El fiscal federal Guillermo Marijuán aceptó investigar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, tras una presentación judicial realizada por la legisladora Marcela Pagano ante los tribunales de Comodoro Py.
La investigación se centra en la evolución patrimonial de Francisco Adorni durante su paso como asesor en el Ministerio de Defensa y, posteriormente, en el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). El punto crítico de la pesquisa, según indicaron fuentes judiciales, radica en la cancelación en apenas doce meses de un préstamo hipotecario por 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia. La celeridad en el pago de dicha deuda despertó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados, dado que los ingresos declarados por el funcionario no guardarían una relación proporcional con la capacidad de ahorro necesaria para saldar semejante compromiso financiero en un período tan breve.
El avance de la causa impone ahora un desafío institucional de magnitud para La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Para que el fiscal Marijuán pueda citar a indagatoria a Adorni, deberá solicitar formalmente su desafuero ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, un cuerpo legislativo donde el oficialismo no cuenta con mayorías propias y depende de acuerdos con bloques opositores. En paralelo, operadores judiciales advierten que la Justicia bonaerense podría reclamar la competencia de la causa si se determina que las presuntas irregularidades afectaron directamente los intereses del banco oficial de la provincia, lo que trasladaría el expediente de los tribunales federales de Retiro a la jurisdicción de La Plata.
Contexto
La situación de los hermanos Adorni se produce en un clima de creciente tensión interna dentro del espacio libertario y de una supuesta “superstición” que rodea a los actos oficiales en la planta de General Pacheco. El pasado 28 de abril, por orden de Karina Milei, el vocero presidencial participó de la tradicional ceremonia de destrucción de estupefacientes. Este rito oficial arrastra antecedentes negativos para quienes asisten: Marcelo D’Alessandro debió renunciar al Ministerio de Seguridad porteño tres años después de su participación tras la filtración de chats, mientras que José Luis Espert vio truncada una candidatura meses después de asistir al mismo predio. La denuncia de Pagano, una disidente de la estructura oficialista, se formalizó apenas tres semanas después de que el apellido Adorni quedara vinculado a este evento institucional.
Por otro lado, el escenario político en la provincia de Buenos Aires muestra movimientos preventivos de otros actores de la derecha. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ordenó a su bloque de concejales retomar la identidad exclusiva del PRO, eliminando cualquier referencia a la alianza con los libertarios. Esta maniobra coincide con el cierre de filas de Mauricio Macri en Vicente López, donde el expresidente busca blindar su bastión electoral ante el avance de figuras como Patricia Bullrich y el desgaste de la gestión nacional. Según el último informe de la Universidad de San Andrés, la aprobación del presidente Javier Milei se ubica en un 37%, mientras que la satisfacción con el rumbo del gobierno cae al 29%, cifras que aceleran los reacomodamientos en el arco opositor y aliado.
Impacto
El impacto de esta investigación judicial trasciende lo personal y afecta la estrategia legislativa del gobernador Axel Kicillof. El pedido de desafuero de Adorni obligaría a reactivar una Cámara de Diputados provincial que se encuentra paralizada por la falta de acuerdo entre el mandatario y Cristina Fernández de Kirchner respecto a la distribución de comisiones clave. Kicillof, quien logró una victoria táctica en el Senado al ceder la comisión de Acuerdos Constitucionales a Malena Galmarini pero retener Legislación General, necesita mantener la cohesión de Unión por la Patria para evitar que las causas judiciales de la oposición se conviertan en moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.
Asimismo, la solvencia financiera de la provincia de Buenos Aires añade una capa de complejidad al escenario. Un informe de la consultora PPA, dirigida por Daiana Reboredo, reveló que durante el primer trimestre la recaudación bonaerense superó en cinco puntos al gasto en salarios, lo que permitió al Ejecutivo provincial aplicar un ajuste silencioso sin afectar el pago de aguinaldos. Esta estabilidad le da a Kicillof margen de maniobra política para posicionarse como el principal referente del Partido Justicialista, mientras figuras como Sergio Massa se mantienen en un segundo plano debido a la inquietud que generan las causas judiciales por el denominado “rulo financiero” que tramitan en los juzgados de María Eugenia Capuchetti, María Servini y Ariel Lijo.
La resolución de este conflicto patrimonial determinará la fortaleza de la estructura de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país. Si el pedido de desafuero prospera, el oficialismo enfrentará su primera gran crisis de integridad en la provincia de Buenos Aires, justo en el momento en que el PRO de Mauricio Macri evalúa si mantiene la alianza electoral o si se diferencia definitivamente para captar al votante no peronista desencantado. La evolución de la causa en manos de Marijuán será el termómetro que defina las alianzas legislativas del próximo semestre en La Plata.
