La exministra de Salud, Carla Vizzotti, negó ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli haber tenido participación en la redacción de la Ley 27.573, normativa que postergó la adquisición de vacunas de Pfizer durante la pandemia.
Durante su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, la exfuncionaria que lideró la cartera sanitaria entre 2021 y 2023 presentó un escrito detallado donde buscó desvincularse de las decisiones legislativas y de las negociaciones contractuales con Rusia y laboratorios locales. Según el documento entregado a las autoridades judiciales, Vizzotti sostuvo que sus responsabilidades se limitaron exclusivamente a cuestiones técnicas, epidemiológicas y sanitarias. En este sentido, precisó que su labor consistió en el análisis de información científica, la caracterización de las plataformas de las vacunas, la evaluación de criterios de eficacia y seguridad, y el diseño de las estrategias de logística y distribución en todo el territorio nacional. La exministra evitó responder preguntas de la fiscalía, centrando su defensa en que la arquitectura legal de las compras fue responsabilidad de otras áreas del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación.
El eje del conflicto judicial radica en la inclusión de la palabra “negligencia” dentro del texto de la ley de vacunas, un término que, según la acusación, bloqueó el acuerdo con Pfizer por no cumplir con los estándares de indemnidad que la farmacéutica estadounidense exigía a nivel global. Vizzotti reveló en su escrito que, ante la imposibilidad de avanzar con Pfizer bajo ese marco normativo, el entonces ministro Ginés González García solicitó la intervención directa de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, encabezada en aquel momento por Vilma Ibarra. La exministra argumentó que mientras laboratorios como AstraZeneca, el Instituto Gamaleya de Rusia y fabricantes chinos aceptaron las condiciones de la Ley 27.573, Pfizer manifestó que la norma era insuficiente para satisfacer sus requerimientos jurídicos, una situación que, según recordó, fue admitida públicamente por directivos de la propia compañía en diversas instancias legislativas.
Contexto
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por un grupo de entonces diputados de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentran Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Omar de Marchi. Los legisladores acusaron la existencia de una “matriz de corrupción” y un presunto favoritismo hacia laboratorios con socios locales, como el caso de Hugo Sigman, propietario de mAbxience. Según los datos que constan en el expediente, el laboratorio Pfizer habría ofrecido inicialmente 13,3 millones de dosis, mientras que el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud disponía de otras 25 millones de dosis para la Argentina. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el Gobierno nacional priorizó acuerdos con AstraZeneca y Sinopharm, vinculados a empresarios locales, relegando a proveedores que no contaban con intermediarios nacionales en sus estructuras de representación.
En el marco de estos antecedentes, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Vizzotti por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias. La acusación pone el foco en el contrato celebrado en octubre de 2020 con AstraZeneca para la compra de 11 millones de dosis, por las cuales el Estado Nacional habría desembolsado un anticipo del 60% del valor total en noviembre de ese año, sin que las vacunas fueran entregadas en los plazos previstos originalmente. Asimismo, la justicia investiga los vínculos entre la Fundación Huésped, dirigida por el doctor Pedro Cahn —quien fuera asesor presidencial—, y la participación de Vizzotti en dicha entidad, en relación con las pruebas clínicas y la representación en el país de la vacuna china Sinopharm a través de la empresa ELEA, también vinculada al grupo de Sigman.
Impacto
La declaración de Vizzotti tiene un impacto directo en la estructura de la causa, ya que traslada la responsabilidad de las trabas legales hacia la cúpula política de la Casa Rosada y hacia el bloque oficialista en el Congreso. Al señalar que la Secretaría Legal y Técnica y el propio Ministerio de Salud bajo la gestión de González García fueron los encargados de buscar “soluciones normativas adicionales”, la exministra intenta establecer un cordón sanitario sobre su propia gestión. No obstante, para los investigadores, el retraso en la llegada de las vacunas de tecnología ARN mensajero (como Pfizer) tuvo consecuencias concretas en el plan de inmunización nacional durante los meses de mayor mortalidad de la segunda ola de contagios en 2021. La demora obligó al país a depender casi exclusivamente de las dosis de Sputnik V y AstraZeneca, cuyas entregas sufrieron irregularidades logísticas y diplomáticas de público conocimiento.
Por otro lado, el impacto institucional de esta indagatoria reabre el debate sobre la transparencia en las contrataciones directas realizadas bajo el amparo de la emergencia sanitaria. La fiscalía busca determinar si la inclusión del término “negligencia” en la ley, impulsada en la Cámara de Diputados por la legisladora Cecilia Moreau, fue una maniobra deliberada para favorecer a ciertos proveedores en detrimento de otros. Según fuentes judiciales, el análisis de los correos electrónicos y las comunicaciones entre el Ministerio de Salud y los laboratorios será clave para verificar si existió un desvío de poder que buscara beneficiar a terceros, tal como sostiene la denuncia original de los diputados opositores, quienes señalaron que el Estado pagó sumas millonarias por adelantado a laboratorios con socios locales sin garantías de cumplimiento inmediato.
El proceso judicial continuará con el análisis del escrito presentado por Vizzotti y la posible citación de otros exfuncionarios de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de Salud. El juez Ariel Lijo deberá evaluar si las pruebas recolectadas hasta el momento, que incluyen informes de auditoría y testimonios de representantes de las farmacéuticas, son suficientes para procesar a la exministra o si, por el contrario, su rol se limitó efectivamente a los aspectos técnicos que describió en su defensa. Mientras tanto, la tensión política persiste en torno a la gestión de la pandemia, con la lupa puesta en los contratos que aún permanecen bajo cláusulas de confidencialidad y en el rol que jugaron los asesores científicos en la toma de decisiones comerciales del Estado Nacional.
