La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 6 de Córdoba imputó a dos hombres por el homicidio del policía Luis Alejandro Azabal, ocurrido el pasado 12 de marzo en el barrio Villa Belgrano.
Los acusados, identificados por fuentes judiciales como R. G. P., alias “Pirincho”, y L. M. D., se encuentran actualmente privados de su libertad en la provincia de Salta por delitos cometidos en esa jurisdicción. Tras el entrecruzamiento de datos y el análisis de cámaras de seguridad, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba inició los trámites de extradición interprovincial para que ambos enfrenten el proceso bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo. El operativo que derivó en estas imputaciones fue el resultado de una reconstrucción técnica de la ruta de fuga utilizada por los delincuentes tras el asalto en la calle Neper al 5900, donde el agente de 56 años perdió la vida tras recibir un disparo mortal mientras intentaba frustrar el ingreso de los malvivientes a una vivienda particular.
El avance de la investigación permitió además clarificar la situación procesal de Paolo Zambelli, de 39 años, quien inicialmente había sido detenido en el lugar de los hechos. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la hipótesis principal viró hacia la legítima defensa respecto al intercambio de disparos, lo que permitió que Zambelli recuperara su libertad. No obstante, su abogada defensora, Mónica Picco, confirmó que el hombre permanece vinculado a la causa bajo las figuras de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, mientras se determina con precisión de qué arma salió el proyectil que impactó en Azabal. En la escena del crimen, los peritos de la Policía Judicial secuestraron tres armas de fuego, entre ellas una pistola Glock 9 milímetros que es objeto de rigurosos peritajes balísticos para establecer su relación directa con el deceso del uniformado.
La complejidad del caso se incrementó al descubrirse irregularidades administrativas sobre el inmueble donde ocurrió el tiroteo. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, la propiedad pertenece a un empresario del sector agroquímico, pero habría sido ocupada de forma irregular por un ex empleado, quien presuntamente autorizó la mudanza de Zambelli al lugar. Esta derivación por supuesta usurpación corre en paralelo a la causa principal por el homicidio del policía, sumando una capa de complejidad jurídica a un hecho que conmocionó a la zona norte de la capital cordobesa por la violencia desplegada, que incluyó el uso de helicópteros y fuerzas de infantería para rastrillar techos y patios de las viviendas colindantes durante la noche del crimen.
Contexto
El asesinato de Luis Alejandro Azabal se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los barrios residenciales de Córdoba. El 12 de marzo, cerca de las 21:00 horas, un llamado al 911 alertó sobre un robo en proceso en Villa Belgrano. Azabal, quien se encontraba patrullando la zona, acudió de inmediato y fue recibido a balazos. A pesar de ser trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, los médicos no pudieron estabilizarlo debido a la gravedad de la herida de arma de fuego. El agente no solo era un efectivo respetado dentro de la fuerza, sino también una figura central en la comunidad de Río Ceballos, donde se desempeñaba como vicepresidente ad honorem del Club Atlético y Social de esa localidad y practicaba disciplinas como taekwondo, boxeo y kick boxing.
La detención de los sospechosos en Salta pone de manifiesto la existencia de bandas con movilidad interprovincial que operan en el centro y norte del país. Según operadores del sistema judicial cordobés, el perfil de los imputados coincide con el de delincuentes especializados en robos domiciliarios de alta gama que suelen desplazarse entre provincias para dificultar su identificación. La captura de “Pirincho” y su cómplice en territorio salteño por otros delitos fue la pieza clave que permitió a los investigadores cordobeses cotejar perfiles genéticos y registros fílmicos obtenidos de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la calle Neper, logrando así una coincidencia que reactivó un expediente que parecía estancado tras la liberación del primer sospechoso.
Impacto
Este caso genera un impacto directo en la doctrina de la legítima defensa y en los protocolos de actuación policial en situaciones de robo en curso. La decisión de la fiscalía de liberar a Zambelli bajo la hipótesis de que pudo haber disparado para defenderse de los asaltantes, aun cuando eso pudo haber derivado en la muerte accidental del policía, abre un debate jurídico profundo sobre la responsabilidad civil y penal en medio de un fuego cruzado. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que se están revisando los procedimientos de aproximación de las patrullas para minimizar riesgos en zonas de alta densidad residencial, buscando evitar que la respuesta policial termine en tragedias de esta magnitud.
Para la comunidad de Río Ceballos, la pérdida de Azabal representa un golpe institucional y social. El club donde ejercía su labor dirigencial emitió un comunicado destacando su compromiso con el deporte y su rol como “compañero de lucha”, subrayando que su fallecimiento ocurrió en cumplimiento del deber. El impacto emocional se tradujo en masivas muestras de dolor durante su sepelio, realizado a pocos metros de la institución que presidía. En términos operativos, la resolución de este crimen es vista por la Jefatura de Policía como una señal de que la coordinación entre provincias es fundamental para desarticular bandas criminales que no reconocen fronteras jurisdiccionales y que poseen un alto poder de fuego, como quedó demostrado con el secuestro de armas de guerra en el lugar del hecho.
El próximo paso procesal será el traslado efectivo de los dos imputados desde Salta hacia la ciudad de Córdoba, una vez que los jueces de garantías de ambas provincias autoricen el exhorto de extradición. Se espera que en las próximas semanas se realicen las indagatorias correspondientes, mientras la fiscalía aguarda los resultados finales de la pericia balística comparativa. Este informe será determinante para confirmar si el disparo fatal provino de las armas secuestradas a los delincuentes o si se trató de un incidente de fuego amigo o defensa propia, lo cual definiría finalmente la situación legal de todos los involucrados en la fatídica noche de Villa Belgrano.