El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar 12 inmuebles y afectar parcialmente otras 26 parcelas, con el objetivo de iniciar las obras de la futura Línea F de subte.
La iniciativa oficial contempla una inversión estimada en US$1.350 millones para desarrollar una traza de 9,8 kilómetros que conectará los barrios de Barracas y Palermo. Según informaron fuentes del Ministerio de Infraestructura porteño, el plan de expropiaciones busca garantizar los espacios necesarios para la construcción de accesos, vestíbulos y sistemas de ventilación de las 12 estaciones proyectadas. El listado de propiedades afectadas incluye edificios residenciales de baja altura, comercios emblemáticos y estructuras actualmente abandonadas. Entre los puntos más sensibles del trazado se encuentran la tradicional disquería Zivals, ubicada en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, y el histórico Mercado San Cristóbal, situado en la esquina de Independencia y Entre Ríos. Los operadores del mercado inmobiliario y los propietarios de las parcelas señaladas manifestaron su preocupación por el alcance de la medida, ya que el texto legislativo declara a estos bienes de “utilidad pública” bajo la Ley 238, permitiendo incluso que los terrenos sobrantes sean destinados a otros usos definidos por el Poder Ejecutivo.
El desarrollo técnico de la obra se dividirá en dos etapas operativas bien diferenciadas. La primera fase abarcará el tramo comprendido entre las futuras estaciones Brandsen y Tucumán, mientras que la segunda etapa extenderá el servicio hasta Plaza Italia, con una fecha de finalización prevista para el año 2031. De acuerdo con los planos presentados ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos, la Ciudad priorizó la adquisición de inmuebles que eviten la ocupación permanente de veredas y la afectación directa de la vía pública durante la fase de explotación del servicio. En el caso de la disquería Zivals, que emplea a 33 personas y posee un catálogo de 50.000 títulos, la expropiación total generó un fuerte rechazo de sus dueños. Desde la empresa señalaron que el inmueble, que recientemente inauguró un mural de Martín Ron en homenaje a Charly García, tiene un valor de mercado cercano a los 7 millones de dólares y representa un polo cultural con 55 años de historia que no debería reducirse a un simple vestíbulo de combinación entre las líneas B y F.
Contexto
La planificación de la Línea F no es una novedad en la agenda de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, sino una deuda pendiente que arrastra más de dos décadas de postergaciones técnicas y financieras. Su traza fue establecida originalmente mediante la Ley 670 en el año 2001, un marco normativo que diseñó la expansión de la red subterránea para alcanzar una cobertura integral del área metropolitana. Posteriormente, en 2008, la Ley 2710 ratificó la prioridad de este corredor, que promete ser el de mayor demanda de toda la red debido a su recorrido transversal. A pesar de estos antecedentes legales, las sucesivas administraciones enfrentaron dificultades para obtener el financiamiento externo necesario para una obra de tal magnitud. La gestión actual busca romper esta inercia mediante un pedido simultáneo de autorización para tomar deuda pública, lo que permitiría licitar los primeros pliegos de ingeniería básica y civil tras años de estudios preliminares realizados por la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires).
El entorno urbano de las zonas afectadas también presenta realidades dispares que justifican, según el Gobierno, la intervención estatal. Por un lado, el Mercado San Cristóbal, inaugurado originalmente en 1887 y rediseñado en 1945 por los arquitectos Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, se encuentra clausurado desde hace cuatro años debido a conflictos judiciales y deterioro edilicio. Por otro lado, en la zona de Recoleta, sobre la avenida Las Heras, se identificaron cuatro edificios de baja altura, incluyendo la sede de la institución española El Hogar de Ribadumia, fundada en 1922. La elección de estos puntos responde a un criterio de “degradación urbana” o “bajo costo relativo” en comparación con torres de gran altura, buscando minimizar el impacto social de los desplazamientos. Sin embargo, la falta de notificaciones formales a los propietarios de locales gastronómicos en Las Heras y Junín, o a los jubilados del centro Manuel Dorrego en la calle Cochabamba, generó un clima de incertidumbre sobre los plazos reales de ejecución.
Impacto
La concreción de la Línea F transformará radicalmente la movilidad en el eje norte-sur, afectando directamente a los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo. Se estima que, una vez operativa, la línea transportará a cientos de miles de pasajeros diarios, aliviando la congestión de las líneas A, B y D mediante nodos de combinación estratégicos. No obstante, el impacto inmediato se sentirá en el tejido comercial y patrimonial de las zonas expropiadas. La desaparición de espacios como Zivals o la transformación del Mercado San Cristóbal en un posible centro cultural gestionado por la Ciudad altera la identidad barrial y genera tensiones sobre el valor del patrimonio histórico frente a la modernización de la infraestructura. Fuentes del Ministerio de Economía porteño indicaron que la recuperación del entorno urbano en zonas críticas como la traza bajo la autopista en Constitución es una prioridad para revitalizar áreas actualmente degradadas.
Desde el punto de vista económico, la expropiación de estas 12 parcelas y la afectación de los subsuelos de otras 26 propiedades implican un proceso administrativo complejo bajo la Ley 238. Los propietarios afectados deberán entrar en una etapa de tasación por parte del Banco Ciudad, lo que suele derivar en litigios judiciales si los montos ofrecidos no coinciden con las expectativas del mercado. Además, la autorización para tomar deuda por US$1.350 millones comprometerá las finanzas porteñas a largo plazo, en un contexto macroeconómico nacional donde el acceso al crédito internacional sigue siendo restringido. Para los vecinos de San Cristóbal y los puesteros del mercado, la medida representa una última oportunidad de reactivación, aunque temen que el proyecto de subte desvirtúe la función comercial original del predio en favor de un uso puramente institucional o de tránsito.
El próximo paso legislativo será el tratamiento del proyecto en las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano, donde se espera la presencia de funcionarios de SBASE para explicar el detalle técnico de cada expropiación. El oficialismo busca obtener el consenso necesario antes del cierre del período de sesiones ordinarias para iniciar los procesos licitatorios en 2025. Mientras tanto, los propietarios de los inmuebles afectados, como los responsables de la disquería Zivals, ya adelantaron que buscarán canales de diálogo para proponer alternativas técnicas que preserven las estructuras históricas sin impedir el avance de la red de transporte más esperada por los porteños.
