La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente este miércoles la creación de un “RIGI Industrial” para extender beneficios fiscales y cambiarios a las fábricas tradicionales, mientras coordina una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para la próxima semana.
El pedido de la central fabril surge en un momento de definiciones para el Palacio de Hacienda, que trabaja en el diseño de un “Súper RIGI”. Según indicaron fuentes del Ministerio de Economía, esta versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca profundizar los beneficios aduaneros y tributarios para proyectos estratégicos. Sin embargo, la conducción de la UIA, encabezada por Daniel Funes de Rioja y con el impulso público de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que la industria manufacturera tradicional no puede quedar excluida de estas condiciones de competitividad global. La intención de los industriales es trasladar personalmente al ministro Caputo una hoja de ruta que permita al sector adaptarse a la apertura económica sin perder terreno frente a la competencia extranjera, en un escenario marcado por la volatilidad de los costos operativos y la presión impositiva persistente.
En términos técnicos, la propuesta industrial busca equiparar las condiciones de juego. Rappallini argumentó que si el Estado reconoce que sectores como la energía o la minería necesitan incentivos especiales para competir, el mismo criterio debe aplicarse a la manufactura, que enfrenta costos laborales y financieros significativamente más altos que sus competidores regionales. Durante esta semana, el dirigente mantuvo encuentros de trabajo con Pablo Lavigne, secretario coordinador de Industria y Comercio, para delinear los puntos de fricción. Entre las demandas principales se encuentra la necesidad de aliviar la carga de las tasas municipales y provinciales, un punto donde el Gobierno nacional parece coincidir. El proyecto oficial que analiza Caputo contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% para proyectos estratégicos, además de un esquema de amortización acelerada y límites estrictos a la presión tributaria local: las provincias no podrían superar el 0,5% en Ingresos Brutos y los municipios tendrían prohibido aplicar tasas sobre las ventas brutas.
Los datos oficiales del INDEC aportaron una cuota de optimismo moderado al debate, aunque con matices que preocupan a los analistas. En marzo, la utilización de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 59,8%, una mejora respecto al 54,4% registrado en el mismo mes del año anterior y superior al 54,6% de febrero. Se trata del nivel más alto desde octubre de 2025, lo que indicaría una reactivación en sectores puntuales. No obstante, desde la consultora I+D, dirigida por el exdirector ejecutivo de la UIA Diego Coatz, advirtieron que esta mejora no representa necesariamente un cambio de ciclo. El informe de la entidad señala que la industria podría cerrar el año 2026 con una caída interanual del 1,5% si se mantiene la dinámica de abril, mes en el que ya se observaron retrocesos significativos: la producción de autos cayó un 17,5%, el cemento un 13,2% y la venta de materiales para la construcción un 4,6%.
Contexto
La discusión sobre el RIGI se produce tras un año de fuerte contracción en el empleo y la actividad fabril. Según datos procesados por el think tank I+D, solo en enero se perdieron 3.500 puestos de trabajo formales en el sector industrial, acumulando una destrucción de 42.000 empleos en los últimos doce meses. Esta sangría laboral afecta principalmente a los rubros que más mano de obra intensiva demandan, los cuales hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la combinación de un mercado interno debilitado y un tipo de cambio que los industriales consideran apreciado. A esto se suma el antecedente de la ley original del RIGI, aprobada en el Congreso, que inicialmente fue pensada para sectores extractivos y de infraestructura energética, dejando en un segundo plano a la cadena de valor metalmecánica y textil.
Históricamente, la industria argentina ha reclamado por las asimetrías de costos frente a países como Brasil o México. En el contexto actual, la administración de Javier Milei ha avanzado en una agenda de desregulación y apertura que, según la UIA, debe ser acompañada por una baja de impuestos para evitar una desindustrialización acelerada. El Gobierno, por su parte, ha focalizado sus esfuerzos en sectores que considera motores de divisas a corto plazo, como el refinamiento de cobre, la fabricación de baterías de litio, fertilizantes y centros de datos. La tensión radica en que la UIA busca que esos beneficios no sean exclusivos para nuevas inversiones de gran escala (superiores a los 200 millones de dólares), sino que alcancen a las PyMEs industriales que ya operan en el país y necesitan modernizar su equipamiento para no quedar fuera del mercado.
Impacto
La implementación de un “RIGI Industrial” o la inclusión de la manufactura en el “Súper RIGI” de Caputo tendría consecuencias directas en la estructura de costos de las empresas argentinas. De concretarse la reducción de Ganancias al 15% y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital, las fábricas locales podrían iniciar un proceso de renovación tecnológica postergado por años de cepo cambiario. Para el consumidor, esto podría traducirse en una mayor oferta de productos nacionales a precios más competitivos, aunque el riesgo latente es la sustitución de producción local por importaciones si la baja de costos no es lo suficientemente rápida o profunda. Operadores del mercado señalan que la clave estará en la letra chica de la reglamentación, especialmente en lo referido al abastecimiento energético.
El impacto también se sentirá en las arcas provinciales y municipales. La intención del Ejecutivo de poner un techo del 0,5% a Ingresos Brutos generará, sin dudas, un conflicto de federalismo fiscal con los gobernadores. Para la industria, este es un punto no negociable, ya que consideran que la superposición de tasas locales es lo que termina asfixiando la rentabilidad. Por otro lado, la preocupación por el abastecimiento de gas natural licuado (GNL) de cara al invierno añade una capa de incertidumbre. Si los costos energéticos se disparan debido a la volatilidad internacional por los conflictos en Medio Oriente, cualquier beneficio fiscal del RIGI podría quedar neutralizado por el aumento de las tarifas industriales, afectando la competitividad de las exportaciones manufactureras.
El próximo paso institucional será la reunión formal entre la cúpula de la UIA y el equipo económico de Luis Caputo. Allí se definirá si el Gobierno está dispuesto a ceder en la recaudación de corto plazo para sostener el nivel de empleo industrial o si mantendrá el esquema de incentivos restringido a los sectores que considera estratégicos. Mientras tanto, los indicadores de abril y mayo serán determinantes para confirmar si la leve mejora en la utilización de la capacidad instalada de marzo fue un fenómeno estacional o el inicio de una estabilización real de la actividad fabril en Argentina.
