La Justicia porteña analiza la nulidad de las pericias sobre el celular Samsung S25 y el iPad de Hernán Boveri, el anestesiólogo procesado por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano, tras denuncias de irregularidades en el procedimiento.
El proceso judicial, encabezado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, ingresó en una etapa de definiciones críticas luego de que la defensa de Boveri presentara un recurso de nulidad absoluta contra el acceso a sus dispositivos electrónicos. Según fuentes judiciales, los datos recuperados por la Dirección de Análisis Informático Forense de la Procuración (DATIP) podrían ser descartados como prueba si se comprueba que el imputado fue coaccionado para entregar sus claves de acceso. La controversia radica en el acta policial del 13 de marzo, donde se consignó que el médico entregó los códigos de desbloqueo de forma “espontánea” durante el allanamiento en su departamento, una versión que el acusado rechaza tajantemente. El anestesiólogo, que se desempeñaba en el área de neurocirugía del prestigioso centro de salud, sostiene que fue víctima de una intromisión ilegal en su esfera de privacidad y que se vulneró su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
La defensa técnica del médico argumentó ante la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional que la orden judicial original habilitaba la requisa y el secuestro de elementos, pero no facultaba a los efectivos de la Policía de la Ciudad a interrogar al sospechoso sobre los mecanismos de acceso a su tecnología personal. En el escrito presentado, Boveri afirmó que no entregó voluntariamente la información y que, de haber conocido su derecho a negarse, jamás habría facilitado las claves. De acuerdo con operadores del mercado judicial, este planteo busca invalidar cualquier contenido incriminatorio o escandaloso que pudiera surgir de las conversaciones privadas del profesional, quien mantenía un vínculo personal con la también procesada “Fini” Lanusse. La querella y la fiscalía, por su parte, aguardan la resolución de la audiencia fijada para comienzos del mes próximo, mientras el juez Sánchez Sarmiento ya rechazó un primer planteo de nulidad el pasado 9 de abril, lo que motivó la apelación actual.
Contexto
La investigación por el faltante de propofol en el Hospital Italiano se inició a fines de febrero, tras una serie de irregularidades detectadas en el manejo de insumos críticos de anestesia. El caso tomó una dimensión pública y judicial de alto impacto el 20 de febrero, cuando Alejandro Zalazar, un enfermero vinculado estrechamente a Lanusse y a su colega “Tati” Leclercq, fue hallado sin vida en su departamento con una vía conectada a su pie derecho. Este hallazgo disparó las alarmas sobre el posible mercado negro de fármacos dentro de la institución y el uso indebido de sustancias por parte del personal médico. Hasta el momento, el núcleo de la acusación se sostiene sobre los testimonios de médicas residentes del hospital, quienes aportaron detalles sobre el comportamiento de los imputados y el manejo de los suministros en el quirófano.
El allanamiento a la vivienda de Boveri se produjo 20 días después de iniciada la causa, en un momento de máxima tensión mediática y profesional. Mientras que el peritaje sobre el teléfono de Lanusse se encuentra demorado por cuestiones de agenda técnica, la Justicia ya cuenta con la información extraída del dispositivo del fallecido Zalazar, la cual podría servir de contraste para los datos que se intentan rescatar del Samsung S25 de Boveri. La relación entre los implicados, que combina vínculos laborales en el área de neurocirugía con relaciones sentimentales previas, añade una capa de complejidad a la interpretación de los mensajes y registros de llamadas que la DATIP procesó bajo la orden de Sánchez Sarmiento antes de que se formalizara el reclamo de nulidad por parte de los abogados defensores.
Impacto
La resolución de la Sala V sobre este incidente de nulidad tendrá consecuencias directas en la solidez de la acusación contra el cuerpo médico del Hospital Italiano. Si la Cámara acepta los argumentos de Boveri, se sentaría un precedente sobre los límites de la actuación policial en los allanamientos digitales, invalidando una de las pruebas que los investigadores consideran fundamentales para reconstruir la cadena de custodia del propofol robado. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que el accionar de la Policía de la Ciudad se ajustó a los protocolos vigentes, pero la falta de una autorización judicial específica para requerir claves de desbloqueo representa un flanco débil que la defensa busca explotar para proteger la integridad procesal de su cliente.
Para el sistema de salud y la comunidad médica, el caso pone bajo la lupa los controles internos sobre drogas peligrosas y la responsabilidad penal de los profesionales en el ejercicio de sus funciones. El impacto de una posible anulación de las pericias dejaría a la fiscalía dependiendo casi exclusivamente de los testimonios de las residentes y de los datos obtenidos del teléfono de Zalazar, lo que podría debilitar la imputación por asociación ilícita o robo agravado. Además, la defensa ya realizó la reserva del caso federal, lo que implica que, de recibir un fallo adverso en la Cámara, están dispuestos a llevar la discusión sobre las garantías constitucionales y el derecho a la privacidad hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El escenario actual mantiene la causa en un estado de parálisis técnica respecto a la prueba digital, a la espera de la audiencia clave de junio. La decisión de los camaristas determinará si el contenido del celular de Boveri se incorpora definitivamente al expediente o si se convierte en “fruto del árbol venenoso”, quedando excluido de cualquier valoración probatoria futura. Mientras tanto, el Hospital Italiano continúa bajo auditoría interna para reforzar los mecanismos de trazabilidad de fármacos, en un intento por mitigar el daño reputacional causado por el escándalo que involucra a sus anestesiólogos de confianza.
