La Cámara Nacional en lo Civil avaló hoy el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires y anuló la designación de veedores que había dispuesto el Ministerio de Justicia nacional.
La resolución judicial, firmada por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, representa un triunfo jurídico determinante para la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia. El fallo de la Sala de la Cámara Civil decidió admitir las quejas presentadas por la entidad deportiva y declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026. Con esta decisión, la Justicia ratifica que la fiscalización de la asociación civil ya no corresponde a la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal, sino a los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, consolidando el traslado de la sede social a la localidad de Pilar. Los magistrados señalaron que el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la entidad quedaron definitivamente bajo la órbita bonaerense, invalidando cualquier intento de supervisión por parte de las autoridades nacionales porteñas.
El tribunal también anuló la RESOL-2026-128-APN-MJ, dictada el 16 de marzo de 2026 por el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Dicha norma establecía una intervención informativa en grado de veeduría por un plazo de 180 días hábiles, fundamentada en presuntas irregularidades institucionales detectadas por la IGJ. Según fuentes judiciales, la Cámara concluyó que la medida ministerial carecía de validez jurídica al apoyarse en una resolución previa de la IGJ que ya había sido declarada nula. Los jueces advirtieron que la IGJ no posee competencia para realizar inspecciones ni cuestionar cambios de sede social que ya fueron habilitados por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. En el escrito, los magistrados expresaron que la IGJ intentó erigirse por encima de un organismo par, desatendiendo un acto administrativo válido y pretendiendo ejercer facultades revisoras que no le corresponden bajo el sistema federal vigente.
La disputa central giraba en torno a la validez del domicilio en Pilar, donde actualmente solo existe un terreno baldío, pero que administrativamente ya cuenta con la aprobación de la resolución 9000/2024 de la provincia de Buenos Aires. Los camaristas remarcaron que admitir la postura del Gobierno nacional implicaría someter a la AFA a un control simultáneo de dos organismos estatales distintos, una situación que calificaron como incompatible con los principios básicos del derecho administrativo argentino. De acuerdo con operadores del mercado jurídico deportivo, este fallo limita la capacidad de intervención directa del Poder Ejecutivo sobre la estructura de la calle Viamonte, al menos bajo los argumentos de irregularidad registral que se venían esgrimiendo desde el inicio del conflicto. La decisión se conoce mientras el presidente de la entidad, Claudio Tapia, se encuentra en Estados Unidos con autorización judicial para seguir el desarrollo del Mundial de fútbol.
Contexto
El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA escaló significativamente a principios de 2024, cuando la asamblea de representantes de la entidad votó por unanimidad el traslado de la sede social fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta maniobra fue interpretada por analistas políticos como un movimiento defensivo de Tapia para eludir la jurisdicción de la IGJ, organismo que históricamente ha mantenido una relación tensa con la dirigencia del fútbol. En aquel entonces, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires aceptó la inscripción, otorgando a la AFA un marco regulatorio que el Gobierno nacional consideró ficticio debido a la inexistencia de infraestructura física operativa en el predio de Pilar. La tensión aumentó cuando el Ministerio de Justicia intentó auditar las cuentas de la asociación, las transferencias de fondos y los proyectos educativos truncos, como la universidad de la AFA que nunca inició actividades.
Durante el último año, la IGJ había emitido informes técnicos que señalaban anomalías en el funcionamiento institucional y registral de la asociación civil. Estos documentos fueron la base para que el ministro Juan Bautista Mahiques designara al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco como veedores oficiales. La misión de estos funcionarios era revisar los libros contables y los movimientos financieros de la entidad por un periodo de seis meses. Sin embargo, la AFA recurrió sistemáticamente a la Justicia alegando que el Gobierno estaba violando la autonomía de las asociaciones civiles y desconociendo la validez de los actos administrativos de la provincia de Buenos Aires. Este enfrentamiento se da en un marco de debate más amplio sobre la posible transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa impulsada por el Ejecutivo y resistida por la actual cúpula de la AFA.
Impacto
La resolución de la Cámara Civil tiene un impacto inmediato en la gobernanza del fútbol argentino, ya que blinda a la conducción de la AFA frente a las inspecciones directas del Gobierno nacional. Al anular la veeduría de 180 días, la Justicia retira a los funcionarios Pappacena y Ortíz de Marco de las oficinas de la entidad, frenando la investigación sobre las cuentas y los contratos vigentes. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia, esta decisión debilita las herramientas de control estatal sobre una entidad que maneja presupuestos millonarios y que se encuentra en el centro de la escena pública por la organización de eventos internacionales. Para los clubes afiliados, el fallo representa una ratificación del statu quo y un respaldo a la estrategia de descentralización administrativa que propuso la gestión de Tapia para ganar autonomía política frente al poder central.
Por otro lado, el fallo establece un precedente jurídico relevante sobre la competencia de los registros públicos en Argentina. Al determinar que la IGJ no puede cuestionar las decisiones de su par provincial una vez que el cambio de domicilio ha sido aceptado, la Justicia limita la capacidad de intervención federal en asuntos de jurisdicción local. Esto genera una zona de protección para otras asociaciones civiles que busquen cambiar su radicación para obtener condiciones regulatorias más favorables. En términos prácticos, la AFA ahora solo deberá rendir cuentas ante las autoridades bonaerenses, lo que simplifica su frente judicial pero profundiza la grieta con el Ministerio de Justicia de la Nación, que ve frustrada su intención de transparentar los manejos internos de la organización deportiva más importante del país.
El escenario futuro queda marcado por la posibilidad de que el Gobierno nacional apele esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario. Mientras tanto, la AFA consolida su estructura en la provincia de Buenos Aires y avanza con su calendario institucional sin la presencia de veedores externos en sus asambleas. La tensión pendiente radica en cómo reaccionará el Poder Ejecutivo ante este revés judicial, especialmente en lo que respecta a la presión por implementar las Sociedades Anónimas Deportivas, un proyecto que sigue siendo la principal manzana de la discordia entre la Casa Rosada y el edificio de la calle Viamonte. El próximo paso clave será el regreso de Tapia al país y la presentación de los nuevos balances contables ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
