El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), con el objetivo de recaudar US$500 millones destinados al pago de deuda pública.
La medida contempla la venta del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado Nacional, según detallaron fuentes del Palacio de Hacienda. El titular de la cartera económica explicó que la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa resulta fundamental para impulsar nuevas inversiones y expandir la red de servicios. De acuerdo con los lineamientos oficiales, el Gobierno busca desprenderse de la gestión directa de la compañía para fomentar un modelo de competencia y eficiencia privada, bajo la premisa de que el Estado debe abandonar su rol en empresas públicas que históricamente funcionaron como estructuras de financiamiento político. La operación se enmarca en el programa de reformas estructurales que impulsa la administración de Javier Milei para reducir el déficit fiscal y sanear las cuentas del Tesoro.
La empresa Aysa es un activo crítico para la infraestructura del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que presta servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Su cobertura alcanza a más de 15 millones de personas, con una infraestructura que incluye una red de agua de 27.000 kilómetros y una red de cloacas de aproximadamente 19.000 kilómetros. Operadores del mercado señalaron que el pliego establecerá un esquema de autosustentabilidad económica, donde las tarifas deberán cubrir no solo los costos operativos y de mantenimiento, sino también los planes de expansión de redes e inversiones futuras. Este cambio de paradigma implica el fin definitivo de los subsidios generalizados que sostuvieron la operación de la empresa durante la última década, trasladando el costo real del servicio a la facturación final de los usuarios.
El proceso de venta se apoya en un nuevo contrato de concesión que el Poder Ejecutivo aprobó recientemente y que funcionará como la base regulatoria para los próximos años. Este marco jurídico tendrá una vigencia inicial de 30 años, con una opción de prórroga por otros 10 años adicionales, reemplazando la normativa que regía desde el año 2010. Alejo Maxit, presidente de Aysa, sostuvo que este cambio no representa una modificación superficial, sino que constituye el andamiaje legal necesario para una transformación permanente de la compañía. Según datos de la propia empresa, desde el inicio de 2024 la firma logró cubrir el 100% de sus costos operativos con ingresos propios derivados de la facturación, eliminando la necesidad de asistencia financiera corriente por parte del Tesoro Nacional, un hito que el oficialismo considera clave para atraer inversores internacionales.
Contexto
La privatización de Aysa ocurre tras un periodo de fuerte ajuste en los cuadros tarifarios y una reestructuración interna profunda. Según informes del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA Conicet), la factura de agua en el AMBA experimentó un incremento acumulado del 418% desde diciembre de 2023. Este ajuste respondió a la política de quita de subsidios y a la necesidad de equilibrar las cuentas de una empresa que, hasta el año pasado, dependía sistemáticamente de giros discrecionales del Estado. En los meses previos a este anuncio, el Gobierno decidió moderar el ritmo de las subas, pasando de incrementos mensuales del 4% entre enero y abril a un tope del 3% mensual entre mayo y agosto, buscando una adecuación gradual que no impacte de forma desmedida en el índice de inflación general.
Históricamente, el servicio de agua en Buenos Aires ha pasado por diversos modelos de gestión. Tras la privatización en la década de 1990 bajo el nombre de Aguas Argentinas, la empresa fue reestatizada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, dando origen a la actual Aysa. Durante casi dos décadas, la compañía operó bajo un esquema de congelamiento tarifario relativo y expansión de red financiada íntegramente por el presupuesto nacional. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura y la falta de inversión genuina llevaron a la actual administración a considerar que el ciclo estatal está agotado. El nuevo contrato de concesión también endurece las condiciones frente a la morosidad, permitiendo el corte del servicio para usuarios residenciales que no cumplan con los pagos, aunque esta facultad se encuentra actualmente bajo revisión y suspensión por parte de medidas cautelares en el ámbito judicial.
Impacto
La salida del Estado de Aysa representa un giro radical en la política de servicios públicos de la Argentina. Para los 15 millones de usuarios del AMBA, esto significará una relación directa con un prestador privado donde la tarifa será el único motor de financiamiento de las obras. El impacto inmediato se verá en la calidad de la inversión; el Gobierno asegura que un operador privado podrá acceder a mercados de crédito internacionales que hoy están vedados para una empresa pública deficitaria. No obstante, el nuevo esquema establece que hasta el año 2031 no habrá revisiones integrales de tarifas, manteniendo únicamente mecanismos de actualización periódica por costos y revisiones extraordinarias en caso de saltos inflacionarios o devaluatorios significativos que alteren la ecuación económica del contrato.
Desde el punto de vista macroeconómico, el ingreso de US$500 millones por la venta de las acciones proporcionará un alivio momentáneo a las reservas y ayudará a cumplir con los compromisos de deuda externa en un año de alta exigencia financiera. Además, la eliminación de la asistencia estatal a Aysa supone un ahorro estructural para el presupuesto nacional, alineado con el objetivo de déficit cero. En el ámbito laboral y operativo, la privatización genera incertidumbre sobre el futuro de los miles de empleados de la compañía y el mantenimiento de las obras de expansión en las zonas más vulnerables del conurbano, donde la rentabilidad del servicio es menor y la inversión suele requerir de aportes estatales o créditos de organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial.
El proceso licitatorio que comienza mañana marcará el pulso del interés real de los capitales extranjeros por los activos argentinos. El éxito de esta operación será tomado como un termómetro para otras privatizaciones pendientes en la agenda oficial, como las de las empresas ferroviarias o el sector energético. El próximo paso será la apertura de los sobres con las ofertas técnicas y económicas, un evento que el Ministerio de Economía planea concretar antes de fin de año para consolidar el traspaso de mando de la mayor operadora de agua del país a manos privadas a comienzos de 2025.
