El juicio oral por la muerte de Diego Maradona en San Isidro mantiene imputados a siete profesionales de la salud por homicidio simple con dolo eventual, tras detectarse graves irregularidades en la internación domiciliaria de Tigre durante noviembre de 2020.
El proceso judicial, que ya transita su tercer mes de debate, puso bajo la lupa el accionar de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna. Según fuentes judiciales consultadas en los tribunales de San Isidro, la acusación central sostiene que el equipo médico actuó con negligencia y priorizó el control personal sobre la salud del paciente, incurriendo en una serie de omisiones que derivaron en el fallecimiento del astro futbolístico. Los imputados enfrentan una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión, en un escenario donde las defensas cruzadas y el deslinde de responsabilidades marcaron la dinámica de las últimas audiencias ante los magistrados intervinientes.
Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Maradona semanas antes de su deceso, se posiciona como la figura central del debate. Aunque Luque solicitó ampliar su indagatoria en ocho oportunidades para sostener que su rol era meramente de confianza y no de cabecera, las pruebas recolectadas por la fiscalía indican lo contrario. Si bien existe constancia de que el médico intentó dar un paso al costado tras la cirugía craneal, los registros de comunicaciones demuestran que continuó supervisando el dispositivo en Tigre, firmó el acta de externación de la Clínica Olivos y mantuvo la autoridad final sobre las decisiones críticas. Testigos del entorno íntimo coincidieron en señalar que, ante cualquier complicación médica, Luque seguía siendo el referente máximo de consulta, lo que debilita su argumento de haber sido un simple acompañante externo.
En una línea de responsabilidad similar se encuentra la psiquiatra Agustina Cosachov, señalada por haber asumido funciones de coordinación que excedían su especialidad. Durante las audiencias, se reveló que Cosachov era la interlocutora directa con la familia y quien recibía los reportes diarios de los enfermeros. La situación más crítica expuesta en el juicio ocurrió el 25 de noviembre de 2020, cuando la profesional ingresó a la habitación de Maradona a las 11:00 y reportó que el paciente no quería atender, cuando en realidad ya había fallecido. Por su parte, el psicólogo Carlos Díaz aparece con una participación menor, habiendo ingresado al equipo solo un mes antes para tratar adicciones, aunque sus comunicaciones privadas donde se refería despectivamente a las hijas del exfutbolista complicaron su imagen ante el tribunal.
Contexto
La muerte de Diego Armando Maradona ocurrió el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda alquilada del barrio privado San Andrés, en el partido de Tigre. El ídolo mundial había sido trasladado allí tras una intervención por un hematoma subdural, bajo un esquema de internación domiciliaria que, según las pericias médicas oficiales, resultó deficiente y temerario. La junta médica conformada por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires determinó oportunamente que el desempeño del equipo de salud fue inadecuado y que el paciente fue abandonado a su suerte durante una agonía que duró varias horas. Este informe técnico es la piedra angular sobre la cual los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra edificaron la acusación por dolo eventual, argumentando que los médicos se representaron el resultado muerte y no hicieron nada para evitarlo.
El conflicto logístico también involucra a la estructura administrativa de la medicina privada. Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, y Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, enfrentan cargos por la gestión de los recursos en la casa de Tigre. Forlini protagonizó un careo con Cosachov debido a contradicciones sobre quién debía solicitar el equipamiento de emergencia, mientras que Perroni es investigado por presuntamente haber ordenado la alteración de las planillas de enfermería tras el fallecimiento. En este entramado, el enfermero Ricardo Almirón es señalado por no haber controlado al paciente en las horas previas al deceso, a pesar de haber consignado en sus informes que Maradona se encontraba en condiciones óptimas durante la madrugada del 25 de noviembre.
Impacto
Este juicio representa un precedente jurídico fundamental en Argentina respecto a la responsabilidad profesional en internaciones domiciliarias de alta complejidad. La resolución del caso no solo determinará el futuro de los siete imputados, sino que también establecerá límites claros sobre las obligaciones de los médicos de cabecera y las empresas de medicina prepaga en contextos extrahospitalarios. Para el sistema de salud, el veredicto podría forzar una revisión de los protocolos de externación y seguimiento de pacientes críticos. Además, el proceso tiene una carga social e institucional inédita, dado que se trata de la investigación sobre el fin de la figura más trascendente del deporte nacional, lo que mantiene la atención permanente de la opinión pública y de organismos internacionales.
El debate oral continuará durante los próximos dos meses, período en el cual se espera la declaración de nuevos peritos y la finalización de la etapa probatoria. Una vez concluidas estas instancias, las 14 partes que integran el proceso —incluyendo a las querellas representadas por los hijos de Maradona— presentarán sus alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro. Se estima que el veredicto final, que definirá si los acusados son condenados a prisión efectiva, se dará a conocer antes de que finalice el año en curso, cerrando así uno de los capítulos judiciales más mediáticos de la historia reciente argentina.
