El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó penas de hasta 14 años de prisión para altos mandos policiales y civiles implicados en un esquema de fraude con fondos para combustible en la Unidad Regional II de Rosario.
La acusación formal, impulsada por el fiscal José Luis Caterina, detalla una maniobra de defraudación sistemática que operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Según fuentes judiciales, el pedido de condena más severo recayó sobre el ex secretario privado Rodrigo Domínguez, para quien se solicitaron 14 años de cárcel, mientras que para el ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, la fiscalía requirió una pena de 12 años. La investigación sostiene que ambos encabezaron una asociación ilícita que utilizó la estructura jerárquica de la fuerza para articular un sistema de sobrefacturación y facturación inexistente en la carga de combustible oficial, afectando directamente las arcas del Estado provincial. Además de las penas privativas de la libertad, el fiscal solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los involucrados, bajo la figura penal de peculado y asociación ilícita.
El esquema delictivo contaba con una organización vertical donde Acosta y Domínguez designaban estratégicamente a jefes de secciones y encargados de carga para garantizar la fluidez de la facturación fraudulenta. Entre los imputados con pedidos de penas de entre 5 y 7 años se encuentran figuras de peso en la operatividad diaria de la ciudad, como Diego Santamaría (ex jefe del Comando Radioeléctrico), Héctor Saucedo (ex jefe de la Brigada Motorizada), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Diego Luna (ex integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería), Roberto Blanco (ex integrante de la Sección Logística) y Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada). La fiscalía también incluyó en la acusación a civiles que facilitaron la maniobra, destacándose el pedido de 8 años de prisión para Mónica Bianconi, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, señalada como la pieza clave para canalizar los retornos ilegales de dinero.
Las pruebas recolectadas por el Ministerio Público de la Acusación resultan determinantes para la elevación a juicio. De acuerdo con peritajes técnicos realizados sobre los móviles policiales, los informes de GPS demostraron que se registraban cargas de combustible en unidades que permanecían inmóviles en los destacamentos o que incluso estaban fuera de servicio por desperfectos mecánicos. En los allanamientos realizados durante la etapa de instrucción, los investigadores secuestraron 25 millones de pesos en efectivo y neumáticos nuevos en el domicilio de Domínguez. Asimismo, en la vivienda de Juan Villordo se hallaron más de 300 tarjetas Visa Flota y un posnet perteneciente a la estación de servicios Tiferno, lo que confirmaba la existencia de una central de facturación clandestina fuera de los controles oficiales. La declaración de un policía bajo la figura de imputado colaborador permitió a los investigadores reconstruir el mecanismo de presión interna, donde se exigían “cuotas” o retornos obligatorios a los mandos medios para sostener la estructura.
Contexto
Este caso de corrupción estructural surge en un momento de extrema sensibilidad para la seguridad pública en Rosario, una ciudad marcada por altos índices de criminalidad y una demanda constante de mayor presencia policial en las calles. Daniel Acosta habría comenzado a diseñar este esquema incluso antes de asumir formalmente la jefatura de la Unidad Regional II, ubicando a hombres de su extrema confianza en puestos logísticos clave. Bajo el argumento de la “emergencia en seguridad”, Acosta autorizaba partidas extraordinarias de fondos para combustible con el supuesto fin de incrementar los patrullajes preventivos. Sin embargo, la investigación determinó que gran parte de ese presupuesto no llegaba a los tanques de los patrulleros, sino que se convertía en efectivo a través de la complicidad con la estación de servicios Gas Auto Tiferno. Los registros indican que se llegaron a facturar cargas para vehículos que habían sido incendiados meses atrás o que estaban compactados en depósitos judiciales.
La figura de Rodrigo Domínguez aparece en el expediente como el brazo ejecutor y organizador operativo de la banda. Según la fiscalía, Domínguez ejercía un control férreo sobre la recaudación ilegal, llegando a exigir los pagos de los retornos incluso durante periodos de licencia. Existen registros que sitúan a Domínguez y Acosta vacacionando juntos en Brasil mientras mantenían la comunicación activa para asegurar que el flujo de dinero no se interrumpiera. Este nivel de connivencia y la falta de mecanismos de auditoría interna permitieron que la maniobra se extendiera por dos años, drenando recursos que debían garantizar la movilidad de las fuerzas de seguridad en las zonas más calientes de la ciudad. La causa expone no solo la ambición individual de los jefes, sino una cultura institucional de falta de transparencia en el manejo de los recursos operativos.
Impacto
El impacto de esta investigación es profundo tanto en el plano institucional como en el operativo. La remoción y detención de casi veinte efectivos, muchos de ellos con cargos de jerarquía en unidades operativas como el Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada, generó un vacío de mando que obligó al Ministerio de Seguridad a intervenir de urgencia las áreas afectadas. De acuerdo con analistas del sector, este tipo de maniobras no solo constituye un delito económico, sino que afecta directamente la capacidad de respuesta de la policía ante el delito, ya que los móviles carecían del combustible necesario para realizar recorridas preventivas reales. La sociedad rosarina percibe este hecho como una traición a la confianza pública en medio de una crisis de violencia sin precedentes, donde cada recurso estatal desviado se traduce en una menor protección para los ciudadanos.
Por otro lado, la implicación de proveedores privados como la estación Gas Auto Tiferno pone bajo la lupa los contratos de suministro del Estado provincial. La fiscalía ha solicitado que se revisen todos los convenios vigentes para detectar posibles réplicas de este modelo en otras unidades regionales. La inhabilitación perpetua solicitada para los uniformados busca enviar un mensaje de tolerancia cero hacia la corrupción policial, intentando depurar una fuerza que ha sido cuestionada repetidamente por sus vínculos con el delito organizado y la malversación de fondos públicos. El caso establece un precedente sobre el uso de tecnología, como el rastreo satelital y el cruce de datos de tarjetas de flota, para auditar el gasto público en tiempo real.
El proceso penal se encuentra actualmente en su audiencia preliminar, la última etapa antes de la fijación de la fecha para el juicio oral y público. Mientras ocho de los principales acusados permanecen bajo prisión preventiva debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el resto de los imputados, entre los que se encuentran Adrián Bahl, Fabián Becerra, Nicolás Cuesta, Edgardo Roldán, Roberto Sandoval y Fabián Fantín, aguardan la resolución de sus situaciones procesales. Se espera que el juicio comience en el segundo semestre del año, en lo que promete ser uno de los procesos por corrupción policial más grandes de la historia reciente de Santa Fe, con una carga probatoria que incluye escuchas telefónicas, registros contables y testimonios clave que podrían derivar en nuevas líneas de investigación sobre el destino final del dinero desviado.
