El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la obligatoriedad de la evaluación psicofísica para obtener o renovar el registro de conducir, con especial énfasis en el Test de Bender para medir la aptitud psíquica de los conductores.
La Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña confirmó que el examen psicológico se mantiene como un pilar ineludible dentro del circuito de otorgamiento de licencias, integrándose a los controles médicos, visuales y auditivos. Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud porteño, el proceso busca garantizar que el aspirante posea las facultades cognitivas y de coordinación necesarias para operar un vehículo en la vía pública. El procedimiento actual en CABA contempla cuatro áreas críticas de evaluación: psicología, visión, audición y clínica médica. Dentro de la instancia psicológica, el Test de Bender se consolida como la herramienta técnica predilecta, donde el ciudadano debe replicar una serie de figuras geométricas en una hoja en blanco bajo la supervisión de un profesional matriculado. Los evaluadores no analizan la destreza artística del solicitante, sino su capacidad de percepción viso-motriz, la organización espacial y la respuesta ante consignas específicas de presión y tiempo.
Durante la ejecución de la prueba, los peritos observan variables determinantes como el orden de los dibujos, el uso del espacio disponible en el papel, la orientación de la hoja y la reacción emocional frente a posibles errores cometidos durante el trazo. Operadores del sistema de licencias explicaron que se analizan aspectos técnicos como la presión del lápiz, la continuidad de las líneas y si existen rotaciones u omisiones en las figuras replicadas. Una distorsión significativa en las proporciones o una organización extremadamente desordenada pueden ser indicadores de fatiga, estrés crónico o trastornos neurológicos que afectarían la conducción segura. El examen no se limita a la copia de formas; el resultado final se pondera en conjunto con una entrevista personal y preguntas de rutina que conforman el perfil psicofísico integral del conductor, evitando diagnósticos aislados basados en una sola figura.
Contexto
La implementación de estos controles estrictos responde a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece que todo conductor debe demostrar aptitud física, visual, auditiva y psíquica antes de recibir su habilitación. Históricamente, el examen psicológico era percibido como un trámite secundario, pero la creciente siniestralidad vial en áreas urbanas llevó a las jurisdicciones a estandarizar las herramientas de medición. En la Ciudad de Buenos Aires, el sistema se ha digitalizado y profesionalizado, exigiendo que los profesionales de la salud mental sigan protocolos específicos para determinar la aptitud. Anteriormente, la disparidad de criterios entre municipios permitía que conductores con perfiles de riesgo obtuvieran licencias en jurisdicciones con menores exigencias, una brecha que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intenta cerrar mediante la unificación de los parámetros de evaluación psicofísica en todo el territorio nacional.
El Test de Bender, desarrollado originalmente por Lauretta Bender en la década de 1930, ha sido adaptado para el ámbito de la seguridad vial por su eficacia en detectar daños orgánicos cerebrales y desajustes en la maduración perceptiva. En el contexto argentino, su aplicación se volvió masiva tras la creación de la Licencia Nacional de Conducir, que busca que un conductor de CABA cumpla con los mismos estándares que uno de cualquier otra provincia. No obstante, cada jurisdicción conserva la autonomía para definir qué test específico aplicar dentro del área psicológica, siempre que se cumpla con el objetivo de validar la salud mental del aspirante. En el caso de las licencias interjurisdiccionales o profesionales, los requisitos se vuelven aún más rigurosos, incluyendo evaluaciones complementarias si el médico examinador detecta inconsistencias durante la entrevista inicial o en los resultados de las pruebas gráficas.
Impacto
La rigurosidad en el examen psicológico impacta directamente en la seguridad vial al filtrar a individuos que presentan dificultades de coordinación o impulsividad no controlada. Según fuentes institucionales del sistema de tránsito, la declaración de “no aptitud” no es definitiva, pero impone una barrera de seguridad necesaria. Si un aspirante no supera la evaluación psicofísica, la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece un mecanismo de reconsideración: la persona debe esperar un plazo mínimo de 180 días antes de solicitar una nueva evaluación. Este período de seis meses tiene como objetivo que el ciudadano pueda tratar la condición detectada o estabilizar su situación psicofísica antes de volver a intentar el trámite. Esta medida afecta anualmente a miles de conductores que, por motivos de estrés o condiciones médicas transitorias, ven postergada su habilitación para manejar.
Para el sistema de salud pública y transporte, este filtro representa una reducción potencial de incidentes causados por errores humanos vinculados a la percepción espacial o la toma de decisiones bajo presión. El impacto también es administrativo, ya que obliga a los centros de emisión de licencias a contar con gabinetes psicológicos altamente capacitados para evitar impugnaciones legales. La transparencia en los criterios de evaluación, como la observación de la continuidad de las líneas o la corrección de errores durante el test, brinda un marco de previsibilidad al ciudadano, quien ahora comprende que el examen no es una competencia de dibujo, sino una validación de su capacidad de respuesta motriz y cognitiva frente a los estímulos del entorno vial.
El próximo paso en la evolución de estos controles será la integración de simuladores digitales que complementen los tests en papel, permitiendo medir tiempos de reacción en milisegundos ante situaciones de riesgo inminente. Por el momento, el Test de Bender y la entrevista clínica siguen siendo los estándares de oro en los centros de otorgamiento porteños. Se espera que para el segundo semestre del año se intensifiquen las capacitaciones para los evaluadores con el fin de unificar aún más los criterios de corrección. La tensión pendiente reside en la unificación total de estos requisitos en el Gran Buenos Aires, donde todavía persisten diferencias operativas con la Capital Federal, lo que genera que muchos usuarios opten por tramitar sus registros en zonas con evaluaciones menos exhaustivas.
