SOCIEDAD

Liberaron al adolescente acusado de complicidad en el tiroteo de la escuela de San Cristóbal

La Cámara de Apelaciones de Rafaela revocó la prisión preventiva del joven de 16 años imputado como partícipe secundario en el crimen de Ian Cabrera, ocurrido en marzo pasado.

Redacción El Capitán 23 de mayo de 2026 5 min de lectura
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Foto: Infobae

La Justicia de Santa Fe dispuso la libertad del adolescente de 16 años detenido por el ataque armado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, donde fue asesinado el alumno Ian Cabrera el pasado 30 de marzo.

La resolución fue dictada por el juez Matías Drivet, integrante de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, quien hizo lugar al recurso presentado por el abogado defensor Pedro Busíco. El magistrado revocó la prisión preventiva de 90 días que pesaba sobre el menor desde el 9 de abril, tras considerar que mantener la detención en esta instancia del proceso resultaba una medida desproporcionada. El joven, que se encontraba alojado en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores, recuperó la libertad bajo estrictas condiciones de conducta, aunque permanecerá vinculado a la causa penal que investiga el homicidio de Cabrera y dos tentativas de asesinato adicionales bajo la figura de concurso real.

Según informaron fuentes judiciales del Ministerio Público de la Acusación, el imputado deberá cumplir con una serie de restricciones severas para mantener su estatus de libertad ambulatoria. Entre las medidas impuestas por el camarista Drivet, se destaca la prohibición absoluta de regresar a la ciudad de San Cristóbal y la obligación de fijar un nuevo domicilio en la capital provincial. Asimismo, el tribunal le prohibió el uso de redes sociales y cualquier tipo de contacto con los allegados a la víctima o testigos del hecho. Desde el entorno del adolescente indicaron que el joven planea retomar su escolaridad de manera virtual o en un establecimiento fuera de su localidad de origen, dado que su permanencia en la Escuela Normal N°40 ha sido descartada por las autoridades educativas.

La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, Carina Gerbaudo, junto al fiscal de San Cristóbal, Mauricio Espinosa, habían sostenido inicialmente que la detención era indispensable para resguardar el avance de la investigación y proteger la integridad de los sobrevivientes. Sin embargo, la defensa técnica logró demostrar que el rol del joven, calificado como partícipe secundario, no ameritaba la continuidad de la reclusión en un centro penitenciario juvenil. Ahora, el Ministerio Público de la Acusación deberá evaluar si los elementos probatorios recolectados hasta la fecha, que incluyen peritajes informáticos y testimonios de la comunidad educativa, son suficientes para elevar la causa a juicio oral o si se requieren nuevas diligencias para determinar el grado exacto de colaboración que prestó al autor material del ataque.

Contexto

El violento episodio que conmocionó a la provincia de Santa Fe ocurrió la mañana del 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40. El agresor inició el ataque en el sector de los baños y continuó efectuando disparos en el patio interno del establecimiento educativo. Como consecuencia de la ráfaga de disparos, Ian Cabrera, de 13 años, perdió la vida en el lugar, mientras que otros ocho alumnos resultaron heridos con diversos grados de gravedad. La masacre fue interrumpida por la intervención del portero de la escuela, quien logró reducir al tirador antes de que continuara el ataque hacia otras aulas donde se encontraban docentes y estudiantes.

Tras la detención del autor material, quien por su edad es considerado inimputable bajo el régimen penal juvenil vigente pero permanece bajo custodia del Estado, la investigación se centró en su círculo cercano. Fue allí donde surgió el nombre del joven de 16 años ahora liberado, quien fue arrestado días después del tiroteo. Inicialmente, la fiscalía lo acusó de encubrimiento, pero con el avance de las pericias la imputación se agravó a participación secundaria en homicidio. Por su parte, la defensa del autor de los disparos alegó que el menor atravesaba un cuadro depresivo severo y que el ataque no fue dirigido contra personas específicas, sino que se trató de una crisis psiquiátrica derivada de años de ideación suicida y sentimientos de alienación social que no fueron detectados a tiempo por su entorno familiar.

Impacto

La liberación del presunto cómplice genera una fuerte tensión en la comunidad de San Cristóbal, donde el pedido de justicia por Ian Cabrera se mantiene activo mediante movilizaciones locales. Expertos en derecho penal juvenil señalan que este caso pone en debate la eficacia de las medidas de coerción en menores de edad y la capacidad del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana en casos de violencia extrema. Fuentes del Ministerio de Educación provincial confirmaron que se están revisando los protocolos de seguridad y acompañamiento psicológico en las escuelas de la región, mientras que el impacto emocional en los ocho alumnos heridos y sus familias sigue siendo el foco de atención de los equipos de salud mental de la provincia.

Desde el punto de vista procesal, la decisión del juez Drivet marca un precedente sobre la proporcionalidad de la prisión preventiva en adolescentes cuando no se acredita un riesgo procesal inminente de fuga o entorpecimiento. No obstante, la fiscalía mantiene su postura sobre la gravedad del hecho, subrayando que la logística del ataque pudo haber contado con la colaboración previa del ahora liberado. La sociedad civil y organizaciones de padres han manifestado su preocupación por el regreso del joven a un entorno escolar, aunque sea en otra jurisdicción, lo que obliga a las autoridades a garantizar un seguimiento estricto de las reglas de conducta impuestas por la Cámara de Apelaciones para evitar nuevos incidentes.

El proceso judicial entra ahora en una etapa de definiciones críticas donde se espera el resultado final de las pericias psicológicas y el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. La fiscalía tiene un plazo perentorio para presentar la acusación formal o solicitar una prórroga de la investigación. Mientras tanto, la ciudad de San Cristóbal intenta recuperar la normalidad institucional en medio de un clima de vigilancia reforzada y el dolor persistente por la pérdida de un alumno en un ámbito que debería haber sido de resguardo.

Fuente: Infobae

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