La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió las ordenanzas que congelaban los sueldos de la planta política en General Alvear, tras un recurso por conflicto de poderes presentado por el intendente radical Ramón Capra.
La resolución del máximo tribunal bonaerense, fundamentada en el artículo 261 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, frena de manera cautelar la aplicación de las normativas 2.685/26 y 2.687/26. Estas medidas, impulsadas por una mayoría opositora en el Concejo Deliberante, buscaban limitar los incrementos salariales para el jefe comunal, sus secretarios y los propios concejales hasta el mes de octubre. La decisión judicial se produce luego de que el intendente Capra vetara la ordenanza original y el cuerpo legislativo insistiera con su vigencia, lo que derivó en una parálisis administrativa que ahora la Justicia busca dirimir. Según fuentes judiciales, la Corte analizará el fondo de la cuestión para determinar si el legislativo local se extralimitó en sus facultades de control sobre el presupuesto ejecutado por el Ejecutivo municipal.
El conflicto se originó en marzo de este año, cuando el Ejecutivo de General Alvear acordó un incremento salarial del 100% para los 519 empleados municipales, a pagarse en cuatro tramos del 25% cada uno. Sin embargo, tras liquidarse las primeras dos cuotas, un bloque de nueve concejales —integrado por cinco representantes del peronismo, tres de Nuevos Aires y uno de Potencia— logró imponerse sobre los tres ediles radicales para sancionar una restricción específica. La ordenanza establecía que el intendente, los concejales y los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14.656 no debían recibir incremento alguno. Además, la norma fijaba topes estrictos: los secretarios de Hacienda, Gobierno, Salud y Obras Públicas pasarían a percibir un básico equivalente al 40% del sueldo del intendente, mientras que para el contador municipal se fijaba un 35% y para el Tesorero un 30%.
Desde el entorno del intendente Ramón Capra, quien transita su octavo año de gestión tras haber presidido el Concejo Deliberante durante doce años, defienden la legalidad de los decretos de aumento. El jefe comunal argumentó ante las autoridades judiciales que la medida opositora afectaba directamente el cálculo de los haberes jubilatorios y ponía en riesgo la previsibilidad financiera del municipio. Capra destacó que, a pesar de la crisis económica nacional, su administración mantiene la planta de personal en 519 agentes —una cifra menor a los 542 que recibió en 2017— y asegura el pago de salarios y aguinaldos entre los días 28 y 29 de cada mes. Para el Ejecutivo, la intervención del Concejo representaba un intento de “cogobierno” que vulneraba las facultades propias del intendente para administrar el escalafón salarial vigente.
Contexto
General Alvear es un distrito del interior bonaerense con aproximadamente 12.800 habitantes, donde el empleo público municipal constituye uno de los principales motores económicos de la localidad. La disputa por los salarios políticos ocurre en un escenario de alta inflación, donde la brecha entre los haberes de los trabajadores de base y los funcionarios jerárquicos se ha vuelto un foco de tensión recurrente. Según datos del sector contable municipal, el intendente percibe actualmente una remuneración mensual cercana a los $52 millones anuales en términos de costo presupuestario, mientras que el cuerpo de concejales representa una erogación de $17 millones por mes. Esta estructura de costos fue el principal argumento de la oposición para intentar un recorte en las categorías superiores.
Los antecedentes de este tipo de conflictos en la provincia de Buenos Aires suelen resolverse bajo la figura del “conflicto de poderes” cuando un órgano legislativo intenta modificar de forma sustancial la estructura de gastos decidida por el Ejecutivo sin una base técnica de desfinanciamiento. En este caso, los concejales opositores acusaron a Capra de replicar argumentos de distritos vecinos, como Tapalqué, para justificar los aumentos, mientras denunciaban la existencia de “sobresueldos disfrazados” bajo el concepto de bonificaciones por cargo o función. La oposición sostiene que la brecha salarial en el municipio violenta el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, consagrado en el artículo 14 bis, debido a la precariedad de los sueldos de los empleados de categorías inferiores frente a los ingresos de la planta política.
Impacto
La intervención de la Suprema Corte tiene un impacto inmediato en la liquidación de haberes de la planta política de General Alvear, ya que permite que los funcionarios y concejales continúen percibiendo los aumentos previstos en el cronograma original del Ejecutivo. Para los empleados municipales de planta permanente, la medida garantiza que no haya distorsiones en los aportes previsionales que dependen de la escala salarial general. Sin embargo, la tensión política en el distrito se ha profundizado, dejando al descubierto una fractura institucional que dificulta la aprobación de futuras partidas presupuestarias o modificaciones en la ordenanza impositiva anual.
Desde el punto de vista administrativo, la suspensión de las ordenanzas 2.685 y 2.687 otorga un respiro financiero al gabinete de Capra, pero traslada la discusión al ámbito estrictamente jurídico. Los analistas del derecho municipal señalan que este fallo sienta un precedente sobre la autonomía de los intendentes para fijar políticas salariales frente a las facultades de control de los concejos deliberantes. Si la Corte finalmente falla a favor del intendente, se reforzará la autoridad del Ejecutivo local; de lo contrario, los municipios bonaerenses podrían enfrentar una ola de proyectos legislativos destinados a recortar los ingresos de los funcionarios políticos en contextos de ajuste fiscal.
El próximo paso procesal requiere que el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Alberto Alaníz, responda a la demanda presentada por el Ejecutivo y exponga los fundamentos técnicos por los cuales el cuerpo legislativo decidió insistir con el congelamiento de sueldos. Se espera que la Suprema Corte solicite peritajes contables sobre el presupuesto municipal para determinar si los aumentos otorgados por decreto comprometen la solvencia del partido o si, por el contrario, la ordenanza opositora representaba una intromisión arbitraria en las funciones de administración. Mientras tanto, el clima político en General Alvear permanece en estado de alerta, a la espera de una sentencia definitiva que normalice la relación entre los dos poderes del Estado municipal.
