El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional publicará este viernes en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), actualmente bajo control estatal.
La operación financiera diseñada por el Palacio de Hacienda tiene como objetivo principal la captación de USD 500 millones mediante la transferencia de la mayoría accionaria a un operador estratégico privado. Según detallaron fuentes del Ministerio de Economía, estos fondos serán destinados a reforzar la posición de reservas internacionales para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para el segundo semestre del año. No obstante, operadores del mercado financiero advirtieron que los tiempos administrativos del proceso licitatorio, que se extendería por al menos tres meses, impedirán que el ingreso de divisas coincida con el compromiso de pago de julio, el cual asciende a USD 4.200 millones. El esquema propuesto contempla que el Estado nacional se desprenda de casi la totalidad de su participación, mientras que el 10% restante de las acciones permanecerá bajo el Programa de Propiedad Participada en manos de los empleados de la firma.
El proceso de selección del nuevo concesionario no se limitará exclusivamente a empresas del sector hídrico. De acuerdo con los lineamientos técnicos que se conocerán mañana, el pliego habilitará la participación de compañías con experiencia comprobable en la operación de servicios públicos de diversa índole, siempre que demuestren solvencia económica y capacidad técnica para liderar la expansión de la red. Desde el entorno del ministro Caputo indicaron que la llegada de un socio privado es la vía necesaria para inyectar recursos en infraestructura que el sector público no priorizó en gestiones anteriores. Actualmente, AySA presta servicios de agua potable y saneamiento cloacal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando una cobertura del 85% en agua y del 70% en cloacas, cifras que el Ejecutivo pretende elevar mediante un plan de inversión privada a largo plazo.
La justificación política de la medida se centra en la reestructuración del rol del Estado en las empresas de servicios. El titular de la cartera económica sostuvo que la privatización busca terminar con el uso de las compañías públicas como instrumentos de financiación política, transformando al Estado en un ente regulador que garantice reglas claras y promueva la competencia. En términos operativos, el cronograma oficial prevé que, tras la publicación de los pliegos, se abra una ventana de 90 días para la presentación de ofertas y la evaluación de antecedentes. Fuentes cercanas a la operación estiman que el nombre de la empresa adjudicataria se conocerá recién durante el segundo semestre de 2025, una vez que se verifiquen los requisitos de solvencia y se analicen las propuestas económicas presentadas en la licitación pública internacional.
Contexto
La privatización de AySA se produce en un escenario de fuerte tensión tarifaria y desequilibrio financiero dentro de la compañía. Durante el año 2025, el Ministerio de Economía aplicó una política de contención de precios que limitó los aumentos al 1% mensual, lo que derivó en un atraso tarifario acumulado del 21% al cierre de ese ejercicio. Si bien la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas había establecido una fórmula polinómica basada en salarios, precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la necesidad de desacelerar la inflación obligó a postergar la aplicación plena de dicho mecanismo. Ante esta situación, la empresa informó un déficit proyectado de $205.000 millones, lo que aceleró la decisión de la Casa Rosada de transferir la operación al sector privado para aliviar la carga sobre el Tesoro Nacional.
Históricamente, la gestión del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha pasado por diversos modelos de administración. Tras la reestatización de la empresa en 2006, el financiamiento de las obras de expansión dependió casi exclusivamente de transferencias directas del Estado nacional y créditos de organismos multilaterales. Sin embargo, la actual administración considera que este modelo se encuentra agotado debido a la restricción fiscal vigente. La publicación de los pliegos este viernes representa el primer paso concreto de un programa más amplio de desestatización que el oficialismo busca implementar en sectores estratégicos, amparándose en la necesidad de modernizar la infraestructura básica y reducir el gasto público corriente destinado a subsidiar el funcionamiento operativo de las prestatarias.
Impacto
El cambio de titularidad de AySA tendrá un efecto directo sobre el esquema de facturación que percibirán los usuarios en los próximos años. Según lo dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución N° 14/26, se fijó un tope de incremento mensual del 3% para el periodo mayo-agosto de 2026, con el fin de acompañar la tendencia a la baja de la inflación general. No obstante, la llegada del nuevo operador privado implicará una revisión integral del plan de acción. Fuentes al corriente de la operación confirmaron que, si bien se mantendrá la fórmula polinómica vigente hasta 2027, el inicio del primer ciclo quinquenal de gestión privada obligará a renegociar las metas de inversión y, consecuentemente, la estructura de costos que determinará las tarifas de la próxima década.
Para el mercado financiero, la venta de AySA funciona como una señal de cumplimiento del programa económico del Gobierno, aunque el monto de USD 500 millones es considerado modesto en comparación con las necesidades de financiamiento externo del país. El impacto real se medirá en la capacidad del nuevo dueño para ejecutar obras de saneamiento pendientes en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, zonas donde la falta de inversión ha sido crítica en los últimos años. La transición hacia un modelo de gestión privada supone también un desafío para el mantenimiento de los niveles de subsidios cruzados y la tarifa social, elementos que deberán ser ratificados o modificados por el ERAS una vez que se formalice el traspaso de la concesión y se presente el nuevo plan de obras obligatorias.
El proceso que se inicia mañana con la publicación en el Boletín Oficial abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la plantilla de empleados y la calidad del servicio durante la transición. El próximo paso clave será la apertura de los sobres con las ofertas técnicas, prevista para el tercer trimestre del año, donde se definirá qué grupos económicos están dispuestos a asumir el riesgo de operar uno de los servicios públicos más sensibles del país. La tensión pendiente radica en la capacidad del Gobierno para atraer inversores de peso en un contexto de volatilidad económica, mientras la oposición y los sindicatos del sector ya han manifestado sus reparos ante la pérdida de control estatal sobre un recurso estratégico como el agua potable.
