Dos amigos de Cristian Graf declararon durante más de siete horas ante la fiscalía de Martín López Perrando por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados recientemente en Coghlan.
El impacto de estas testimoniales radica en la apertura de una nueva vía de prueba tecnológica en una causa que, por su antigüedad, carece de registros fílmicos o digitales contemporáneos al hecho. Miguel Riños y Carlos Elizari, ambos vinculados a Graf desde su juventud en el movimiento scout, entregaron sus dispositivos móviles para que los peritos de la fiscalía realicen una extracción completa de los mensajes de WhatsApp intercambiados en el grupo de amigos. Según indicaron fuentes judiciales, el objetivo es determinar si existieron confesiones extraoficiales, maniobras de encubrimiento o comentarios incriminatorios tras el descubrimiento de los restos óseos en el jardín de la vivienda ubicada en la avenida Congreso al 3700. La justicia busca reconstruir el comportamiento del sospechoso en el presente para proyectar luz sobre un pasado que permaneció oculto durante casi cuatro décadas.
Durante la audiencia, que se extendió desde las 10:00 hasta las 17:30, se produjo un incidente procesal cuando se detectó que Elizari intentaba grabar su propia declaración de forma clandestina. Al ser descubierto, el testigo alegó problemas de memoria y la necesidad de contar con un registro para un control interno posterior, situación que quedó asentada en el acta oficial. Por su parte, Miguel Riños admitió haber mantenido al menos tres encuentros personales con Graf luego de que el caso tomara estado público, a pesar de haber negado inicialmente cualquier contacto. Los investigadores de la fiscalía destacaron una frase de Riños que resume la tensión del entorno: “A partir de esta historia no sé quién es Cristian ahora”. Ambos testigos coincidieron en que les resulta imposible imaginar al sospechoso involucrado en un homicidio, aunque sus declaraciones permitieron ratificar datos sobre la estructura familiar de los Graf, incluyendo la profesión de techista del padre del imputado, un dato que coincide con testimonios previos de la ex esposa de Graf, Daniela Barreiro.
Contexto
El caso de Diego Fernández Lima representa uno de los enigmas criminales más longevos de la Ciudad de Buenos Aires. El adolescente de 16 años desapareció el 26 de julio de 1984 sin dejar rastro, en un contexto donde las herramientas de búsqueda eran limitadas y la burocracia judicial solía archivar expedientes sin resolución. La investigación dio un giro drástico 40 años después, cuando tareas de excavación en el jardín de la antigua casa de la familia Graf en el barrio de Coghlan revelaron la presencia de restos humanos. Este hallazgo transformó una causa de averiguación de paradero en una instrucción por homicidio agravado. La reactivación del expediente se produjo gracias al testimonio de Daniela Barreiro, ex pareja de Graf, quien aportó nombres clave del círculo íntimo del sospechoso, permitiendo que la fiscalía de López Perrando comenzara a citar a testigos que compartieron la adolescencia con el imputado en los años 80.
La relevancia de los testigos Riños y Elizari es fundamental debido a la temporalidad de su vínculo. Riños conoció a Graf en 1985, apenas un año después de la desaparición de Fernández Lima, lo que lo sitúa en una posición privilegiada para describir el comportamiento del sospechoso en el periodo inmediatamente posterior al crimen. El grupo de boy scouts al que pertenecían funcionaba como el núcleo social primario de Graf, y es allí donde los investigadores sospechan que podrían haber quedado rastros de conductas atípicas o relatos que hoy cobran un nuevo significado. La justicia argentina enfrenta el desafío de aplicar estándares probatorios modernos a un hecho ocurrido antes de la existencia de la telefonía celular y el ADN como herramienta forense masiva, lo que obliga a depender de la memoria de los testigos y de las filtraciones que puedan surgir en las comunicaciones digitales actuales.
Impacto
La incorporación de los chats de WhatsApp al expediente marca un punto de inflexión en la estrategia de la fiscalía, ya que permite sortear la barrera del tiempo mediante el análisis de la conducta post-delictual. De acuerdo con operadores del mercado judicial, si los peritajes tecnológicos revelan que Graf intentó influir en el testimonio de sus amigos o si manifestó contradicciones graves sobre lo ocurrido en la casa de la avenida Congreso, su situación procesal podría agravarse de forma inmediata. El análisis de estos mensajes es voluminoso y requerirá semanas de trabajo técnico para filtrar conversaciones que podrían ser irrelevantes de aquellas que contienen información sensible sobre el hallazgo de los restos. La defensa de Graf, por su parte, sostiene la inocencia del acusado basándose en la falta de pruebas directas que lo vinculen con el momento exacto de la muerte del adolescente en 1984.
Para la sociedad y el sistema judicial, este caso pone a prueba la capacidad de resolución de crímenes de lesa humanidad o de larga data que no están vinculados directamente con el terrorismo de Estado, pero que comparten la complejidad de la desaparición forzada de personas. El hallazgo de los restos en una propiedad privada bajo el control de una familia específica reduce el universo de sospechosos, pero la fiscalía necesita consolidar la cadena de responsabilidades. El impacto de las declaraciones de Riños y Elizari también afecta al entorno social del barrio de Coghlan, donde la familia Graf era conocida, generando una presión adicional sobre los testigos para que aporten datos concretos sobre los movimientos de tierra o reformas edilicias realizadas en la vivienda durante la década del 80, periodo en el que se presume fue enterrado el cuerpo de Fernández Lima.
El próximo paso procesal de la fiscalía será el análisis exhaustivo del informe del georradar realizado en el jardín de la propiedad, el cual busca determinar si existen más restos o elementos enterrados que puedan aportar evidencia física. Asimismo, se espera que el procesamiento de los datos extraídos de los celulares de los testigos derive en nuevas citaciones para careos o ampliaciones de testimoniales. La tensión se mantiene sobre la posibilidad de que otros miembros del grupo scout o familiares directos sean llamados a declarar en las próximas semanas, mientras los investigadores no descartan solicitar nuevas medidas de prueba basadas en los escritos presentados por la querella que representa a la familia de la víctima.
