La CGT aprobó este jueves un nuevo esquema de protestas sectoriales y rotativas contra las políticas económicas del presidente Javier Milei, tras una reunión del Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo marcada por ausencias de peso.
La decisión de la central obrera implica un cambio de estrategia hacia el modelo denominado “a la francesa”, que consiste en huelgas intermitentes y prolongadas en el tiempo en lugar de paros generales aislados. Esta iniciativa, impulsada originalmente por los gremios del transporte, busca desgastar la gestión oficial mediante una presión constante sobre áreas clave de la economía. Sin embargo, la implementación de este plan de lucha quedó supeditada a la frágil cohesión interna de la organización. El sector dialoguista, que mantiene la mayoría en la conducción, logró frenar la embestida de los sectores más intransigentes que reclamaban una huelga nacional de 36 horas con movilización. Según indicaron fuentes gremiales, la falta de consenso absoluto se reflejó en un salón de reuniones con presencia mayoritaria de segundas y terceras líneas, mientras varios secretarios generales optaron por no asistir o retirarse antes de la votación definitiva.
El clima de tensión se vio alimentado por las ausencias de figuras centrales como Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (Bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (Suterh). El caso de Daer fue el más comentado en los pasillos de Azopardo 802, ya que el triunviro viajó a Santa Cruz para reunirse con el gobernador Claudio Vidal. Críticos internos del líder de Sanidad señalaron que el viaje fue una maniobra para evitar quedar pegado a la decisión de la central, especialmente tras el apoyo de legisladores santacruceños a puntos clave de la reforma laboral. No obstante, desde el entorno de Daer aseguraron a operadores del sector que el viaje estaba programado con anterioridad en su rol de secretario del Interior y que el dirigente respalda plenamente las medidas para generar un debate sobre la situación socioeconómica actual.
La desconfianza entre los bloques se profundizó con los movimientos de Pablo Moyano y Juan Pablo Brey. Mientras en la sede central se debatía la estrategia, ambos dirigentes difundieron imágenes de un encuentro privado, lo que fue interpretado como un desafío a la cúpula dialoguista. Moyano había manifestado previamente que las estrategias judiciales y de diálogo con gobernadores habían fallado, dejando como única opción la confrontación en la calle. Por otro lado, el bloque disidente liderado por Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Omar Maturano (La Fraternidad), junto con la UTA, presionó por una medida de fuerza de 36 horas. Fuentes cercanas a la conducción indicaron que, a pesar de la postura combativa en público, algunos dirigentes de este bloque se comunicaron en privado con los moderados para relativizar su apoyo a las medidas más drásticas, evidenciando las fisuras en la unidad sindical.
Contexto
Este nuevo plan de lucha surge en un momento de reconfiguración del poder sindical tras la aprobación de las reformas laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo en el Congreso. La CGT ha transitado los últimos meses entre la judicialización de los decretos oficiales y la negociación política con los gobernadores, obteniendo resultados mixtos. La adopción del modelo de paros rotativos se inspira en las protestas ocurridas en Francia contra la reforma previsional de Emmanuel Macron, donde los sindicatos lograron mantener el conflicto activo durante semanas sin agotar la capacidad de movilización de sus bases en una sola jornada. Históricamente, la central obrera argentina ha recurrido al paro general de 24 horas como herramienta máxima de presión, pero el actual escenario de fragmentación política y la caída del poder adquisitivo de los afiliados han obligado a los dirigentes a buscar alternativas que no impliquen un costo económico total para los trabajadores en un solo día.
La interna que hoy divide a la CGT no es nueva, pero se ha agudizado por la falta de un interlocutor claro en la Casa Rosada y por las diferencias sobre cómo enfrentar el ajuste fiscal. Mientras “los Gordos” y los independientes apuestan a una resistencia de baja intensidad que permita mantener canales de diálogo abiertos, el moyanismo y los gremios del transporte consideran que la pasividad es funcional al Gobierno. Esta división se remonta a la última elección de autoridades en noviembre pasado, donde se conformó un triunvirato que, lejos de unificar criterios, terminó institucionalizando las diferencias entre los sectores que hoy pugnan por el control de la agenda de protesta.
Impacto
La efectividad de los paros rotativos dependerá exclusivamente de la capacidad de coordinación entre los gremios de servicios estratégicos. Si la CGT logra sincronizar las medidas en transporte, energía y logística, el impacto en la actividad económica podría ser superior al de una huelga general tradicional, ya que generaría una incertidumbre constante en las cadenas de suministro y en el traslado de pasajeros. Para el ciudadano, esto implica un escenario de conflictividad intermitente donde los servicios básicos podrían verse afectados de manera sorpresiva en diferentes días de la semana. Desde el Ministerio de Economía monitorean la situación, entendiendo que una parálisis sostenida en sectores clave podría afectar la recaudación y la incipiente estabilidad de ciertos indicadores financieros.
En el plano político, la incapacidad de la CGT para mostrar una conducción unificada debilita su posición como principal actor de la oposición social. El Gobierno ha sabido capitalizar estas divisiones internas, negociando por separado con gremios específicos y exponiendo las contradicciones de la dirigencia. El éxito del plan “a la francesa” requiere una disciplina orgánica que hoy parece ausente en Azopardo. Si los paros sectoriales no cuentan con el respaldo total de las bases o si los gremios dialoguistas deciden no plegarse a las acciones de los sectores más duros, la estrategia corre el riesgo de diluirse, fortaleciendo la postura del oficialismo de no ceder ante las demandas sindicales.
El próximo paso de la central será definir el cronograma exacto de las protestas por actividad, una tarea que pondrá a prueba la tregua interna. La coordinación de estas acciones obligará a los dirigentes a abandonar el estado de sospecha permanente y a consensuar una hoja de ruta común. El desafío inmediato es evitar que la fragmentación del movimiento obrero termine por neutralizar la ofensiva contra las reformas de Milei, en un contexto donde la calle vuelve a ser el principal escenario de disputa política. La mirada está puesta en la próxima reunión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), donde se terminará de sellar el alcance real de las huelgas rotativas.
