La Justicia Federal avanza en una investigación que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la filtración de una serie de mensajes de texto que involucran directamente a la cúpula dirigencial en maniobras de presunta corrupción. Según informó el diario Clarín, el tesorero de la entidad y mano derecha de Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa judicial luego de que se detectaran comunicaciones donde ordenaba el envío de sobres con dinero en efectivo a Federico Beligoy, actual Director Nacional de Arbitraje. Los intercambios, que datan de un período de alta conflictividad gremial, fueron hallados en el teléfono celular de Juan Pablo Beacon, quien fuera asesor letrado de la AFA y una figura de extrema confianza para Toviggino. La causa, que tramita en los tribunales de Comodoro Py, busca determinar si estos pagos tenían como objetivo influir en las designaciones arbitrales o consolidar el poder político del oficialismo dentro de la estructura del fútbol profesional y el ascenso.
Para el lector y el hincha promedio, esta noticia representa la confirmación de las sospechas que sobrevuelan el arbitraje argentino desde hace años, afectando la credibilidad de los resultados deportivos en todas las categorías. La relevancia de este hallazgo reside en que, por primera vez, existen pruebas materiales —registros de chats y menciones específicas a montos y destinatarios— que vinculan la administración financiera de la AFA con el manejo discrecional de fondos hacia el área que controla a los jueces de los partidos. No se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de una posible red de coimas y arreglos que explicaría el ascenso meteórico de ciertos clubes y el estancamiento de otros, bajo un sistema de premios y castigos que Toviggino habría gestionado mediante el uso de recursos no declarados. La transparencia del deporte más popular del país queda, una vez más, en una situación de extrema vulnerabilidad institucional.
El contenido de los mensajes analizados por los peritos judiciales revela una operatoria sistemática y despojada de cualquier protocolo contable. En uno de los diálogos más comprometedores, de acuerdo con la información publicada por Clarín, Toviggino le indica a Beacon que debe entregarle «dos sobres» a Beligoy, especificando que el dinero ya estaba disponible para ser retirado. Estas maniobras habrían ocurrido en un contexto de guerra abierta entre la AFA y el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), liderado por Guillermo Marconi. En aquel entonces, la conducción de la calle Viamonte buscaba asfixiar al SADRA para fortalecer a la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), el gremio que conduce el propio Beligoy. Los investigadores sospechan que el dinero enviado en sobres servía para financiar la lealtad de los árbitros alineados con la gestión de Tapia y para garantizar que las decisiones en el campo de juego no contradijeran los intereses políticos de la tesorería.
Además de los pagos destinados al arbitraje, la investigación judicial detectó menciones a un supuesto pago efectuado a un periodista deportivo cuya identidad se mantiene bajo reserva en el expediente, pero que formaría parte de la misma red de influencias. Según los chats de Beacon, la estrategia de Toviggino no se limitaba al control de los silbatos, sino que se extendía al blindaje mediático de la gestión. El esquema descrito en las comunicaciones sugiere que el tesorero utilizaba fondos de origen incierto para silenciar críticas o promover narrativas favorables en los medios de comunicación, construyendo un cerco de impunidad alrededor de las decisiones más polémicas de la AFA. La presencia de estos mensajes en el dispositivo de un abogado que cumplía funciones operativas para el Consejo Federal refuerza la hipótesis de que existía una estructura paralela de poder encargada de ejecutar las órdenes más sensibles del dirigente santiagueño.
El trasfondo de la interna arbitral y el rol de Beacon
Para comprender la magnitud de este escándalo, es necesario retroceder al momento en que la AFA decidió centralizar el control del arbitraje bajo la figura de Federico Beligoy, quien ostenta el cargo de Director Nacional de Arbitraje y, simultáneamente, es el secretario general del gremio AAA. Esta dualidad de funciones fue cuestionada repetidamente por Guillermo Marconi, titular del SADRA, quien denunció una persecución sistemática contra sus afiliados. Los chats de Juan Pablo Beacon confirman que la estrategia de la AFA para desmantelar al SADRA incluyó incentivos económicos directos. Beacon, quien fue presidente de la Federación Patagónica y representante de la AFA ante el Consejo Federal, actuaba como el nexo ejecutor entre las órdenes de Toviggino y los destinatarios finales del dinero, operando fuera de los balances oficiales de la asociación.
La figura de Juan Pablo Beacon es clave en este entramado porque su distanciamiento de Toviggino fue lo que permitió que esta información saliera a la luz. Tras años de ser el ejecutor de las políticas del tesorero en el interior del país, la relación se rompió, dejando expuesta la arquitectura de poder que permitió a la actual conducción de la AFA perpetuarse y controlar los ascensos en las categorías del Federal A y la Primera Nacional. Según los registros que obran en la causa, el manejo de sobres con efectivo era una práctica habitual para resolver conflictos o asegurar voluntades antes de asambleas decisivas o partidos de alta tensión. La Justicia ahora intenta rastrear el origen de esos fondos, ya que no figuran en las partidas presupuestarias destinadas al Colegio de Árbitros ni a la Dirección Nacional de Arbitraje.
Qué cambia
Este escenario modifica drásticamente la posición de Pablo Toviggino frente a la Inspección General de Justicia (IGJ) y los organismos de control del Estado, que ya venían observando con desconfianza la falta de transparencia en los balances de la AFA. La aparición de pruebas que sugieren el pago de sobornos a la máxima autoridad arbitral y a miembros de la prensa deportiva debilita el argumento de la «autonomía del fútbol» que suele esgrimir la conducción de la calle Viamonte para evitar intervenciones externas. Políticamente, el escándalo fractura la relación con los clubes que se sienten perjudicados por el sistema de designaciones, y económicamente, pone en riesgo los contratos de patrocinio internacional que exigen estándares de cumplimiento ético que la AFA, bajo estas evidencias, no estaría cumpliendo.
El próximo paso en la causa judicial será el llamado a declaración indagatoria de los involucrados, una vez que se complete el peritaje integral sobre el resto de los dispositivos electrónicos secuestrados. La defensa de Toviggino intentará impugnar la validez de los chats como prueba, argumentando una violación a la privacidad, pero la jurisprudencia reciente en casos de corrupción pública y privada sugiere que, si el contenido afecta el interés general, la prueba será admitida. Mientras tanto, la presión sobre Federico Beligoy para que dé un paso al costado en la Dirección Nacional de Arbitraje crece minuto a minuto, ya que su permanencia en el cargo resulta insostenible ante la sospecha de haber recibido sobres con dinero para direccionar el destino de los partidos. El fútbol argentino se asoma a un proceso de revisión que podría terminar con una renovación forzada de su cúpula dirigencial.
Fuente: Clarín
