La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal llevará a cabo este jueves una audiencia determinante para resolver si se reabre la causa por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
El tribunal escuchará los argumentos de la defensa y de la querella antes de decidir si anula el sobreseimiento dictado en favor del jefe comunal. La resolución judicial es técnica pero de alto impacto político: no se juzgará la culpabilidad de Espinoza en esta instancia, sino la validez del cierre del expediente. El conflicto se originó cuando el Tribunal Oral consideró que la denunciante, Melody Jacqueline Rakauskas, había abandonado la acción penal al quedar transitoriamente sin representación legal. Según fuentes judiciales, la Cámara debe evaluar si el apartamiento de la mujer como querellante vulneró su derecho al acceso a la justicia, especialmente en un caso de violencia de género que involucra a un funcionario público de alto rango.
Melody Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada en el Municipio de La Matanza al momento de los hechos, sostiene que el proceso judicial le ha provocado un desgaste personal y físico irreversible. A sus 37 años, la denunciante relató que su vida cambió drásticamente desde mayo de 2021, cuando ocurrieron los incidentes en su departamento. Según su testimonio, el intendente se presentó en su domicilio con una excusa laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Rakauskas afirma que, tras realizar la denuncia tres semanas después del hecho, comenzó a sufrir episodios de hostigamiento, amenazas y ataques físicos que la obligaron a vivir con custodia policial las 24 horas y a capacitarse en defensa personal para garantizar su integridad física.
El abogado de la querella, Ignacio Barrios, argumentó que su defendida nunca tuvo la intención de desistir del proceso. El letrado explicó que la supuesta inacción que derivó en el sobreseimiento de Espinoza fue en realidad una “crisis de patrocinio” y no un abandono voluntario. Barrios señaló que Rakauskas solicitó asistencia jurídica pública y tiempo para reorganizar su defensa, pedidos que habrían sido ignorados por las instancias anteriores. La estrategia de la querella busca que se anule la falta de acción y se permita que la prueba sea discutida en un juicio oral y público, donde se analicen elementos como el vello púbico que la denunciante asegura haber entregado como prueba y que, según su versión, no fue debidamente preservado por los peritos intervinientes.
Contexto
La denuncia contra Fernando Espinoza se remonta al 10 de mayo de 2021. En aquel entonces, Rakauskas trabajaba en la municipalidad desde hacía apenas unas semanas, tras haber dejado su carrera como modelo y su empleo en una fábrica textil familiar que había quebrado. La relación laboral se transformó en un conflicto judicial cuando la mujer denunció que el intendente forzó una situación de abuso en su vivienda particular. Según la acusación, Espinoza aprovechó su posición de poder para amedrentarla. Por su parte, el jefe comunal ha negado sistemáticamente todas las imputaciones, calificándolas como parte de una maniobra política en su contra. El expediente ha transitado por diversas instancias durante cinco años, marcadas por idas y vueltas procesales que mantuvieron al intendente en su cargo sin que la causa llegara a la etapa de debate.
El escenario previo a esta audiencia en Casación está marcado por el sobreseimiento que benefició a Espinoza luego de que la fiscalía decidiera no sostener la acusación de manera autónoma. Al quedar Rakauskas fuera del rol de querellante por una supuesta inactividad procesal, el juez de instrucción entendió que no había parte acusadora que impulsara la acción, lo que derivó en el cierre del caso. Este mecanismo es el que ahora está bajo revisión jerárquica. La defensa del intendente sostiene que los plazos procesales están vencidos y que la decisión de apartar a la querella fue ajustada a derecho, mientras que la denunciante insiste en que se le impidió ejercer su derecho de defensa por su situación de vulnerabilidad económica y psicológica en aquel momento.
Impacto
La decisión de la Sala III de Casación tiene implicancias directas sobre la jurisprudencia en casos de abuso sexual donde existe una asimetría de poder manifiesta. Si el tribunal confirma el sobreseimiento, se consolidará un precedente donde la falta de abogado particular por un periodo breve puede extinguir la acción penal en delitos de instancia privada, incluso si la víctima manifiesta su voluntad de seguir adelante. Por el contrario, si se hace lugar al recurso de la querella, Fernando Espinoza deberá enfrentar un juicio oral, lo que representaría un hecho inédito para un intendente en ejercicio de uno de los distritos más poblados del país. Operadores judiciales señalan que este fallo determinará si la protección a las víctimas de violencia de género prevalece sobre los formalismos procesales de los tribunales orales.
Para la administración pública de La Matanza, el resultado de la audiencia define la estabilidad política del Ejecutivo local. Aunque la culpabilidad no se discute este jueves, la reapertura de la causa colocaría nuevamente a Espinoza en el centro de la agenda judicial, con la posibilidad de ser citado a un debate público que afectaría su gestión y su imagen política. Desde el entorno de la denunciante, aseguran que el impacto también es social, ya que Rakauskas hoy estudia Ciencia Política con el objetivo de impulsar reformas que impidan que otros funcionarios utilicen los recursos del Estado para dilatar procesos judiciales por delitos comunes. La expectativa está puesta en si los jueces priorizarán el derecho a la tutela judicial efectiva por sobre el cierre administrativo del expediente.
Tras la audiencia de este jueves, los magistrados de la Sala III tendrán un plazo legal para emitir su fallo definitivo. Se espera que la resolución se conozca en las próximas semanas, lo que definirá si el caso Espinoza se encamina hacia un juicio oral o si queda archivado de manera permanente en los tribunales de Comodoro Py.
