La persistencia de los femicidios en Argentina, con los casos recientes de Chiara Páez y Agostina Vega, reavivó el debate sobre la eficacia de las políticas públicas de protección mientras el Gobierno nacional profundiza el ajuste presupuestario.
El panorama social actual muestra una tensión creciente entre las demandas de igualdad y una gestión que, según datos oficiales y proyecciones de organismos civiles, redujo en un 89% las partidas destinadas a la prevención y asistencia de víctimas de violencia. Esta desinversión ocurre en un marco donde las estadísticas de los últimos 11 años arrojan un saldo trágico de 3.424 muertes por causas vinculadas al género. Desde el Ministerio de Justicia y la cartera de Seguridad, encabezada por Patricia Bullrich, se ha minimizado la especificidad de estas agresiones, calificando en diversas instancias las políticas de género previas como privilegios corporativos o herramientas de posicionamiento político opositor. Esta postura oficial genera una brecha con los movimientos sociales que, desde el surgimiento del colectivo Ni Una Menos en 2015, exigen una respuesta estatal integral ante el miedo invalidante que domina a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad extrema.
En paralelo a la crisis social, el tablero político comenzó a moverse con vistas a las elecciones de 2027, evidenciando fracturas dentro del oficialismo. Patricia Bullrich protagoniza una interna que ya excede las disputas domésticas entre figuras como Karina Milei y Santiago Caputo, perfilándose como una opción con autonomía propia. Según analistas del sector privado y operadores del denominado círculo rojo, la ministra de Seguridad mantiene niveles de imagen positiva que, en ciertos distritos, superan a los del presidente Javier Milei. Esta situación alimenta especulaciones sobre un posible movimiento de escisión apoyado por sectores económicos y aliados internacionales, como Israel y Estados Unidos, quienes observan con atención la capacidad de gestión de Bullrich frente a la volatilidad del estilo presidencial. Sin embargo, el desafío para la funcionaria radica en evitar el fenómeno de falta de diferenciación que afecta a otros dirigentes, logrando despegarse de la figura original sin perder la base electoral que sostiene al Gobierno.
Contexto
La situación actual de la violencia de género en Argentina no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una década de demandas sociales que chocan contra estructuras estatales intermitentes. El grito de Ni Una Menos en 2015 marcó un hito de consenso casi unánime en la sociedad civil, logrando la creación de ministerios y programas específicos que hoy están siendo desmantelados o desfinanciados. A este escenario se suma una presión creciente sobre la libertad de expresión. Recientemente, el Dr. Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, propuso sancionar a periodistas y fuentes que incurran en lo que denominó acoso mediático, cuestionando el alcance de la libertad de prensa. Este tipo de planteos, sumados a la retórica oficial, sugieren para diversos constitucionalistas un retroceso en las garantías democráticas y un intento de silenciar las críticas sobre la gestión de la seguridad y la justicia en casos de alta sensibilidad social.
Por el lado de la oposición, el peronismo busca reorganizarse a través de la figura de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense inició una agenda de proyección nacional que lo llevó a participar en el Congreso de la Sanidad en Córdoba junto a Héctor Daer y a mantener encuentros con mandatarios provinciales como Juan Pablo Valdés en Corrientes. La estrategia de Kicillof apunta a consolidar una red de contención territorial mediante la Federación Argentina de Municipios (FAM), liderada por figuras como Pablo Corsalini, intendente de Pérez en Santa Fe. Corsalini, referente del espacio interno Vamos, sostiene que el justicialismo necesita recuperar la cercanía con el diagnóstico provincial para volver a ser competitivo. Mientras tanto, en el entorno de Cristina Kirchner se barajan nombres para la renovación generacional, incluyendo la posibilidad de alianzas más amplias que abarquen sectores de centroderecha para derogar instrumentos legales clave como el DNU 70/23.
Impacto
El impacto de estas dinámicas es doble: por un lado, la desprotección fáctica de las mujeres ante la falta de recursos estatales y, por otro, la reconfiguración de las alianzas políticas en las provincias. En Córdoba, el femicidio de Agostina Vega ha generado un clima de inestabilidad que podría afectar las chances de reelección del gobernador Martín Llaryora. Este vacío de liderazgo regional abre la puerta a figuras como Luis Juez, quien cuenta con el respaldo explícito de Javier Milei y Mauricio Macri, consolidando un eje de poder que desplaza a otros referentes del PRO y la UCR como Rodrigo de Loredo o Gabriel Bornoroni. La política de seguridad y la respuesta ante la violencia social se han convertido, así, en el principal termómetro electoral para los distritos más grandes del país.
La falta de sutura en las heridas sociales mencionadas por especialistas en sociología criminal advierte que la invisibilización de las víctimas solo multiplica las violencias. Al desconocer la asimetría de poder entre agresor y víctima, el Estado no solo retira el apoyo económico, sino que impone un flagelo de incomprensión que profundiza el trauma social. Para los operadores del mercado y el círculo rojo, la estabilidad política a largo plazo depende de la capacidad del Gobierno para gestionar estos conflictos sin que escalen a crisis de gobernabilidad, especialmente cuando la opinión pública comienza a mostrar signos de agotamiento frente a la polarización extrema y la ausencia de soluciones concretas en materia de seguridad ciudadana.
El próximo martes será una fecha clave para medir el pulso de la resistencia federal, cuando la FAM se reúna en Santa Fe para definir una postura común frente a las políticas nacionales. En ese encuentro se espera que los intendentes de la Región Centro definan si acompañarán el armado de Kicillof o si mantendrán una posición de autonomía negociada con la Casa Rosada. La tensión entre la supervivencia de los derechos sociales conquistados y la nueva arquitectura de poder en Argentina sigue siendo un escenario abierto donde la opinión pública, más que los partidos tradicionales, tendrá la última palabra en la configuración de las candidaturas para el ciclo electoral que se avecina.
