Esteban Ramón Delgado, imputado por el abuso sexual de sus dos hijas en San Lorenzo, quedó en libertad tras el vencimiento de su prisión preventiva debido a una omisión administrativa del Ministerio Público de la Acusación santafesino.
La resolución judicial, dictada por el juez Ariel Cattáneo, se produjo luego de que la defensa de Delgado solicitara una audiencia el pasado 3 de julio en los Tribunales provinciales de San Lorenzo. El argumento legal fue irrefutable: el plazo de detención previa al juicio había expirado a finales de junio sin que el fiscal a cargo presentara el pedido de extensión correspondiente. Según fuentes judiciales de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) enfrentaba un proceso de redistribución de causas que derivó en la falta de control sobre los plazos procesales del imputado, quien enfrenta un pedido de pena de 18 años de prisión efectiva por delitos contra la integridad sexual agravados por el vínculo.
El error administrativo que permitió la excarcelación de Delgado se originó en una discrepancia de fechas dentro del sistema informático judicial. Originalmente, la fiscalía registraba que la prisión preventiva vencía en diciembre de 2026, basándose en la audiencia imputativa inicial de diciembre de 2024. Sin embargo, un fallo de segunda instancia emitido el 26 de agosto del año pasado había acortado ese plazo de manera drástica hasta junio de este año. Esta modificación no fue advertida por el personal de la unidad fiscal ni por el fiscal Javier Paz, quien recientemente se había hecho cargo del distrito tras el relevo de Maximiliano Nicosia Herrero. Ante la ausencia de una solicitud de prórroga, el magistrado Cattáneo se vio obligado legalmente a otorgar la libertad al acusado, quien regresó a su domicilio habitual en la zona.
Contexto
El caso de Esteban Ramón Delgado no es un proceso aislado, sino que está profundamente entrelazado con una de las tragedias criminales más resonantes de la región de San Lorenzo. Delgado fue imputado formalmente el 13 de diciembre de 2024, semanas después de que una de sus denunciantes, su hija Sofía Delgado, fuera víctima de un brutal femicidio que conmocionó a la provincia de Santa Fe. Sofía había desaparecido el 30 de octubre de 2024 tras salir de su casa, donde convivía únicamente con sus hermanos tras haberse distanciado de su padre a raíz de las denuncias por violación y de su madre, a quien los hijos señalaban como presunta encubridora de los abusos. La búsqueda de la joven movilizó a toda la comunidad hasta que su cuerpo fue hallado el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone, envuelto en aislante térmico y con signos de extrema violencia.
Por el asesinato de Sofía Delgado se encuentran actualmente detenidos e imputados Alejandro José Bevilacqua, conductor del vehículo Peugeot 308 que trasladó a la víctima; Eduardo Andrés “Pata” Mordini, propietario del galpón en Puerto San Martín donde se presume ocurrió el crimen; y Brian Ezequiel Baumann, empleado del lugar acusado de colaborar en el descarte del cadáver. La denuncia por abuso sexual contra Esteban Delgado había sido el motor que fracturó a la familia y, según los investigadores, el contexto de vulnerabilidad de las víctimas era extremo. El hecho de que el principal acusado de estos abusos recupere la libertad por un error de calendario judicial ha generado una fuerte reacción en el entorno de las víctimas y en la opinión pública santafesina, que aún procesa el impacto del femicidio de Sofía.
Impacto
La liberación de Delgado ha provocado una crisis institucional dentro del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La Auditoría de Gestión del organismo ya inició un proceso de revisión para analizar el desempeño de los funcionarios involucrados y determinar las responsabilidades administrativas por la falta de seguimiento del expediente. Desde el entorno de las víctimas expresaron su indignación al enterarse de la noticia a través de vecinos que divisaron al imputado en la vía pública, antes de que las autoridades notificaran formalmente la resolución. Este tipo de fallas técnicas no solo afectan la percepción de seguridad de las denunciantes, sino que ponen en riesgo la integridad del proceso judicial ante la posibilidad de amedrentamiento a testigos o riesgo de fuga antes del debate oral.
En términos procesales, el impacto inmediato fue un intento de la fiscalía por subsanar la omisión. El fiscal Javier Paz elevó finalmente la acusación el 8 de julio, solicitando la apertura de la audiencia preliminar para llevar a Delgado a juicio. No obstante, el daño jurídico ya estaba consumado con la excarcelación. Operadores del mercado judicial santafesino señalan que este incidente pone de manifiesto las falencias en la transición de causas entre fiscales y la falta de un sistema de alertas eficiente para plazos de prisión preventiva, especialmente en expedientes de alta sensibilidad social y gravedad penal. La familia de las víctimas ha manifestado que la presencia del acusado en la calle representa una revictimización constante y un fracaso del Estado en su deber de protección.
Se espera que en los próximos días la fiscalía solicite una nueva medida cautelar de restricción de la libertad, argumentando nuevos riesgos procesales o la inminencia del juicio oral. Mientras tanto, la Auditoría de Gestión deberá decidir si aplica sanciones disciplinarias al personal responsable de la carga de datos y al fiscal a cargo por la negligencia en el control de los términos legales. La tensión en San Lorenzo permanece alta, a la espera de que se fije la fecha definitiva para el juicio por abusos, mientras la causa paralela por el femicidio de Sofía Delgado continúa su curso hacia la etapa de sentencia.
