La Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba puso en marcha un programa piloto de capacitación e inserción laboral para cuidacoches y limpiavidrios, en respuesta al endurecimiento de las sanciones del Código de Convivencia provincial.
La iniciativa, que surge de un acuerdo estratégico entre la UTN, la Municipalidad de Córdoba, la fundación FUO Formación en Oficios y la empresa Kazaró Soluciones Integrales de Limpieza, busca transformar la realidad de los trabajadores informales conocidos popularmente como “naranjitas”. El proyecto no se limita a la formación técnica, sino que establece un puente directo con el mercado laboral registrado a través de prácticas en entornos reales de trabajo. Según indicaron fuentes académicas de la UTN, el programa comenzó con un grupo seleccionado de limpiavidrios, pero el diseño pedagógico permite que sea escalable a otros sectores de la economía popular que hoy operan en los márgenes de la legalidad urbana. El decano de la UTN Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros, sostuvo que la universidad pública debe involucrarse activamente en la resolución de conflictos sociales y aportar soluciones técnicas que generen oportunidades concretas para quienes necesitan reconstruir un proyecto de vida fuera de la precariedad extrema.
El esquema de formación integral contempla el aprendizaje de oficios específicos, como el mantenimiento de espacios verdes y la jardinería profesional, pero pone un énfasis central en la recuperación de los denominados “hábitos de empleabilidad”. Esto incluye módulos sobre puntualidad, trabajo en equipo, comunicación asertiva, presentación personal y normas de seguridad laboral, elementos que suelen deteriorarse tras años de exclusión del sistema formal. De acuerdo con operadores del mercado laboral cordobés, la participación de la empresa Kazaró es fundamental en este proceso, ya que la firma asumió el compromiso de incorporar de manera efectiva a los egresados del programa en su plantilla de personal registrado. Este modelo de articulación público-privada intenta dar una respuesta técnica a un conflicto que, hasta el momento, se dirimía principalmente en el ámbito de la seguridad y el control contravencional en las calles de la capital provincial.
Contexto
La problemática de los cuidacoches en Córdoba alcanzó un punto de inflexión a comienzos de abril con la aprobación de la ley 11.117 en la Legislatura unicameral. Esta normativa modificó el Código de Convivencia Ciudadana, endureciendo sustancialmente las penas por el cobro ilegal de estacionamiento y la limpieza de vidrios en la vía pública. La nueva ley establece multas económicas, horas de trabajo comunitario y hasta días de arresto para quienes exijan pagos sin autorización estatal. Además, la norma incorpora agravantes específicos para conductas realizadas en grupo, durante eventos masivos o en las inmediaciones de instituciones sensibles como hospitales y escuelas. Este marco legal se complementó con una nueva ordenanza del Concejo Deliberante de Córdoba que busca reorganizar el sistema de estacionamiento medido, transformando a los cuidacoches en “constatadores” integrados a cooperativas habilitadas, con uniformes, identificación y sistemas de cobro mediante códigos QR.
Históricamente, la figura del naranjita ha sido objeto de intensos debates en ciudades como Rosario, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se han ensayado desde prohibiciones totales hasta registros oficiales. En Córdoba, la tensión escaló debido a denuncias recurrentes por cobros compulsivos y situaciones de violencia en la vía pública. Sin embargo, la respuesta institucional no ha sido unánime. El Arzobispado de Córdoba, encabezado por el cardenal Ángel Rossi, manifestó su preocupación por lo que denominó la “criminalización de la pobreza”. Durante un encuentro reciente con trabajadores informales en la Catedral, Rossi advirtió que si la economía popular retrocede sin alternativas, el espacio es ocupado por la economía criminal. En este escenario de polarización entre el control punitivo y la asistencia social, la propuesta de la UTN surge como una alternativa técnica que busca la reconversión productiva del sector.
Impacto
El impacto inmediato de este programa radica en la creación de un estándar de certificación universitaria para trabajadores que carecían de antecedentes laborales formales. Al otorgar una validación académica a los conocimientos adquiridos, la UTN reduce la barrera de entrada al empleo privado para un sector altamente estigmatizado. Para el municipio, el éxito de esta prueba piloto representaría una vía de salida para el conflicto social que genera la aplicación de la ley 11.117, permitiendo que la transición hacia el nuevo sistema de estacionamiento digital no derive en un aumento de la desocupación o la conflictividad callejera. Según fuentes del Ministerio de Economía provincial, la integración de estos trabajadores al sistema formal también supone un alivio para los esquemas de asistencia social directa, transformando subsidios en salarios productivos dentro de empresas de servicios.
Por otro lado, la implementación de la figura del “constatador” y el uso de tecnología QR para el pago del estacionamiento modifica radicalmente la interacción entre el ciudadano y el trabajador de calle. La formalización exige que los trabajadores no posean antecedentes penales y acrediten domicilio en la ciudad, lo que funciona como un filtro de seguridad que el Ejecutivo municipal, liderado por Daniel Passerini, considera esencial para recuperar el orden urbano. No obstante, desde bloques opositores como el que integra la concejala Graciela Villata, se advierte que la efectividad de estas medidas dependerá exclusivamente de la capacidad de control del Estado para evitar que sigan operando cuidacoches no registrados fuera del sistema de cooperativas. La reconversión laboral impulsada por la UTN actúa, en este sentido, como la pata de inclusión necesaria para que el endurecimiento normativo sea socialmente sostenible.
El programa de la UTN Córdoba se posiciona como un modelo de referencia que podría ser replicado en otras jurisdicciones del país que enfrentan desafíos similares con la economía informal. La clave del éxito dependerá de la capacidad de escala que demuestre el proyecto en los próximos meses y de la voluntad del sector empresarial para absorber una mano de obra que requiere un acompañamiento inicial intensivo. Mientras las sanciones del Código de Convivencia comienzan a aplicarse con mayor rigor en las calles cordobesas, la evolución de esta primera cohorte de trabajadores capacitados determinará si la educación técnica puede efectivamente desactivar un conflicto social crónico a través de la profesionalización del oficio.
