La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta realizó seis allanamientos simultáneos que resultaron en el secuestro de 12 automóviles y la detención de dos personas vinculadas a una presunta estafa piramidal millonaria.
El operativo, liderado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, se desencadenó tras la acumulación de denuncias contra las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L. Según los registros judiciales, los sospechosos captaban inversores ofreciendo rendimientos mensuales en dólares mediante la supuesta compra y alquiler de vehículos. Sin embargo, la investigación determinó que los compromisos de pago dejaron de cumplirse una vez que el flujo de nuevos aportantes disminuyó, dejando a los damnificados con garantías que carecían de valor efectivo. Los procedimientos se llevaron a cabo en oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio logístico en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se incautaron dispositivos electrónicos, documentación contable y el pasaporte de uno de los tres implicados principales.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal de Salta, la maniobra consistía en un esquema de rotación de capitales donde los fondos de los ingresantes recientes financiaban los intereses de los antiguos clientes. Los peritos de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF identificaron que varios de los vehículos secuestrados eran utilizados para servicios en plataformas de transporte, mientras que otros habían sido trasladados a diferentes provincias para evitar su localización por parte de los propietarios originales. El análisis de los movimientos migratorios reveló que los investigados mantenían una frecuencia de viajes inusual hacia Buenos Aires, Brasil, Chile y Portugal, lo que motivó el pedido de prohibición de salida del país y la inmovilización inmediata de todas sus cuentas bancarias.
En paralelo a esta causa, la Justicia salteña avanzó en la imputación de un hombre acusado de estafas reiteradas por falsas promesas de empleo en el Poder Judicial. El auxiliar fiscal Pablo Nieva formalizó los cargos contra un individuo que, fingiendo ser licenciado en Psicología, exigía pagos de 40.000 pesos a cambio de gestionar ingresos como secretarias en la Ciudad Judicial. Se estima que más de cien personas fueron víctimas de este engaño, entregando no solo dinero sino también documentación sensible como currículums, estudios médicos y antecedentes penales. El acusado utilizaba redes sociales y WhatsApp para difundir las vacantes inexistentes y reprogramaba sistemáticamente las entrevistas para dilatar el reclamo de los damnificados, quienes finalmente descubrieron el fraude al consultar directamente en el área de Recursos Humanos de la institución oficial.
Contexto
Este tipo de delitos económicos ha mostrado un incremento sostenido en el norte argentino durante el último bienio, impulsado por la volatilidad cambiaria y la búsqueda de alternativas de inversión por fuera del sistema bancario tradicional. El caso de Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L. se suma a una serie de investigaciones por esquemas Ponzi que han afectado a diversas provincias, donde la promesa de retornos en moneda extranjera actúa como el principal cebo para los ahorristas. En cuanto a las estafas laborales, la modalidad detectada en el Poder Judicial de Salta refleja una sofisticación en la ingeniería social: el delincuente no solo solicitaba dinero, sino que creaba un entorno de verosimilitud mediante el pedido de exámenes psicotécnicos y turnos en hospitales públicos para supuestos estudios pre-ocupacionales.
Los antecedentes de la investigación por las firmas automotrices indican que las denuncias iniciales se radicaron entre mayo y junio de este año, cuando los pagos de dividendos se interrumpieron de forma abrupta. Por su parte, el fraude en el Poder Judicial fue detectado gracias a la trazabilidad de correos electrónicos con dominios extranjeros como “@libero.it”, los cuales enviaban notificaciones con asuntos de apariencia oficial como “intimación digital” o “aviso de despacho emitido”. Estos elementos, sumados a informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el comportamiento financiero de los sospechosos, permitieron a la fiscalía estructurar la acusación por estafas reiteradas en concurso real, una figura penal que prevé penas de cumplimiento efectivo dada la magnitud del perjuicio patrimonial causado a la comunidad salteña.
Impacto
La desarticulación de estas organizaciones tiene un impacto directo en la seguridad jurídica y financiera de la región, alertando sobre la vulnerabilidad de los sistemas de control ante sociedades de responsabilidad limitada que operan sin autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para los damnificados por el esquema de los vehículos, la recuperación de los 12 rodados representa apenas una fracción del capital invertido, ya que se sospecha que gran parte de los fondos fueron desviados hacia cuentas en el exterior o convertidos en criptoactivos de difícil rastreo. La inmovilización de cuentas ordenada por el juez Ignacio Colombo, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2, busca preservar los activos remanentes para un eventual resarcimiento a las víctimas, aunque el proceso pericial sobre la documentación secuestrada podría demorar varios meses.
En el ámbito institucional, el Poder Judicial de Salta debió emitir una alerta pública para desmentir cualquier proceso de contratación que implique el desembolso de dinero por parte de los aspirantes. El impacto social de la estafa laboral es significativo, ya que afectó a un sector de la población en búsqueda activa de empleo, quienes no solo perdieron los 40.000 pesos solicitados para supuestos trámites, sino que entregaron datos personales que ahora podrían ser utilizados para otras maniobras de suplantación de identidad. La negativa del principal acusado a declarar y su pedido de derivar la causa a una mediación penal han generado rechazo en la fiscalía, que considera que la gravedad y la cantidad de hechos denunciados exigen una resolución en juicio oral y público para sentar un precedente contra este tipo de defraudaciones masivas.
La investigación se mantiene bajo secreto de sumario mientras los peritos informáticos analizan los teléfonos celulares y computadoras incautadas en los allanamientos de San Lorenzo. Se espera que en las próximas semanas surjan nuevos testimonios de personas que, ante la publicidad del caso, reconozcan haber sido víctimas de las firmas investigadas. La fiscalía no descarta nuevas detenciones, especialmente de colaboradores secundarios que habrían facilitado el traslado de los vehículos a otras jurisdicciones o participado en la captación de clientes en redes sociales. El próximo paso procesal será la declaración indagatoria de los dos detenidos actuales, quienes deberán responder por el destino de los fondos millonarios que, según las denuncias, se habrían esfumado tras el colapso del esquema piramidal.
