El Parlamento Europeo solicitó este jueves la suspensión del diálogo político y de cooperación con Cuba si el régimen de Miguel Díaz-Canel no implementa reformas democráticas inmediatas y libera incondicionalmente a los cerca de 1.300 presos políticos detenidos en la isla.
La resolución fue aprobada con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, impulsada por una coalición conformada por el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa. El documento condena en términos enérgicos la represión sistemática ejecutada por el Estado cubano, denunciando prácticas de tortura, violencia sexual, vigilancia masiva y persecución judicial contra disidentes, líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Según fuentes diplomáticas en Bruselas, la medida representa un endurecimiento sin precedentes en la postura legislativa del bloque frente a La Habana, exigiendo sanciones específicas contra la figura de Díaz-Canel y la cúpula militar que sostiene el andamiaje económico del país.
El texto aprobado por los eurodiputados pone el foco en la crisis humanitaria que atraviesa la isla, caracterizada por la falta de acceso a combustibles, medicamentos y alimentos básicos. Los legisladores rechazaron la postura de los bloques socialdemócratas y verdes, quienes intentaron incluir el embargo estadounidense como una de las causas principales de la crisis. Por el contrario, la mayoría parlamentaria determinó que la emergencia actual, que mantiene al 89% de las familias cubanas en situación de pobreza extrema, es consecuencia directa del fracaso del modelo económico y político impuesto por el Partido Comunista de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), calificó la resolución como la más fuerte de la historia, destacando que no se trata de una condena simbólica, sino de un reclamo por reformas estructurales y el cese de la cooperación militar de la isla con Rusia y Bielorrusia.
La resolución también apunta directamente contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que domina sectores estratégicos de la economía cubana. El Parlamento Europeo sostiene que los fondos derivados de la cooperación internacional no deben seguir financiando las estructuras represivas del régimen. En este sentido, se solicitó que la ayuda humanitaria sea canalizada de forma directa a la sociedad civil y a actores independientes, evitando la intermediación de las instituciones estatales. Ferrer subrayó que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), vigente desde hace años, ha servido para legitimar a una administración que criminaliza la prensa independiente y empuja al exilio a miles de ciudadanos, por lo que su suspensión es vista como una herramienta de presión necesaria ante la falta de gestos de apertura por parte de La Habana.
Contexto
La relación entre la Unión Europea y Cuba ha estado regida desde 2017 por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, un marco que buscaba fomentar el acercamiento diplomático y la mejora de los derechos humanos a través del compromiso mutuo. Sin embargo, los antecedentes inmediatos marcan un retroceso significativo: desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el número de detenidos por motivos políticos se disparó, alcanzando una cifra récord de 1.281 personas registradas hasta finales de mayo de 2026, incluyendo a menores de edad. Este endurecimiento interno coincidió con un alineamiento geopolítico más marcado de Cuba hacia Moscú, especialmente tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, lo que generó una creciente incomodidad en las capitales europeas que ven en la isla un enclave de influencia rusa en el Caribe.
Históricamente, la política europea hacia Cuba ha oscilado entre la “Posición Común” de 1996, que condicionaba la cooperación a cambios democráticos, y el actual acuerdo de diálogo que priorizaba el comercio y la diplomacia blanda. El giro actual de la Eurocámara responde a la percepción de que el diálogo constructivo no ha producido resultados tangibles en materia de libertades civiles. Además, la participación de ciudadanos cubanos reclutados para combatir en las filas rusas contra Ucrania ha sido un factor determinante para que los sectores conservadores y liberales del Parlamento Europeo lograran el consenso necesario para exigir sanciones individuales contra los jerarcas del régimen, algo que anteriormente encontraba mayor resistencia en el pleno.
Impacto
La implementación de estas recomendaciones tendría consecuencias directas en el flujo de divisas y la legitimidad internacional del gobierno de Díaz-Canel. Si la Comisión Europea y el Consejo deciden avanzar con la suspensión del acuerdo, Cuba perdería un marco legal clave que facilita la cooperación técnica y financiera, profundizando el aislamiento económico en un momento de vulnerabilidad extrema. Para el ciudadano cubano, esto podría significar una presión adicional sobre el suministro de bienes básicos, aunque la resolución intenta mitigar este efecto pidiendo canales de ayuda que salteen al Estado. No obstante, el impacto político es el más inmediato: la UE dejaría de ser un interlocutor neutral para pasar a una fase de confrontación diplomática abierta, alineándose más estrechamente con la política de sanciones de Estados Unidos.
Desde el punto de vista regional, una sanción de este calibre por parte de Europa enviaría una señal de alerta a otros gobiernos de la región con vínculos estrechos con La Habana. La inclusión de GAESA en la lista de posibles entidades sancionadas afectaría los intereses comerciales de empresas europeas, especialmente españolas, que operan en la isla bajo esquemas de asociación con el conglomerado militar. Esto plantea una tensión interna dentro de la propia Unión Europea, donde los intereses económicos de ciertos Estados miembros podrían chocar con la línea dura adoptada por el Parlamento. Sin embargo, la resolución establece que la prioridad debe ser la transición hacia un sistema multipartidista y el respeto a la integridad física de los disidentes, poniendo los derechos humanos por encima de los acuerdos comerciales vigentes.
El próximo paso decisivo recae sobre la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien deberá evaluar si eleva la petición del Parlamento al Consejo Europeo para su ejecución formal. La presión legislativa obliga a la diplomacia europea a definir si mantendrá la vía del diálogo o si adoptará una política de condicionalidad estricta, mientras se espera una respuesta oficial de la Cancillería cubana ante lo que consideran una injerencia en sus asuntos internos. La tensión se mantendrá elevada en los próximos meses, supeditada a cualquier movimiento del régimen respecto a la situación de los detenidos y su rol en el conflicto bélico europeo.
