Los trabajadores de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) levantaron las medidas de fuerza en el área de Catastro este jueves 7 de mayo, tras alcanzar un principio de acuerdo con el Ministerio de Economía provincial para normalizar la emisión de estados parcelarios.
La resolución del conflicto se produjo tras la apertura de una mesa técnica de negociación donde se analiza la implementación de un nomenclador específico, que representa un monto adicional salarial para los empleados del sector. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía bonaerense, la medida de fuerza quedó suspendida formalmente, lo que permite el reinicio de las actividades en el eslabón primario del proceso de escrituración. Operadores del mercado inmobiliario, como Diego Cazes, director general de LJ Ramos, confirmaron que ya comenzaron a recibirse los primeros estados parcelarios tras semanas de parálisis total. Sin embargo, la normalización administrativa no será inmediata debido al volumen de expedientes acumulados durante los últimos 60 días, lo que obligará a una reorganización integral de las tareas en las oficinas de Catastro para dar respuesta a la demanda contenida.
El impacto de la medida fue transversal a toda la cadena de valor del real estate en territorio bonaerense. Javier Igarzabal, director de Dic Propiedades, señaló que la labor de las inmobiliarias, agrimensores y escribanías se centró durante este periodo en explicar a los clientes las razones de las demoras, ajenas a la voluntad de los profesionales intervinientes. La falta de aprobación de los estados parcelarios —documento indispensable para verificar que las medidas físicas del inmueble coincidan con la documentación legal— impidió que los escribanos avanzaran con las firmas definitivas. Esta situación afectó no solo a las compraventas tradicionales, sino también a donaciones, créditos hipotecarios, subdivisiones, mensuras, regularizaciones de dominios, desarrollos inmobiliarios y permutas. La parálisis fue de tal magnitud que, según estimaciones de operadores del sector, gran parte del mercado de operaciones en la provincia estuvo frenado de manera efectiva durante dos meses.
Contexto
El conflicto se originó hace aproximadamente ocho semanas en el seno de ARBA, específicamente en el área encargada de la gestión catastral. El reclamo gremial, que excede las competencias directas de la dirección de la agencia recaudadora, se centró en la exigencia de un reconocimiento salarial diferenciado mediante un nomenclador de funciones. Durante este periodo, los trabajadores mantuvieron jornadas reducidas y retención de tareas, lo que generó un cuello de botella administrativo sin precedentes recientes. El escribano Eduardo Rizzo explicó que las operaciones fueron afectadas de forma casi total, dejando a miles de familias en una situación de incertidumbre legal y financiera. La problemática se agravó por la naturaleza del trámite: el estado parcelario es obligatorio para inmuebles con superficies descubiertas, tales como lotes, casas, construcciones sobre terrenos propios o departamentos que cuenten con terrazas o patios.
Históricamente, los plazos para resolver una operación inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires oscilan entre los 30 y 45 días. La interrupción del servicio por un mes genera, por efecto cascada, un retraso que no se recupera en el mismo lapso de tiempo. Maximiliano D´Aria, director de D´Aria Propiedades, advirtió que el organismo necesitará un mínimo de cuatro meses para ponerse al día con la acumulación de trámites pendientes. Esta demora estructural ocurre en un momento donde el mercado inmobiliario intentaba mostrar signos de recuperación, lo que añade una presión adicional sobre los profesionales del sector que deben mediar entre compradores y vendedores frustrados por los tiempos burocráticos.
Impacto
La consecuencia más grave de este conflicto se observó en las denominadas “operaciones encadenadas”, donde la venta de un inmueble en Provincia es la condición necesaria para la compra de otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en otras jurisdicciones. Daniel Salaya, titular de Salaya Romera, describió la situación como compleja debido a la dificultad de los vendedores de Capital Federal para comprender los retrasos administrativos bonaerenses. Esta asincronía puso en riesgo la estabilidad habitacional de muchas familias que, ante la imposibilidad de escriturar, se enfrentaron a la posibilidad de quedar sin vivienda entre una operación y otra. Además, el factor psicológico jugó un rol determinante; Diego Cazes advirtió que las demoras prolongadas tienden a “enfriar” el interés de los compradores, quienes en muchos casos optaron por desistir de las operaciones ante la falta de certezas sobre los plazos de entrega.
Para mitigar los efectos de la parálisis, el sector inmobiliario debió recurrir a estrategias legales alternativas. Fabián Narvaez, de la firma Narvaez, explicó que se comenzó a generalizar la firma de boletos de compraventa con plazos de escrituración extendidos o la inclusión de cláusulas suspensivas. Estas herramientas permitieron establecer prórrogas automáticas supeditadas a la normalización del servicio en Catastro, brindando un marco de seguridad jurídica mínima para evitar la caída masiva de contratos. No obstante, estas soluciones temporales no reemplazan la seguridad de la escritura traslativa de dominio, que es el objetivo final de cualquier transacción inmobiliaria y el requisito indispensable para la liberación de fondos en el caso de los créditos hipotecarios, un segmento que se vio particularmente castigado por la medida de fuerza.
Hacia adelante, la atención del mercado está puesta en la efectividad de la mesa técnica entre el gremio y el Ministerio de Economía. Si bien la suspensión de las medidas de fuerza es un paso positivo, la fragilidad del acuerdo inicial mantiene en alerta a los colegios profesionales. La normalización total del flujo de trámites dependerá de que no se produzcan nuevos quiebres en la negociación salarial y de la capacidad operativa de ARBA para procesar el stock de expedientes acumulados. Se espera que en las próximas semanas se agilice la salida de las cédulas catastrales, aunque los expertos coinciden en que el mercado inmobiliario bonaerense sentirá las esquirlas de este conflicto durante todo el segundo semestre del año.
