El oficial Alan Fabián Molina, de 26 años, fue asesinado a tiros el pasado sábado 18 de julio durante un operativo de seguridad en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, mientras prestaba servicio para la Fuerza Barrial de Aproximación.
El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando Molina integraba una comitiva policial caminante en las inmediaciones de la Avenida Militar 2949, específicamente en el sector denominado Nudo 01. Según informaron fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el episodio se desencadenó cuando dos sospechosos emprendieron la huida tras un pedido de identificación de rutina. En el intento por interceptarlos, el agente se adelantó aproximadamente 30 metros respecto a sus compañeros de patrulla e ingresó a una zona de pasillos donde los atacantes se habían ocultado. Desde ese punto, los agresores abrieron fuego contra el efectivo, impactándolo en dos oportunidades. Uno de los proyectiles ingresó por la axila derecha y el otro por la cintura del lado izquierdo, ambas zonas que no se encuentran protegidas por el chaleco antibalas reglamentario. Molina fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó en estado de inconsciencia y falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas internas provocadas por las balas que quedaron alojadas en su cuerpo.
La investigación judicial, que inicialmente se encontraba bajo la órbita de la justicia ordinaria, dio un giro significativo en las últimas horas tras la identificación del principal sospechoso. De acuerdo con fuentes judiciales del Departamento Judicial de San Martín, el presunto autor de los disparos sería un adolescente, lo que motivó el traspaso del expediente a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo del fiscal Raúl Mateo Guidoni. Actualmente, la División Investigaciones (DDI) de San Martín, en colaboración con diversas dependencias de la fuerza bonaerense, mantiene un despliegue operativo en la zona oeste del conurbano para localizar al menor implicado. Los peritos trabajaron en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de recolectar testimonios de vecinos que presenciaron la secuencia del ataque en el Barrio Ejército de los Andes, un territorio de alta complejidad operativa para las fuerzas de seguridad provinciales.
En el ámbito personal, la familia del oficial manifestó su dolor a través de mensajes públicos que reflejan la conmoción por la pérdida de un joven que recién iniciaba su carrera profesional. Stephanie, pareja de Molina y madre de su hijo de apenas dos meses, expresó su angustia mediante un texto donde cuestionó la violencia del ataque y recordó el compromiso del agente con su familia. Molina era oriundo de la ciudad de Tres Arroyos y se destacaba como cinturón negro de karate, una disciplina que, según sus allegados, planeaba transmitirle a su hijo. El joven policía había egresado del Instituto Juan Vucetich en marzo de 2026, apenas cuatro meses antes del crimen, y desde su nombramiento cumplía funciones en el conurbano bonaerense, realizando viajes diarios desde su lugar de residencia para cubrir sus turnos en una de las zonas más conflictivas del partido de Tres de Febrero.
Contexto
El asesinato de Alan Molina se produce en un escenario de creciente tensión en los barrios periféricos del Gran Buenos Aires, donde la presencia de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) busca contener los índices de criminalidad mediante patrullajes a pie. Molina formaba parte de una nueva camada de efectivos formados bajo programas de intensificación de seguridad ciudadana, habiendo completado su formación académica en marzo de este año. El barrio conocido como Fuerte Apache ha sido históricamente un punto crítico para la operatividad policial debido a su diseño arquitectónico de nudos y pasillos, que facilita las emboscadas y dificulta la cobertura visual de los agentes durante las persecuciones. Antecedentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indican que los ataques a efectivos en cumplimiento del deber han mostrado una tendencia a involucrar a menores de edad vinculados a bandas locales, lo que reabre el debate sobre la imputabilidad y el tratamiento de delitos graves en el fuero juvenil.
La formación de Molina en el Instituto Juan Vucetich y su posterior destino en Tres de Febrero son representativos de la política de despliegue de nuevos agentes en los denominados “puntos calientes” del mapa del delito. El hecho de que los disparos hayan impactado en zonas no cubiertas por el blindaje del chaleco reglamentario puso nuevamente en el centro de la discusión técnica la efectividad del equipamiento provisto a las unidades caminantes, que a menudo se enfrentan a situaciones de corta distancia y ángulos de tiro desfavorables. La víctima, a pesar de su corta trayectoria de cuatro meses en la fuerza, ya había sido asignada a tareas de alta exposición en el Nudo 01, un sector donde la vigilancia se realiza de manera pedestre para intentar penetrar en áreas donde los patrulleros no pueden circular con agilidad.
Impacto
El impacto de este crimen trasciende la pérdida humana y afecta directamente la moral de las fuerzas de seguridad que operan en el conurbano. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que este tipo de hechos suele derivar en una revisión de los protocolos de persecución en zonas de alta densidad poblacional, especialmente en lo que respecta a la distancia de seguridad que los agentes deben mantener entre sí durante un procedimiento. La muerte de un oficial con tan solo cuatro meses de servicio subraya la vulnerabilidad de los efectivos recién egresados frente a delincuentes que conocen el territorio de manera exhaustiva. Asimismo, el traspaso de la causa al fuero de Responsabilidad Penal Juvenil genera una presión adicional sobre el sistema judicial para garantizar que la autoría del hecho sea probada fehacientemente, dado que las penas y los regímenes de detención difieren sustancialmente de los aplicados a adultos.
Para la comunidad de Tres Arroyos, de donde era originario Molina, el suceso generó un fuerte reclamo de justicia y seguridad para los efectivos que son trasladados a prestar servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La situación de los policías que deben viajar largas distancias y enfrentarse a entornos hostiles con escasa experiencia previa es una problemática que los sindicatos policiales y asociaciones de familiares vienen denunciando. El caso de Molina, con un hijo recién nacido y una carrera trunca, se convierte en un símbolo de la precariedad que rodea la labor de los agentes de calle en los sectores más vulnerables de la provincia, donde la identificación de sospechosos puede escalar a un enfrentamiento armado en cuestión de segundos.
La causa permanece caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de miembro de una fuerza de seguridad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos en el partido de Tres de Febrero y zonas linderas para dar con el paradero del adolescente sospechoso. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 aguarda los resultados finales de la autopsia realizada en la morgue judicial y el informe de balística para determinar el calibre del arma utilizada. Mientras tanto, la cúpula de la Policía Bonaerense dispuso un refuerzo de seguridad en el Barrio Ejército de los Andes para prevenir posibles represalias o nuevos incidentes tras el sepelio del oficial Molina.
