El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro incorporó nuevas pruebas sonoras en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, las cuales comprometen directamente al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Durante la última audiencia del proceso judicial, el testimonio de un cardiólogo que atendió al ex capitán de la Selección Argentina en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de su fallecimiento, resultó determinante para la estrategia de la fiscalía. El profesional médico, que prestó servicios en el sanatorio Ipensa de La Plata, declaró bajo juramento que su intención original era realizar un estudio de alta complejidad para evaluar el estado de las arterias coronarias del paciente. Sin embargo, según el relato del testigo, Leopoldo Luque intervino de manera directa para bloquear dicho procedimiento. Para respaldar esta declaración, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren reprodujeron una serie de audios donde se escucha al neurocirujano desestimar la necesidad de realizar un test de perfusión miocárdica, alegando que el paciente ya contaba con chequeos previos de la Clínica Olivos y que no era conveniente someterlo a largas estadías hospitalarias debido al contexto de la pandemia de coronavirus.
El estudio en cuestión, técnicamente denominado test de perfusión miocárdica, es un procedimiento no invasivo fundamental para detectar isquemias, cicatrices de infartos previos o flujos sanguíneos insuficientes bajo situaciones de esfuerzo. En el audio reproducido ante los jueces, Luque le indicó al cardiólogo Franco que solo se le realizara un electrocardiograma básico, descartando explícitamente la perfusión por considerarla un estudio “demasiado” complejo para el momento. “La idea es hacerle algo general y medio rápido por el tema del coronavirus. A él no le simpatiza mucho estar en los sanatorios rodeado de médicos”, se escucha decir al imputado en la grabación. Esta evidencia contradice la postura de la defensa, que sostiene que no existían señales de alerta sobre el riesgo cardíaco inminente que terminó con la vida de Maradona el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.
La fiscalía también expuso diálogos entre Agustina Cosachov y Carlos Díaz que demuestran, según la acusación, un conocimiento pleno de la fragilidad del corazón de Maradona al momento de ajustar su medicación psiquiátrica. En una de las grabaciones, Cosachov rechaza el uso de modafinilo —un estimulante del sistema nervioso— citando específicamente los antecedentes cardíacos del paciente como la razón principal para no administrarlo. Por su parte, un audio de Carlos Díaz enviado con posterioridad al fallecimiento revela una estrategia de defensa corporativa entre los profesionales. En el mensaje, el psicólogo afirma que la muerte se debió a una patología de hace 20 años y que la justicia podría realizar alguna acción menor, pero asegura que “todo está en regla” y que no hubo una mala praxis vinculada a la medicación suministrada, intentando desvincular la externación de la Clínica Olivos del desenlace fatal.
Contexto
La muerte de Diego Armando Maradona ocurrió en una vivienda alquilada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde el astro se recuperaba de una cirugía por un hematoma subdural realizada semanas antes. Desde el inicio de la instrucción penal, la justicia de San Isidro ha puesto el foco en las deficiencias de la internación domiciliaria, calificándola como deficiente, temeraria y carente de los elementos básicos para un paciente con un cuadro clínico complejo. Los antecedentes médicos de Maradona incluían una miocardiopatía dilatada severa detectada en el año 2000 tras una crisis en Punta del Este, lo que obligaba a un seguimiento riguroso de su función cardíaca. La negativa de Luque a realizar estudios específicos en septiembre de 2020 se produce en un momento donde el entorno médico ya discutía la posibilidad de una externación definitiva, a pesar de que los parámetros hemodinámicos del paciente no eran estables según los informes de enfermería que constan en el expediente.
El proceso judicial actual busca determinar si los ocho imputados, entre los que se encuentran también enfermeros y coordinadores médicos, incurrieron en el delito de homicidio simple con dolo eventual. Esta figura penal implica que los profesionales de la salud se representaron la posibilidad de que Maradona muriera debido a la falta de atención adecuada y, aun así, no hicieron nada para evitarlo. Los audios presentados esta semana refuerzan la hipótesis de los fiscales Ferrari e Iribarren sobre la existencia de una “omisión deliberada” de cuidados. La defensa de Luque, en contraste, ha intentado demostrar que el neurocirujano no era el médico de cabecera responsable de la salud clínica, sino un nexo de confianza, y que las decisiones sobre el corazón de Maradona correspondían a especialistas que, según su versión, no emitieron alertas rojas durante la internación en Olivos.
Impacto
La revelación de estos audios tiene un impacto directo en la situación procesal de los tres principales acusados, ya que elimina la posibilidad de alegar desconocimiento sobre el estado del corazón del paciente. Para los peritos médicos de la querella, la omisión del test de perfusión fue una oportunidad perdida crítica para diagnosticar la insuficiencia que finalmente colapsó el sistema circulatorio de Maradona. El hecho de que Luque haya solicitado explícitamente evitar estudios profundos para no incomodar al paciente o para agilizar su salida del sanatorio Ipensa podría ser interpretado por el tribunal como una negligencia grave que escala al dolo eventual. Además, las grabaciones de Cosachov y Díaz sugieren una contradicción interna en el equipo médico: mientras en privado reconocían los riesgos cardíacos para elegir psicofármacos, en los informes oficiales y ante la familia minimizaban la gravedad del cuadro clínico general.
En el ámbito social y legal, este juicio sienta un precedente sobre la responsabilidad de los médicos de cabecera en internaciones domiciliarias de pacientes de alto riesgo. La exposición de la intimidad del tratamiento y la aparente liviandad con la que se manejaron los controles médicos han generado un fuerte rechazo en la opinión pública y en los representantes legales de los herederos de Maradona. La estrategia de la fiscalía de utilizar la propia voz de los imputados busca cercar las coartadas basadas en la supuesta autonomía del paciente para rechazar tratamientos, argumentando que, dada su condición de vulnerabilidad y deterioro cognitivo, la responsabilidad de imponer los criterios médicos recaía exclusivamente en los profesionales a cargo.
El juicio continuará con la declaración de nuevos peritos médicos y la reproducción de más de un centenar de mensajes de WhatsApp que aún no han sido analizados en audiencia pública. Se espera que en las próximas semanas el tribunal defina si las pruebas presentadas son suficientes para sostener la acusación de homicidio simple, cuya pena oscila entre los 8 y 25 años de prisión. La tensión entre las defensas y la fiscalía se mantiene en niveles máximos, mientras los abogados de Luque preparan una contraofensiva basada en la supuesta falta de nexo causal directo entre la negativa a realizar un estudio en septiembre y el deceso ocurrido a finales de noviembre.
