El Gobierno nacional selló este jueves un incremento salarial del 6,64% para los empleados públicos hasta agosto, tras obtener el aval de UPCN y el rechazo de ATE en la mesa de negociación de la Secretaría de Trabajo.
El esquema de actualización salarial acordado entre los representantes del Poder Ejecutivo y el gremio mayoritario, conducido por Andrés Rodríguez, establece un cronograma de tres tramos acumulativos para el próximo trimestre. Según detallaron fuentes de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, los trabajadores estatales percibirán una suba del 2,4% en junio, seguida de un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto. Adicionalmente, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 por única vez para el mes de agosto, el cual tendrá carácter remunerativo, lo que implica que estará sujeto a aportes y contribuciones de ley. Esta medida busca compensar la dinámica inflacionaria que, según datos oficiales del INDEC, acumuló un 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, con una última medición mensual del 2,1% registrada en mayo.
La negociación evidenció nuevamente la fractura sindical en el sector público nacional. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) suscribió el acta acuerdo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su postura de confrontación. Desde Moscú, donde participa de un encuentro con dirigentes sindicales internacionales, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como insuficiente y denunció un proceso de “empobrecimiento planificado”. Según los cálculos técnicos presentados por el gremio estatal, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos durante la actual administración libertaria alcanza el 43%. Aguiar sostuvo que el Gobierno ha confiscado, en términos reales, un promedio de $12.000.000 a cada trabajador estatal desde el inicio de la gestión, advirtiendo que la firma de este acuerdo profundizará la conflictividad gremial y las medidas de fuerza en las dependencias nacionales.
Por su parte, los equipos técnicos de UPCN coinciden parcialmente en el diagnóstico sobre el deterioro de los ingresos, aunque optaron por la vía del acuerdo para evitar una parálisis mayor. Desde el gremio de Rodríguez estiman que la pérdida salarial para quienes integran el Convenio Colectivo General ronda el 40%, mientras que para aquellos bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) —que incluye a personal de ministerios y organismos descentralizados— la caída se ubica en el 35%. En contraste, las cifras que maneja el Ministerio de Economía son más moderadas: para los trabajadores del Sinep, la administración de Javier Milei calcula una pérdida real del 32%. Esta diferencia de casi diez puntos porcentuales entre las mediciones oficiales y las sindicales ha sido el principal escollo en las mesas de negociación técnica desarrolladas en las últimas semanas.
Contexto
Este acuerdo paritario se inscribe en un marco de fuerte ajuste del gasto público y una política de racionalización de la planta estatal que ha generado tensiones constantes desde diciembre pasado. La administración central ha mantenido una premisa de incrementos mensuales o bimestrales que sigan de cerca la curva descendente de la inflación, evitando indexaciones que superen las proyecciones del Palacio de Hacienda. El escenario actual muestra una desaceleración de los precios respecto al inicio del año, pero el arrastre de los meses previos continúa presionando sobre la canasta básica de los empleados públicos. A esto se suma la vigencia del Decreto 931/2025, firmado el 2 de enero de este año, que vincula directamente los aumentos de la paritaria estatal con las retribuciones de la alta jerarquía política.
Históricamente, las paritarias de la administración pública nacional han funcionado como un caso testigo para las provincias y municipios. Sin embargo, la particularidad de la gestión actual radica en la aplicación del artículo 3 de dicho decreto, que establece que cualquier porcentaje homologado en la comisión negociadora del convenio colectivo se traslada automáticamente a las autoridades superiores. Este mecanismo de actualización automática fue diseñado para ordenar la escala salarial del Estado, pero ha quedado bajo la lupa pública debido a la magnitud de los sueldos en los niveles de decisión política, en un momento donde el discurso oficial promueve la austeridad y el recorte de los privilegios de la denominada “casta”.
Impacto
El impacto inmediato de este acuerdo no solo se sentirá en los bolsillos de los empleados de base, sino que elevará significativamente el costo de la estructura política del Poder Ejecutivo. Al aplicarse el 6,64% sobre las retribuciones de mayo, los sueldos brutos de los funcionarios experimentarán un salto notable. Un ministro o el jefe de Gabinete, que en mayo percibieron $8.020.866 brutos, verán actualizados sus haberes de forma proporcional. Lo mismo ocurrirá con los secretarios de Estado, cuyos salarios partían de los $7.346.575, y los subsecretarios, que percibían $6.672.510. Es importante señalar que, por decisión del Poder Ejecutivo, el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación mantienen sus salarios congelados, quedando exceptuados de esta actualización automática que beneficia al resto del gabinete.
Para el trabajador promedio del sector público, el bono de $50.000 en agosto representa un alivio temporal, pero no logra revertir la tendencia de caída del salario real frente a una inflación que, aunque a la baja, sigue acumulando dos dígitos en el año. La decisión de ATE de no firmar el acuerdo y denunciar la situación ante organismos internacionales en Rusia marca un nuevo pico de tensión en la relación laboral. Operadores del mercado laboral señalan que este rechazo podría traducirse en paros sectoriales y asambleas permanentes en organismos clave como el ANSES, el PAMI o los ministerios con mayor dotación de personal, afectando la normal prestación de servicios públicos en los meses de invierno.
El próximo paso en la agenda laboral del Gobierno será la revisión de estos números a finales de agosto, cuando las partes vuelvan a sentarse para negociar el último cuatrimestre del año. La tensión pendiente radica en si el Ejecutivo podrá mantener su pauta de incrementos por debajo de la inflación proyectada sin que la conflictividad social desborde los límites de la negociación paritaria. Con el gremio ATE en pie de guerra y UPCN manteniendo un equilibrio precario, la paz social en la administración pública dependerá estrictamente de que la inflación de junio y julio confirme la tendencia a la baja que espera el equipo económico.
