El asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo reuniones reservadas en Washington con funcionarios y legisladores norteamericanos para discutir la licitación de la Hidrovía, en un contexto de creciente preocupación por la posible penetración de capitales chinos en sectores estratégicos de la Argentina.
La comitiva argentina, integrada también por el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, y Manuel Vidal, mano derecha de Caputo, se encontró con figuras centrales del esquema de Donald Trump. Entre ellos destacaron Brian Mast, representante republicano por Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y Michael Jensen, asesor especial sobre Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Según indicaron fuentes de la Cancillería, el mensaje de los funcionarios estadounidenses fue directo: Washington observa con recelo cualquier avance de la República Popular de China en la administración de la vía navegable más importante de la región. La agenda incluyó además discusiones sobre el puerto de Ushuaia y el sector energético, áreas que la Casa Blanca considera críticas para la seguridad hemisférica.
El viaje de Caputo coincide con un momento administrativo determinante para el control de los ríos. El próximo martes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), bajo la órbita directa del asesor presidencial, tiene previsto abrir el tercer sobre de la licitación de la Hidrovía. Este sobre contiene las ofertas económicas que definirán la compulsa entre los dos consorcios finalistas. Por un lado, se encuentra la unión transitoria de empresas conformada por la firma belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, de la familia Román. Por el otro, compite la belga DEME, asociada con las firmas estadounidenses Great Lakes, Clear Street y el fondo KKR. Hasta el momento, el grupo liderado por Jan de Nul ostenta una ventaja técnica con 66,2 puntos, frente a los 42,14 obtenidos por el bloque encabezado por DEME, lo que eleva la tensión sobre la definición económica inminente.
Contexto
La Hidrovía Paraná-Paraguay es considerada la aorta comercial de América del Sur, ya que por sus aguas circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, incluyendo soja, maíz, harina y aceite. Su relevancia trasciende las fronteras nacionales: es la salida vital para la producción de Paraguay y de las cargas provenientes del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Históricamente, el control de esta vía ha sido objeto de disputas geopolíticas. En esta ocasión, el congresista Brian Mast fue explícito al señalar que, tras el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares brindado por Estados Unidos a la Argentina, resulta inaceptable que empresas norteamericanas encuentren trabas para operar en puertos y dragados locales. Esta postura refuerza la doctrina de “America First” que Trump sostiene incluso frente a sus aliados más cercanos, como el gobierno de Javier Milei.
Desde el sector oficial, fuentes de la Anpyn sostienen que no se han detectado vínculos directos con Estados soberanos en ninguna de las ofertas actuales, a pesar de que tanto Jan de Nul como Servimagnus y Deme han tenido experiencias previas de trabajo conjunto con empresas chinas. La sospecha de Washington recae específicamente sobre Servimagnus, aunque la empresa argentina ha negado cualquier injerencia de Pekín mediante comunicados oficiales. Para el gobierno libertario, este escenario representa un desafío diplomático de alto nivel, ya que debe equilibrar su alineamiento ideológico con Estados Unidos e Israel frente a la realidad de China como uno de sus principales socios comerciales y financieros, especialmente en un año donde la recaudación fiscal depende de la fluidez de las exportaciones granarias.
Impacto
La resolución de esta licitación no solo definirá quién administrará el dragado y balizamiento por los próximos 25 años, sino que marcará el rumbo de la relación bilateral con la Casa Blanca. El impacto económico es inmediato: el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, necesita que estas concesiones y las futuras privatizaciones, como la de Aysa y el Belgrano Cargas, compensen la caída en la recaudación tributaria. En paralelo, el Gobierno espera para el 26 de este mes el desembolso de 1.000 millones de dólares (763 millones de DEG) por parte del Fondo Monetario Internacional, tras la aprobación de la revisión del programa vigente. La estabilidad del esquema macroeconómico depende de que estos flujos de capital no se vean entorpecidos por ruidos diplomáticos derivados de la gestión de infraestructura estratégica.
En el ámbito productivo, la incertidumbre sobre la Hidrovía se suma a las demandas de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante un reciente almuerzo en el Cicyp, empresarios manifestaron que, si bien la actividad parece haber tocado un piso, la recuperación es dispar. El titular de la UIA, Martín Rapallini, llevará al Palacio de Hacienda un pedido formal para implementar un régimen de incentivos fiscales similar al RIGI para la industria manufacturera. Los industriales sostienen que, para competir en el nuevo escenario global, necesitan las mismas herramientas que hoy benefician a los sectores de minería e hidrocarburos. Mientras tanto, el sistema financiero observa con cautela la evolución de la mora, que se espera baje a niveles del 5% recién hacia finales de año, reflejando una recuperación del consumo todavía lenta y condicionada por el poder adquisitivo.
Hacia adelante, el Gobierno enfrenta el reto de transformar la sintonía política con Donald Trump en beneficios tangibles sin romper los puentes con el capital asiático. El pragmatismo de la Casa Rosada será puesto a prueba el próximo martes con la apertura de los sobres económicos. Si el consorcio con participación estadounidense no logra revertir la ventaja técnica de Jan de Nul, la administración de Milei deberá gestionar el malestar de Washington en un año electoral clave para las proyecciones de 2027. La decisión final sobre la Hidrovía será, en última instancia, la primera gran señal de hasta dónde llega la autonomía argentina en la gestión de sus recursos estratégicos frente a las exigencias de sus principales acreedores externos.
