Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron declarados culpables de doble asesinato el 14 de julio de 1921 por un jurado de Dedham, Massachusetts, tras un proceso marcado por la tensión social y el rechazo a la militancia anarquista de los acusados.
El veredicto, que demoró apenas unas horas en ser alcanzado, sentenció a los dos inmigrantes italianos a la silla eléctrica por un crimen ocurrido el 15 de abril de 1920 en South Braintree. Durante el asalto a la fábrica de calzado Slater & Morrill, los atacantes asesinaron a Frederick Parmenter, encargado de la recaudación, y al guardia Alessandro Berardelli para sustraer una suma superior a los 15.000 dólares. Según fuentes judiciales de la época, la detención de Sacco y Vanzetti el 5 de mayo de 1920 se produjo de manera fortuita mientras viajaban en un tranvía portando armas de fuego, lo que alimentó las sospechas iniciales de la policía local a pesar de la falta de pruebas directas que los vincularan con la escena del crimen.
La defensa de los acusados, que en ese momento tenían 29 y 32 años respectivamente, presentó numerosos testigos que ubicaban a los hombres en lugares diferentes al momento del robo. Sin embargo, el fiscal Frederick Katzmann centró su estrategia en la ideología política de los imputados y en pericias balísticas que, de acuerdo con analistas legales contemporáneos, resultaban inconsistentes y poco concluyentes. El juez Webster Thayer, quien presidió el tribunal, fue señalado por su falta de imparcialidad; diversos testimonios posteriores indicaron que el magistrado se refería a los acusados con términos despectivos debido a su condición de extranjeros y militantes anarquistas. Esta atmósfera de hostilidad institucional transformó un caso de robo común en un juicio sobre la lealtad patriótica y el peligro de las ideas revolucionarias en suelo norteamericano.
A pesar de las irregularidades señaladas por los abogados defensores, el sistema judicial de Massachusetts rechazó sistemáticamente cada una de las apelaciones presentadas durante seis años. En 1925, el caso dio un giro inesperado cuando Celestino Madeiros, un delincuente portugués condenado por otro homicidio, confesó que Sacco y Vanzetti no habían participado en el asalto de South Braintree, atribuyendo el hecho a una banda criminal de la región. No obstante, el juez Thayer desestimó esta confesión y se negó a reabrir el debate, una decisión que fue respaldada por la Corte Suprema estatal. La presión internacional creció exponencialmente, sumando el apoyo de figuras de la talla de Albert Einstein, Bertrand Russell y Herbert George Wells, quienes exigieron públicamente la revisión de la condena.
Contexto
El proceso contra Sacco y Vanzetti se desarrolló durante el denominado Primer Terror Rojo (First Red Scare), un período de intensa paranoia anticomunista en Estados Unidos tras la Revolución Rusa de 1917. La sociedad estadounidense de la posguerra experimentaba un profundo temor hacia la expansión de movimientos obreros y anarquistas, lo que derivó en una política de persecución sistemática contra inmigrantes europeos, especialmente italianos y de Europa del Este. En este escenario, las autoridades federales y estatales ejecutaban deportaciones masivas y detenciones arbitrarias bajo la premisa de proteger la seguridad nacional frente a posibles atentados con explosivos y huelgas generales que desafiaban el orden establecido.
Nicola Sacco, un zapatero oriundo de Apulia, y Bartolomeo Vanzetti, un vendedor ambulante de pescado nacido en el Piamonte, representaban el perfil exacto del enemigo interno buscado por el sistema. Ambos habían emigrado en 1908 buscando oportunidades económicas, pero se habían involucrado activamente en círculos anarquistas que cuestionaban la estructura del Estado. Para el Departamento de Justicia y la opinión pública conservadora de Massachusetts, su culpabilidad no residía únicamente en el robo de los 15.000 dólares, sino en su rechazo a los valores tradicionales estadounidenses y su participación en movimientos que promovían transformaciones sociales radicales a través de la acción directa.
Impacto
La ejecución de Sacco y Vanzetti, concretada el 23 de agosto de 1927 en la prisión de Charlestown, generó una ola de indignación global sin precedentes que afectó las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. En ciudades como Buenos Aires, Londres, París y Nueva York, miles de personas se movilizaron denunciando lo que consideraban un asesinato legal perpetrado por el Estado. El impacto fue tal que el caso se convirtió en un símbolo universal de la lucha por los derechos civiles y la protección de los inmigrantes frente a la arbitrariedad judicial. La imagen de los dos italianos caminando hacia la silla eléctrica quedó grabada en la memoria colectiva como el ejemplo máximo de cómo el prejuicio puede corromper el debido proceso.
Desde una perspectiva jurídica, el caso impulsó reformas significativas en los sistemas de apelación y en la selección de jurados para intentar mitigar la influencia de sesgos ideológicos en los tribunales. Cincuenta años después de las ejecuciones, en 1977, el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, emitió una proclama oficial reconociendo que el juicio había sido injusto y que cualquier estigma debía ser eliminado de los nombres de Sacco y Vanzetti. Este acto de reparación histórica no buscó determinar la inocencia técnica, sino admitir que el sistema legal falló en garantizar un juicio imparcial, sentando un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la revisión de condenas históricas cuestionadas.
En la actualidad, el legado de Sacco y Vanzetti permanece como un punto de referencia crítico en los debates sobre la pena de muerte y la criminalización de la protesta social. Mientras algunos historiadores modernos sugieren, basados en pruebas de balística realizadas décadas después, que Sacco podría haber tenido algún grado de participación en el evento, el consenso general sostiene que Vanzetti era completamente inocente y que ninguno de los dos recibió las garantías mínimas de defensa. La tensión entre la seguridad nacional y las libertades individuales, eje central de este proceso centenario, continúa vigente en las discusiones políticas contemporáneas sobre migración y justicia penal.
