La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las críticas de la funcionaria nacional hacia la movilización del colectivo Ni Una Menos y la gestión de las políticas de género.
El cruce se produjo en un escenario de alta tensión política, luego de que Bullrich publicara un mensaje crítico sobre el feminismo en la previa de la marcha nacional, mientras el país se encontraba conmocionado por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. Mendoza, una de las referentes centrales de La Cámpora y estrecha colaboradora de la expresidenta Cristina Kirchner, utilizó sus plataformas oficiales para realizar un pormenorizado repaso de la carrera política de la ministra, a quien acusó de carecer de autoridad moral para referirse al movimiento feminista. Según fuentes municipales de Quilmes, la jefa comunal considera que el discurso oficialista busca deslegitimar una lucha social histórica para invisibilizar el retiro del Estado en materia de asistencia a las víctimas de violencia.
Durante su descargo, Mendoza recordó el paso de Bullrich por diversas administraciones y fuerzas políticas, desde su militancia juvenil en la década del 70 hasta su rol actual en el gabinete de La Libertad Avanza. La intendenta enfatizó que Bullrich formó parte del gobierno de la Alianza que en 2001 aplicó un recorte del 13% a los haberes jubilatorios y salarios estatales, y la señaló como responsable de las políticas de seguridad durante el mandato de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. En este sentido, la dirigente kirchnerista rechazó de plano que la ministra pueda identificarse con los valores del feminismo, argumentando que las políticas de ajuste y represión que representa son diametralmente opuestas a la protección de las mujeres y diversidades. Operadores del peronismo bonaerense indicaron que este posicionamiento busca consolidar un frente de resistencia frente a lo que denominan la “crueldad” de la administración central.
Contexto
La disputa dialéctica ocurre en un momento de particular sensibilidad social. La marcha de Ni Una Menos de este año estuvo marcada por el ajuste presupuestario en áreas de género y la reciente eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, transformado inicialmente en una subsecretaría y luego desmantelado casi en su totalidad por el Ejecutivo nacional. A esto se suma el impacto del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, un caso que reavivó el reclamo por la falta de recursos en las provincias para prevenir la violencia machista. Históricamente, el movimiento Ni Una Menos, nacido en 2015, ha mantenido una relación de confrontación directa con las gestiones de signo liberal o conservador, pero la llegada de Javier Milei al poder profundizó la grieta debido a la retórica oficial que niega la existencia de la brecha de género y la violencia estructural contra las mujeres.
Por otro lado, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo el eje ordenador del discurso de Mayra Mendoza. La expresidenta se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria tras la ratificación de su condena en la denominada Causa Vialidad, una situación que el kirchnerismo califica sistemáticamente como una “proscripción” y un “secuestro judicial”. En el documento leído durante la última movilización de Ni Una Menos, diversos sectores del feminismo popular incluyeron el pedido de libertad para la exmandataria, vinculando su situación judicial con una forma de violencia política. Este antecedente es fundamental para entender la respuesta de Mendoza, quien vincula la defensa de los derechos de las mujeres con la defensa irrestricta de la conducción política de su espacio, proyectando la figura de Kirchner como la principal garante de los derechos conquistados en la última década.
Impacto
La confrontación entre Mendoza y Bullrich no es solo un intercambio de reproches personales, sino que refleja la fractura total en la gestión de la seguridad y las políticas sociales entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. Para los analistas de políticas públicas, este enfrentamiento anticipa una parálisis en la coordinación de programas de asistencia a víctimas, ya que los municipios gobernados por el peronismo denuncian un abandono total por parte del Estado nacional. Según datos de observatorios sociales, la violencia de género tiende a recrudecer en contextos de crisis económica y retracción de la asistencia estatal, lo que coloca a las intendencias en una situación crítica de falta de financiamiento para sostener refugios y líneas de atención. El impacto directo se traduce en una mayor vulnerabilidad para las mujeres en los territorios más postergados del conurbano bonaerense.
Asimismo, la propuesta de Mendoza sobre la creación de un “Partido Feminista” introduce una nueva variable en la interna de la oposición. Al plantear la necesidad de una alternativa electoral que enfrente conjuntamente a las figuras de Milei, Macri y Bullrich, la intendenta de Quilmes está enviando un mensaje hacia el interior del Partido Justicialista y de Unión por la Patria. Esta postura sugiere que el feminismo no debe ser solo una bandera social, sino una estructura política con capacidad de disputa real de poder. La intención es interpelar a las nuevas generaciones que se sienten alejadas de las estructuras partidarias tradicionales pero que se movilizan activamente por los derechos civiles. De consolidarse esta tendencia, el mapa político opositor podría fragmentarse o reconfigurarse bajo nuevas identidades que prioricen la agenda de género por sobre las lealtades partidarias clásicas.
Finalmente, el cierre del mensaje de Mendoza, apelando a la mística del “vamos a volver” y recordando el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, marca el tono de la campaña electoral que se avecina para las legislativas de 2025. La jefa comunal dejó en claro que el kirchnerismo utilizará la agenda de género como un pilar de resistencia frente al modelo libertario. La tensión queda pendiente en el ámbito judicial y legislativo, donde se espera que el oficialismo continúe con el desmantelamiento de normativas de protección, mientras que la oposición buscará articular una respuesta unificada en las calles y en el Congreso. El próximo paso será observar si este cruce deriva en presentaciones judiciales o si se mantiene estrictamente en el terreno de la disputa simbólica por el sentido del feminismo en la Argentina actual.
