El FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron contactos formales con empresas patrocinadoras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para investigar presuntos desvíos de fondos y lavado de activos mediante el sistema bancario norteamericano.
La investigación, liderada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, se centra en la ruta del dinero de contratos millonarios que, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales de la entidad en Argentina, habrían sido desviados hacia la firma TourProdEnter LLC. Esta compañía, radicada en el estado de Florida y vinculada al productor Javier Faroni, habría funcionado como receptora de pagos de sponsors internacionales por montos que alcanzan las siete y ocho cifras. Según fuentes judiciales con acceso al expediente en el Distrito Sur de Florida, la maniobra buscaba evitar las restricciones cambiarias vigentes en Argentina y procesar divisas fuera del control de las autoridades locales, utilizando la infraestructura financiera de Estados Unidos para consolidar el esquema.
Entre las compañías que integran la lista de contactos del Departamento de Justicia (USDoJ) se encuentran gigantes globales como Adidas, con contratos estimados en US$ 60 millones, y Warner, por US$ 40 millones. Los investigadores buscan determinar por qué estas firmas recibieron instrucciones de girar fondos a las cuentas de TourProdEnter LLC, cuya titularidad formal figura a nombre de Erica Gillette, esposa de Faroni, en lugar de transferirlos directamente a la tesorería de la calle Viamonte. La justicia estadounidense emitió citaciones (subpoenas) para que testigos y directivos comparezcan ante un Gran Jurado en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse de Miami, con una fecha clave marcada para el 30 de este mes, donde se exigirá la entrega de registros de comunicaciones mantenidas con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos de la entidad.
La pesquisa también apunta a reconstruir la estructura interna de toma de decisiones dentro de la AFA. En este sentido, los fiscales federales han puesto el foco en Juan Pablo Beacon, excolaborador estrecho de Toviggino, quien es considerado un testigo clave para explicar el funcionamiento de los circuitos financieros. De acuerdo con operadores del mercado y fuentes cercanas a la investigación, Beacon habría participado en la coordinación con intermediarios financieros y la confección de facturación apócrifa por servicios de logística nunca prestados. Esta operatoria permitía extraer decenas de millones de dólares que luego retornaban a la Argentina a través de canales informales, conocidos como “cuevas” de la City porteña, donde el dinero era entregado en efectivo.
Contexto
Esta investigación no surge de forma aislada, sino que se apoya en antecedentes de irregularidades detectadas en la gestión de los fondos internacionales de la AFA durante los últimos años de inestabilidad cambiaria en Argentina. Durante el periodo analizado, el país mantenía un esquema de múltiples tipos de cambio y un cepo que dificultaba el acceso a divisas al valor oficial. En este escenario, la utilización de sociedades constituidas en Miami que solo existían en los papeles permitió a la dirigencia del fútbol argentino gestionar recursos fuera del radar del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La figura de Javier Faroni y su empresa TourProdEnter LLC ya había sido señalada en investigaciones locales por su rol como intermediaria en la recaudación de ingresos internacionales de la selección nacional.
El historial de la justicia estadounidense con el fútbol sudamericano tiene un precedente ineludible en el caso conocido como FIFA Gate, que en 2015 desarticuló una red de sobornos y corrupción que involucró a altos mandos de la CONMEBOL y la AFA. Los fiscales actuales, Gushue, Ting y Berger, poseen una vasta experiencia en delitos financieros internacionales. Berger, por caso, fue el responsable de la condena por lavado de activos del excontralor de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni. Este bagaje técnico sugiere que el Departamento de Justicia busca aplicar leyes de integridad bancaria para sancionar el uso del sistema financiero de EE. UU. como vehículo para el fraude corporativo y la evasión de controles estatales en el extranjero.
Impacto
El avance de esta causa representa una amenaza directa a la estabilidad institucional de la conducción actual de la AFA, encabezada por Claudio Tapia. Si bien la entidad emitió un comunicado oficial desmintiendo que existan citaciones directas contra su presidente o su tesorero, el hecho de que el FBI esté contactando a sus principales socios comerciales genera un clima de incertidumbre que podría afectar futuros contratos de patrocinio. Las empresas multinacionales, sujetas a estrictas normas de cumplimiento (compliance) y a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU., podrían verse obligadas a revisar o suspender sus vínculos con la asociación para evitar sanciones legales en sus países de origen.
A nivel operativo, la investigación pone bajo la lupa el manejo de los activos generados por la Selección Argentina, especialmente tras el éxito deportivo en el Mundial de Qatar, que disparó el valor de la marca AFA en el mercado global. El impacto económico es significativo: si se comprueba que hubo un desvío sistemático de fondos hacia cuentas particulares o sociedades fantasma, la entidad podría enfrentar demandas civiles y penales, además del congelamiento de activos en territorio estadounidense. Asimismo, la posible declaración de exfuncionarios del gobierno nacional ante la justicia de Florida podría aportar datos sobre la falta de controles estatales sobre estas operaciones financieras transnacionales.
La tensión entre la conducción de la AFA y los organismos de control internacionales se encuentra en su punto más alto. Mientras los fiscales en Washington y Miami avanzan con la recolección de pruebas documentales y testimonios de arrepentidos, el foco se desplaza hacia la audiencia del 30 de este mes en Miami. El resultado de las comparecencias ante el Gran Jurado determinará si la investigación escala hacia imputaciones formales contra la cúpula de la calle Viamonte o si se mantiene centrada en la red de intermediarios y empresas de servicios que facilitaron el movimiento de capitales.
