El analista Vladimir Rouvinski advirtió en la XI Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami sobre el uso de la migración rusa y la dependencia de fertilizantes como herramientas de influencia estratégica de Moscú en América Latina.
La presencia del Kremlin en el Cono Sur y la región andina ha dejado de responder a los antiguos parámetros ideológicos de la Guerra Fría para adoptar una lógica de poder simétrico. Según explicaron especialistas del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales (PoInt), la administración de Vladimir Putin busca establecer una presencia activa en lo que denomina el “exterior cercano” de Estados Unidos. Esta maniobra funciona como un espejo de la influencia que Washington ejerce en las fronteras rusas, particularmente en Ucrania, Bielorrusia y el Cáucaso. A diferencia de la expansión económica de China, que se centra en la adquisición de activos y corporaciones, la táctica rusa se enfoca en detectar y explotar vulnerabilidades institucionales y productivas específicas de los países latinoamericanos, utilizando mecanismos que a menudo escapan a los radares de las agencias de seguridad convencionales.
Uno de los puntos de mayor fricción identificados por los analistas internacionales es la dependencia crítica de insumos agrícolas. Rusia se ha consolidado como el principal proveedor de fertilizantes a bajo costo y en grandes volúmenes para potencias agroindustriales como Brasil. De acuerdo con datos del sector, una interrupción deliberada de estos suministros por parte de Moscú podría desencadenar una crisis inmediata en la producción de alimentos brasileña, otorgando al Kremlin una capacidad de presión política que no requiere de despliegue militar. Esta relación comercial, aunque legítima en los papeles, genera vínculos de subordinación económica difíciles de revertir en el corto plazo. Asimismo, se observa una creciente actividad en las denominadas “zonas grises”, donde el comercio legal se desdibuja con estructuras de economía ilegal, permitiendo a Rusia mantener canales de información sobre movimientos de tráfico de drogas y armas sin una participación directa pero con un conocimiento estratégico de los actores locales.
La situación de los combatientes extranjeros añade una capa de complejidad a la seguridad regional. Informes presentados en la conferencia organizada por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación TAEDA indican que más de 8.000 colombianos se encuentran combatiendo en el conflicto de Ucrania. Mientras que la participación del lado ucraniano suele ser más transparente, los reclutados por el bando ruso presentan vínculos preocupantes con estructuras criminales y carcelarias. Se estima que al menos 1.000 de estos combatientes ya han perdido la vida en el frente. El retorno de estos individuos a sus países de origen, con entrenamiento militar y posibles conexiones con servicios de inteligencia extranjeros, representa un desafío de seguridad pública que los gobiernos de la región aún no han abordado de manera coordinada, según indicaron fuentes cercanas a los organismos de inteligencia hemisférica.
Contexto
Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, el flujo migratorio de ciudadanos rusos hacia América Latina ha experimentado un crecimiento exponencial. Países como Argentina, Colombia y Brasil se han convertido en destinos predilectos debido a la facilidad de ingreso, ya que la mayoría de las naciones sudamericanas no exigen visa a los ciudadanos de la Federación Rusa. Si bien la gran mayoría de estos migrantes son civiles que huyen del reclutamiento forzado o buscan libertades individuales, los servicios de inteligencia regionales han detectado que esta apertura es aprovechada por operativos de los servicios especiales rusos y miembros del crimen organizado. La falta de controles biométricos compartidos y la debilidad en el intercambio de información migratoria facilitan que estos agentes se diluyan entre la población civil, estableciendo bases de operaciones en las principales capitales del continente.
Históricamente, la relación de Rusia con la región estuvo marcada por el apoyo a regímenes específicos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, la estrategia actual es mucho más pragmática y transversal. Ya no se busca exportar un modelo revolucionario, sino socavar la confianza en las instituciones democráticas a través del “sharp power”. Esto se traduce en el uso de narrativas de desinformación que, aunque parten de hechos reales, son manipuladas para demostrar la ineficiencia de los sistemas democráticos occidentales. Este trabajo sistemático encuentra un terreno fértil en sociedades con altos niveles de polarización y desconfianza en sus líderes políticos, permitiendo que la influencia rusa penetre en sectores de la opinión pública sin necesidad de grandes inversiones financieras, a diferencia del modelo de infraestructura que propone Beijing.
Impacto
El impacto de esta infiltración se manifiesta en la seguridad nacional de los Estados latinoamericanos de manera directa e indirecta. La movilidad casi irrestricta de ciudadanos rusos con pasaportes legítimos pero antecedentes dudosos pone en jaque la capacidad de respuesta de las oficinas de migración locales. Según advirtieron los panelistas de la Conferencia de Seguridad Hemisférica, si un país como Colombia identifica a un individuo con vínculos sospechosos, la falta de un protocolo de comunicación ágil permite que esa misma persona se traslade a Argentina o Perú sin que las autoridades locales reciban una alerta temprana. Esta fragmentación política en América Latina es vista por Moscú como una oportunidad para operar con impunidad en el territorio, utilizando el derecho humano a la migración como una cobertura para actividades de espionaje o logística criminal.
Por otro lado, la utilización de recursos estratégicos como los fertilizantes y los acuerdos de extradición no transparentes —como los casos registrados entre Colombia y Rusia en materia de narcotráfico— generan una erosión de la soberanía jurídica. La opacidad en lo que sucede con los criminales extraditados a Rusia plantea interrogantes sobre la cooperación judicial internacional. El riesgo concreto es la creación de un ecosistema donde las potencias externas explotan las debilidades institucionales para asentar sus propios intereses, convirtiendo a la región en un tablero de ajedrez donde las decisiones locales quedan supeditadas a tensiones geopolíticas globales que ocurren a miles de kilómetros de distancia. La desinformación, sumada a la presión económica, debilita la cohesión social y la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones autónomas en foros internacionales como la ONU o la OEA.
El próximo paso para los gobiernos de la región será la creación de una mesa de trabajo conjunta que permita unificar las bases de datos migratorias y de seguridad. La presión de organismos internacionales y la creciente evidencia de infiltración obligarán a los países del Cono Sur a revisar sus políticas de fronteras abiertas para ciudadanos de países en conflicto. Se espera que en la próxima cumbre de seguridad regional se presente un borrador para un sistema de alertas tempranas que mitigue el riesgo de que el flujo migratorio sea utilizado como un vector de desestabilización política, en un escenario donde la neutralidad latinoamericana frente a la guerra en Europa es cada vez más difícil de sostener.
