El Senado de la Nación rindió este jueves un homenaje a las víctimas de femicidios tras la movilización Ni Una Menos, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos entre Unión por la Patria y el oficialismo.
La jornada legislativa comenzó con un minuto de silencio impulsado por el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, en memoria de Agostina Vega y otras víctimas recientes. Sin embargo, el clima de consenso inicial se disipó rápidamente cuando la senadora rionegrina Ana Marks, perteneciente a Unión por la Patria, vinculó la lucha feminista con la situación judicial de la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Marks sostuvo ante el recinto que la movilización del día anterior también sirvió para acompañar a la exmandataria, a quien calificó como una dirigente injustamente detenida. Según la legisladora, el Poder Judicial actúa como una herramienta de disciplinamiento contra una mujer poderosa para impedir su participación en las urnas, enmarcando el proceso judicial en una lógica de persecución por razones de género. Fuentes parlamentarias indicaron que este planteo generó malestar inmediato en las bancadas opositoras y oficialistas, que consideraron la intervención como un intento de partidizar un reclamo social transversal.
La respuesta institucional llegó de la mano de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, quien rechazó de plano la equiparación entre los delitos de corrupción y la violencia de género. Bullrich, apoyada en datos técnicos, contrapuso el discurso político con cifras oficiales que indican una reducción del 25% en la tasa de femicidios durante los últimos dos años. La senadora atribuyó esta mejora estadística al fortalecimiento de las leyes penales, la implementación de registros de violadores y el endurecimiento de las penas mediante la ley antimafia. Durante su alocución, enfatizó que la verdadera política se manifiesta en los números y no en las consignas partidarias, instando a sus pares a no arrogarse la propiedad de una problemática que afecta a toda la sociedad argentina. Operadores del mercado legislativo señalaron que el oficialismo buscó con este movimiento desplazar el eje de la discusión desde lo simbólico hacia la gestión de seguridad y justicia.
El debate escaló con la intervención de Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, quien cuestionó que se utilizara la estadística para relativizar el sentido de la marcha en las calles. Di Tullio celebró que el oficialismo utilizara el término femicidio en lugar de homicidio, pero advirtió sobre el riesgo de bastardear lo sucedido en la plaza pública. En la misma línea, el senador chubutense Carlos Linares reforzó la postura del bloque kirchnerista al señalar que el reclamo de Ni Una Menos es un grito de justicia y no una mera planilla de datos. Por su parte, el senador radical Eduardo Vischi intentó mediar en la disputa solicitando madurez política a sus colegas. Vischi remarcó que la sociedad argentina demanda soluciones conjuntas y que la utilización partidaria de las víctimas solo profundiza la brecha institucional, alejando al Congreso de su función de articular políticas de Estado eficientes entre los distintos niveles de gobierno.
Contexto
La discusión en el Senado se produce en un momento de alta sensibilidad social, apenas 24 horas después de una nueva marcha federal bajo la consigna Ni Una Menos, que desde 2015 se ha convertido en un hito del calendario civil argentino. El femicidio de Agostina Vega, ocurrido recientemente, actuó como el catalizador de este nuevo reclamo que exige mayor presupuesto para políticas de prevención y una reforma judicial con perspectiva de género. Históricamente, el movimiento feminista en Argentina ha logrado hitos legislativos como la Ley Micaela y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero la polarización política ha comenzado a permear estas agendas. Según analistas de la consultora de políticas públicas Equis, la vinculación de la figura de Cristina Kirchner con la violencia política de género no es nueva en el discurso de Unión por la Patria, que busca encuadrar las causas judiciales por corrupción (como la Causa Vialidad) dentro de un esquema de lawfare con sesgo machista.
Por otro lado, el enfoque del oficialismo en la baja del 25% de los casos responde a una estrategia de comunicación basada en la seguridad pública. Desde el Ministerio de Seguridad y las carteras de justicia provinciales se ha impulsado una agenda de mano dura que incluye la unificación de bases de datos de antecedentes penales y la aceleración de juicios por delitos sexuales. Este choque de visiones en el Senado refleja la fractura entre una concepción de la violencia de género como un problema estructural de poder político y social, defendida por el kirchnerismo, y una visión centrada en la punitividad y la eficiencia del sistema penal, sostenida por el bloque oficialista y sectores aliados. El antecedente inmediato de este cruce fue la discusión presupuestaria sobre los programas de asistencia a las víctimas, que han sufrido recortes en el marco del ajuste fiscal nacional, generando críticas de organizaciones civiles.
Impacto
El impacto de este enfrentamiento legislativo es múltiple y afecta tanto la agenda parlamentaria como la percepción pública de las instituciones. En primer lugar, la falta de un consenso unánime en un tema tradicionalmente aglutinador como la violencia de género sugiere que las futuras leyes relacionadas con la protección de mujeres podrían enfrentar trabas ideológicas insalvables en las comisiones. Fuentes del Ministerio de Justicia advirtieron que la politización extrema de las estadísticas de femicidios puede derivar en una desconfianza hacia los datos oficiales, dificultando la implementación de políticas basadas en evidencia. Para el ciudadano, la imagen de un Senado dividido por intereses partidarios durante un homenaje a víctimas de asesinato refuerza la sensación de desconexión entre la clase política y las urgencias de la seguridad ciudadana.
Asimismo, el debate pone de manifiesto la tensión sobre el rol del Poder Judicial. Mientras una parte del arco político lo señala como un actor de persecución, la otra lo defiende como el garante de la baja en la criminalidad a través del endurecimiento de las penas. Este clima de confrontación impacta directamente en la operatividad de las leyes vigentes, ya que la aplicación de protocolos de género requiere una coordinación fluida entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que hoy parece estar comprometida por la retórica de la confrontación. La utilización de la figura de la exvicepresidenta en este marco también tensiona las relaciones dentro de los bloques opositores no kirchneristas, como la UCR y el bloque federal, que se ven obligados a tomar posición en una disputa que consideran ajena al foco principal de la problemática de género.
Hacia adelante, el Senado tiene pendiente el tratamiento de proyectos clave como la actualización de la ley de trata y la creación de nuevos juzgados especializados. El próximo paso será observar si las comisiones de Justicia y de Mujer, Género y Diversidad logran retomar una agenda de trabajo técnica o si el recinto continuará siendo el escenario de una disputa simbólica sobre el liderazgo de Cristina Kirchner y la efectividad de las políticas de seguridad. La próxima convocatoria del Consejo Federal de Seguridad será determinante para validar o cuestionar la cifra del 25% de reducción de femicidios esgrimida por Bullrich, lo que podría reavivar o saldar parte de esta controversia legislativa.
