Diputados del bloque peronista presentaron esta semana un proyecto de ley para adherir al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre economía de plataformas, con el objetivo de modificar el marco regulatorio sancionado recientemente por el Congreso Nacional.
La iniciativa, encabezada por los legisladores Kelly Olmos, Cristian Andino y Hugo Moyano (h), junto a Marina Salzmann, busca integrar el “Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas” promulgado por la OIT el pasado 12 de junio. El texto propone una revisión profunda de la figura del trabajador de delivery y transporte, quienes actualmente operan bajo el régimen de la Ley de Bases. Según fuentes parlamentarias vinculadas al bloque opositor, la intención es elevar los estándares de protección social y representación gremial de un sector que abarca a cientos de miles de prestadores en todo el territorio argentino, contraponiéndose a la redacción impulsada por el Poder Ejecutivo que categoriza a estos trabajadores como proveedores independientes.
El proyecto opositor consta de dos artículos fundamentales: la adhesión formal al tratado internacional y la elevación al Poder Ejecutivo para su ratificación. Los autores del texto señalaron que la normativa vigente, si bien establece obligaciones para las empresas como la libertad de conexión y capacitaciones gratuitas en seguridad vial, deja vacíos críticos en materia de seguridad social y negociación colectiva. De acuerdo con operadores del sector legislativo, la propuesta enfrenta un escenario complejo en la Cámara de Diputados, dado que la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), no ha convocado a reuniones de debate desde el mes de marzo, lo que mantiene la iniciativa en un estado de parálisis administrativa frente a la agenda oficialista.
Contexto
La regulación del trabajo en plataformas digitales ha sido un eje de conflicto permanente en la política laboral argentina de los últimos años. El antecedente inmediato es la reforma laboral incluida en la Ley de Bases, que definió a los repartidores y conductores como trabajadores autónomos con libertad de conexión, eliminando la presunción de relación de dependencia. Bajo este esquema, las plataformas deben garantizar seguros de accidentes personales, pero la responsabilidad del costo y la provisión de estos seguros queda sujeta a un “libre acuerdo entre las partes”, lo que en la práctica traslada la carga burocrática al eslabón más débil de la cadena. Este modelo se diferencia de los intentos previos de las provincias por legislar de forma autónoma, creando un mapa normativo fragmentado que la reforma nacional intentó unificar bajo criterios de flexibilidad.
A nivel internacional, el convenio de la OIT es el resultado de dos años de negociaciones intensas entre representantes de cámaras empresariales, delegaciones gubernamentales y organizaciones sindicales de los 187 Estados miembros del organismo. Se trata del primer tratado internacional de carácter vinculante diseñado específicamente para este sector. En Argentina, los diputados Olmos, Andino y Moyano ya habían intentado introducir estas salvaguardas en el Título IV del dictamen de minoría durante el debate de la reforma laboral en febrero, pero sus propuestas fueron descartadas en favor del texto libertario. La aparición de este nuevo estándar global en junio reactivó el reclamo de los sectores gremiales que ven en la normativa internacional una herramienta para revertir la desregulación local.
Impacto
La adopción del convenio de la OIT tendría consecuencias directas sobre la estructura de costos de empresas como Rappi, PedidosYa y Uber, ya que el tratado establece que las plataformas son las responsables primarias de asegurar que los trabajadores tengan acceso a protección social en condiciones no menos favorables que el resto de los asalariados. Esto choca frontalmente con el sistema actual, donde el trabajador es el único responsable de su inscripción fiscal y aportes jubilatorios. Además, el convenio internacional introduce el derecho a la negociación colectiva por ingresos, un punto que la legislación argentina actual omite deliberadamente para evitar el reconocimiento de la personería gremial en el sector de plataformas digitales.
Otro impacto significativo reside en la gobernanza de los algoritmos. El estándar de la OIT exige que, ante decisiones automatizadas que resulten en la suspensión de cuentas o la omisión de pagos, los trabajadores tengan derecho a una revisión humana y a mecanismos de solución de conflictos equitativos. Si bien la reforma del Gobierno nacional menciona la necesidad de canales de atención, el proyecto de los diputados peronistas busca que estos mecanismos sean vinculantes y transparentes. Según analistas del mercado laboral, la implementación de estas medidas obligaría a las compañías a reconfigurar sus sistemas de asignación de pedidos y penalidades, otorgando mayor estabilidad a los prestadores pero incrementando potencialmente los costos operativos de las aplicaciones en el mercado interno.
El futuro de la iniciativa depende ahora de la dinámica política en la Cámara Baja y de la presión que puedan ejercer las organizaciones de trabajadores de plataformas. Por el momento, la parálisis de la Comisión de Legislación del Trabajo sugiere que el proyecto no tendrá un tratamiento inmediato, dejando la regulación vigente como el único marco legal aplicable. Sin embargo, la existencia de un tratado internacional vinculante abre la puerta a futuras presentaciones judiciales por parte de sindicatos que busquen declarar la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la reforma laboral argentina por incumplimiento de los estándares mínimos de la OIT. El próximo paso clave será la conformación de una mesa de diálogo que el oficialismo aún no parece dispuesto a habilitar.
