Un hombre de 27 años fue denunciado ante la Justicia porteña por maltratar y asesinar a al menos 16 gatos en el barrio de Retiro, tras presentarse falsamente como un adoptante responsable ante diversas organizaciones protectoras de animales.
El acusado, identificado como Adriel Santiago Caminos Ortega, enfrenta cargos por infracciones a la Ley 14.346 de protección animal, en una causa que tramita bajo el legajo MPF 1312680 en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema). Según la presentación judicial liderada por el abogado Alexis Pablo Marrocco, el imputado utilizaba un perfil de “amante de los animales” para contactar a ONGs y grupos de rescatistas, solicitando específicamente cachorros recién nacidos, gatas preñadas o animales en período de lactancia. Una vez que lograba que le entregaran los ejemplares en su domicilio de la calle Maipú al 800, los animales morían en cuestión de horas bajo circunstancias violentas que el denunciado intentaba encubrir con testimonios contradictorios y excusas inverosímiles ante los voluntarios.
La investigación sumó un componente de extrema gravedad al incluir un informe psicológico pericial que describe a Caminos Ortega como un individuo con rasgos de maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo. La profesional a cargo del análisis técnico advirtió sobre la “alta peligrosidad” del sujeto, basándose en el patrón repetitivo de sus conductas y en la evidencia digital recolectada de sus comunicaciones con las víctimas indirectas. El informe subraya que existe una probabilidad elevada de que el nivel de agresión del imputado escale hacia otros seres vivos, recomendando medidas de protección urgentes para personas vulnerables en su entorno cercano. Fuentes judiciales confirmaron que la causa recayó en la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, bajo la subrogancia del doctor Vidal, quien analiza los pasos a seguir tras la acumulación de pruebas testimoniales y necropsias.
Entre los hechos más crudos detallados en el expediente se destaca lo ocurrido el 16 de enero en un departamento de la avenida Corrientes al 1200. En esa ocasión, Caminos Ortega se encontraba al cuidado de un niño de diez años y de un gato familiar llamado Charly. Según la denuncia, el hombre sometió al animal a sesiones de tortura que incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas y el aplastamiento sistemático con una puerta de balcón. El felino falleció poco después por una hipoxia grave compatible con asfixia mecánica. El agravante de este episodio radica en que el menor de edad intentó intervenir para salvar a su mascota y resultó agredido físicamente por el imputado, quien además lo amenazó para garantizar su silencio. Este evento marcó el inicio de una serie de adopciones fallidas que terminaron en muertes masivas durante los meses de enero y febrero de este año.
Contexto
El accionar del denunciado se extendió durante varias semanas, registrando picos de violencia inusitados. El 24 de enero, Ortega adoptó a un cachorro llamado Rubio, que apareció muerto a la mañana siguiente; aunque el hombre alegó haberlo llevado a una veterinaria de guardia, los investigadores confirmaron con el centro médico que tal atención nunca existió. El 15 de febrero, recibió a una gata blanca preñada que perdió a sus cuatro crías tras presuntos maltratos físicos, y ocho días después desaparecieron otros dos ejemplares bajo su cuidado. El punto de mayor tensión ocurrió el 25 de febrero, cuando en un solo día se registraron múltiples decesos: por la tarde murió un gato llamado Betún y, hacia las 22 horas, fallecieron una gata adulta y uno de sus cinco cachorros lactantes apenas una hora después de haber sido entregados. Los cuatro gatitos restantes murieron días después al quedar desprotegidos y sin posibilidad de alimentarse.
Históricamente, la Ley 14.346, sancionada en 1954, ha sido la herramienta principal en Argentina para combatir el maltrato animal, estableciendo penas de prisión de quince días a un año para quien cometa actos de crueldad. Sin embargo, especialistas en derecho animal y fuentes del Ministerio Público Fiscal señalan que la reiteración de los hechos y la saña descrita en este caso particular podrían sentar un precedente sobre la necesidad de actualizar las escalas penales. La modalidad delictiva de Caminos Ortega, que incluía la captación de animales a través de vínculos de confianza en instituciones religiosas y redes sociales, revela una planificación premeditada que excede los casos aislados de negligencia doméstica que suelen ingresar a las fiscalías ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Impacto
Este caso genera una profunda preocupación en la comunidad de rescatistas y organizaciones de la sociedad civil, ya que pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de adopción frente a perfiles psicopáticos. El impacto directo se traduce en un endurecimiento de los protocolos de entrega de animales por parte de las ONGs, que ahora exigen mayores garantías y verificaciones domiciliarias antes de concretar una adopción. Desde el punto de vista criminológico, la advertencia de la perito psicóloga sobre la peligrosidad del sujeto hacia humanos —específicamente tras la agresión al menor de edad— ha encendido las alarmas en el ámbito de la seguridad ciudadana, sugiriendo que el maltrato animal suele ser un predictor de violencia interpersonal más grave si no se interviene judicialmente de manera oportuna.
A nivel institucional, la intervención de la UFEMA busca no solo la condena del responsable, sino también la visibilización de los canales de denuncia para los vecinos. Las autoridades recordaron que ante situaciones de sufrimiento o muerte animal, se debe recopilar evidencia fotográfica o fílmica y comunicarse al 0800-333-47225. La causa contra Caminos Ortega se encuentra actualmente en etapa de recolección de pruebas adicionales, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos para determinar si existen más víctimas no contabilizadas. El próximo paso procesal será el llamado a indagatoria del imputado, mientras las organizaciones querellantes solicitan medidas cautelares para impedir que el hombre pueda tener acceso a cualquier otro animal doméstico durante el transcurso del proceso judicial.
