El intendente de Castelli, Francisco Echarren, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para sancionar la primera Carta Orgánica Municipal del distrito, con el objetivo de obtener autonomía plena frente a la administración de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, ingresada formalmente el pasado 8 de julio, propone que el municipio de Castelli, un distrito de aproximadamente 12.000 habitantes, dicte sus propias normas en materia sanitaria, tributaria, de seguridad y, fundamentalmente, electoral. El texto del proyecto de Echarren, referente del espacio Fuerza Patria y aliado del gobernador Axel Kicillof, plantea la necesidad de romper con la dependencia de una estructura provincial que califica como hiperburocrática. Según el articulado propuesto, se busca convocar a una elección de convencionales constituyentes durante este mismo año, posiblemente en noviembre, para redactar el texto normativo local. Esta convención estaría integrada por 20 miembros: los diez concejales actuales del distrito —donde el oficialismo cuenta con ocho bancas y la oposición con dos— y otros diez representantes elegidos directamente por el voto popular. El plazo estipulado para la sanción de la carta orgánica sería de tres meses, con una prórroga posible de otros noventa días.
El punto de mayor fricción política reside en el artículo 16, inciso B, que establece que la nueva normativa deberá contemplar un régimen electoral directo para el intendente y los concejales. Operadores de la oposición y legisladores provinciales advirtieron que esta facultad podría utilizarse para sortear la ley provincial que prohíbe las reelecciones indefinidas en territorio bonaerense. Echarren, quien transita su cuarto mandato consecutivo desde 2011, aseguró ante consultas de fuentes institucionales que su intención no es perpetuarse en el cargo, sino que cada municipio tenga la potestad de fijar sus propios límites. Sin embargo, desde el bloque de Pro en la Legislatura bonaerense, el diputado Alejandro Rabinovich calificó la movida como un experimento para reactivar las reelecciones indefinidas en bastiones peronistas. Rabinovich señaló que el uso de Castelli como punta de lanza no es casual, dado que el intendente ha mantenido el control del distrito por más de 14 años, incluso delegando el mando interinamente en su hermano durante periodos de licencia.
Contexto
La discusión sobre la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires tiene un sustento jurídico de larga data que se remonta a la reforma de la Constitución Nacional de 1994. El artículo 123 de la Carta Magna nacional establece que cada provincia debe asegurar la autonomía municipal, reglando su alcance en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. No obstante, la Constitución de la provincia de Buenos Aires nunca fue adaptada para reconocer plenamente este precepto, manteniendo a los 135 municipios bajo un régimen de dependencia administrativa y financiera respecto de La Plata. Echarren ya había intentado judicializar esta situación en 2019, cuando presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la inconstitucionalidad de la normativa provincial. En aquel momento, el máximo tribunal del país determinó que el reclamo debía tramitarse inicialmente ante la justicia ordinaria bonaerense, lo que frenó el avance de la pretensión autonómica por la vía judicial.
El historial político de Echarren añade una capa de complejidad al escenario actual. El jefe comunal ha demostrado una notable plasticidad política: fue subsecretario de Tierras, Vivienda y Hábitat durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2017, y posteriormente ocupó el cargo de director de Obras en el Ministerio de Transporte de la Nación bajo la presidencia de Alberto Fernández entre 2021 y 2022. Actualmente, el intendente se encuentra en uso de licencia de sus funciones locales, mientras el debate por la autonomía se inserta en la interna del peronismo bonaerense. La oposición local, representada por la concejala radical Malena Massara, reconoce que la autonomía es un derecho constitucional pendiente, pero cuestiona que el proyecto de Echarren busque imponer una mayoría absoluta de 11 votos para la aprobación de la constituyente, una cifra que el oficialismo alcanzaría con facilidad dada su actual composición en el recinto.
Impacto
De prosperar la iniciativa, Castelli se convertiría en el primer municipio bonaerense en contar con una constitución propia, lo que generaría un precedente legal de consecuencias imprevisibles para la estructura de poder de la provincia. El impacto inmediato sería la transferencia de facultades críticas desde el gobierno provincial hacia la intendencia. Echarren argumentó que la gestión local se ve obstaculizada por demoras administrativas externas, citando como ejemplo una espera de cuatro años para obtener la habilitación de un hogar de ancianos por parte del Ministerio de Salud provincial. Con la autonomía, el municipio podría gestionar sus propios recursos tributarios y definir políticas de seguridad y salud de manera directa, lo que agilizaría la toma de decisiones pero también obligaría a una reconfiguración del presupuesto municipal para sostener estas nuevas responsabilidades.
En el plano político-electoral, el impacto es aún más sensible. Si Castelli logra establecer su propio régimen electoral, podría desafiar la Ley 14.836, que limita a dos los mandatos consecutivos de los intendentes. Según la normativa vigente, Echarren no podría presentarse a una nueva reelección en 2027, ya que su mandato iniciado en 2019 se cuenta como el primero bajo la nueva regla. La creación de un orden jurídico municipal propio permitiría al intendente, o a cualquier jefe comunal en su posición, reclamar ante la justicia que la voluntad popular del distrito expresada en su Carta Orgánica tiene preeminencia sobre la ley provincial. Esto abriría una ventana para que otros municipios de peso, como La Matanza o General Pueyrredón, busquen esquemas similares para blindar sus autonomías políticas y electorales frente a los cambios de signo político en la gobernación.
El próximo paso clave será el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante de Castelli, donde el oficialismo cuenta con los números necesarios para su aprobación inicial. Sin embargo, la batalla final se librará en los tribunales bonaerenses, donde se deberá determinar si un municipio puede autoproclamarse autónomo sin una reforma previa de la Constitución provincial. La tensión entre el derecho constitucional nacional a la autonomía y la rigidez de la estructura provincial bonaerense entra así en una fase de definición que será seguida de cerca por todos los jefes comunales de la provincia.
