinero obtenido en el exterior reingresa por canales informales (cuevas) para alimentar el mercado del dólar blue o el MEP marginal. En la causa contra el financista porteño, se detectó que en noviembre de 2023 dos integrantes de la banda ingresaron 280 mil dólares en efectivo ocultos en sus pertenencias, dinero que presuntamente provenía de la venta de oro en los Emiratos Árabes simulada mediante formularios de exportación apócrifos.
Para el Estado nacional, la pérdida no es solo impositiva. La utilización de documentación de firmas radicadas en el DMCC Business Centre de Dubai para justificar compras de oro por montos superiores a los 190 mil euros demuestra una sofisticación que desafía los tratados internacionales de lucha contra el lavado de activos. La negativa de la Aduana a aceptar acuerdos de reparación económica menores, como el propuesto por la defensa de Claudia K. —quien ofreció ocho mil dólares y trabajo comunitario—, marca una postura más rígida frente a delitos que afectan el orden económico. La fiscalía, aunque aceptó el acuerdo en ese caso particular, mantiene la presión sobre la estructura jerárquica de la organización para evitar que el flujo de metales siga drenando recursos del sistema formal.
El proceso judicial contra Alberto Julián C. y los otros 17 imputados entrará en su etapa de juicio oral en los próximos meses, donde se espera que las pruebas recolectadas por el juzgado de Yadarola confirmen la magnitud de las operaciones. La defensa del empresario insiste en su inocencia, alegando que las detenciones son arbitrarias, pero el rechazo sistemático a sus pedidos de excarcelación sugiere que la Justicia cuenta con evidencia sólida sobre la habitualidad de las maniobras. El próximo paso clave será determinar si existen conexiones entre los distintos grupos de “paseros” detectados en Ezeiza y la estructura mayorista que opera por la frontera litoraleña, lo que podría derivar en una megacausa por delitos económicos de escala transnacional.
