La defensa de Luis Beuret, exvicepresidente de CAMMESA, solicitó este martes su absolución ante el Tribunal Oral Federal en el juicio por presuntas irregularidades en la contratación de la constructora Odebrecht para la ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008.
Durante la jornada de alegatos, el abogado defensor Gastón María Abrutín Suárez rechazó de forma categórica la acusación del fiscal Diego Luciani, quien había solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión para el exdirectivo. La estrategia de la defensa se centró en demostrar que Beuret, de 80 años, no tuvo una participación discrecional en la maniobra, sino que su intervención en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) respondió estrictamente al cumplimiento de directivas emanadas de la Secretaría de Energía de la Nación. Según el letrado, la convocatoria de la compañía al proceso de contratación era una obligación institucional para garantizar la provisión de gas necesaria para la generación eléctrica, descartando cualquier tipo de favoritismo hacia la firma brasileña.
El planteo defensivo también incluyó un pedido subsidiario en caso de que el tribunal decida avanzar con una condena. Abrutín Suárez requirió que, de ser hallado culpable, se le aplique la pena mínima prevista en suspenso, fundamentando esta solicitud en la avanzada edad de su defendido, su falta de antecedentes penales y su delicado estado de salud. De acuerdo con los informes médicos presentados ante el estrado, el exfuncionario atraviesa actualmente una enfermedad neurodegenerativa de carácter irreversible. La defensa remarcó que Beuret no aceleró la firma del memorándum de entendimiento ni omitió los llamados a concurso para beneficiar a Odebrecht, sino que se limitó a ejecutar los procedimientos administrativos internos que la normativa vigente le exigía en aquel momento de crisis en el sector.
Por su parte, la fiscalía mantiene una postura diametralmente opuesta, sosteniendo que existió un plan coordinado para legitimar la selección de la constructora brasileña sin una competencia real. El fiscal Luciani calificó la operatoria como una maniobra que permitió a Odebrecht adjudicarse contratos multimillonarios que superaron los 900 millones de dólares. En su requerimiento, además de la pena de prisión, Luciani solicitó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos contra Beuret, al considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esta acusación alcanza también a otros exfuncionarios de alto rango, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para quien se pidieron cuatro años de prisión.
Contexto
La causa investiga los contratos firmados durante el período 2006-2008 para la ampliación de los sistemas de transporte de gas operados por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS). En aquel entonces, la Argentina enfrentaba un escenario de fuerte restricción energética que llevó al Gobierno nacional a declarar la emergencia en el sector. Bajo este paraguas legal, se autorizaron procedimientos de contratación directa o concursos abreviados que, según la hipótesis judicial, fueron utilizados para direccionar las obras hacia el gigante brasileño Odebrecht. La fiscalía sostiene que la estructura de CAMMESA fue utilizada como un engranaje técnico para dar apariencia de legalidad a decisiones que ya estaban tomadas en las oficinas políticas del Ministerio de Planificación.
Este juicio se inscribe en el marco más amplio del escándalo regional de Odebrecht, aunque en el tramo local se focaliza específicamente en la figura de negociaciones incompatibles. Otros imputados de relevancia en este proceso incluyen al exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, para quien la fiscalía pidió cuatro años de cárcel, y al exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, con un pedido de tres años y seis meses. Las defensas de estos últimos, representadas por el defensor público oficial Santiago Finn, también han solicitado la absolución, argumentando que no se lograron probar sobreprecios ni el pago de sobornos, y que la fiscalía omitió considerar que todas las acciones se realizaron bajo el régimen excepcional de la emergencia energética vigente por ley.
Impacto
La resolución de este juicio tendrá un impacto directo en la jurisprudencia sobre la responsabilidad de los directivos de empresas mixtas o reguladoras como CAMMESA frente a las órdenes del Poder Ejecutivo. Si el tribunal acepta el argumento de la defensa de Beuret sobre la obediencia jerárquica en un contexto de emergencia, podría sentar un precedente relevante para otros exfuncionarios procesados en causas similares. Por el contrario, una condena ratificaría la visión de la fiscalía de que los cargos técnicos y directivos tienen la obligación de actuar como filtros de legalidad, independientemente de las urgencias políticas o las directivas de sus superiores ministeriales.
Asimismo, el caso pone bajo la lupa el uso de los fondos fiduciarios y los mecanismos de contratación excepcional que caracterizaron la gestión de la infraestructura energética durante la década pasada. Para el mercado eléctrico mayorista, el veredicto representará un cierre jurídico a uno de los capítulos más controvertidos de su historia administrativa. La decisión de los jueces deberá equilibrar la evidencia sobre el direccionamiento de los contratos por 900 millones de dólares con los argumentos de las defensas que sostienen que no hubo perjuicio patrimonial probado para el Estado, sino una ejecución de obras necesaria para evitar el colapso del suministro de gas en el país.
En las próximas audiencias, el tribunal escuchará los alegatos finales de las defensas restantes, incluyendo la de Julio De Vido y la de Julio Armando Bragulat, exsubgerente de CAMMESA. Bragulat ya ha adelantado su pedido de absolución sosteniendo que su participación en los hechos no fue acreditada durante la etapa de prueba. Una vez concluidas estas exposiciones, el tribunal fijará la fecha para las últimas palabras de los imputados y el posterior dictado de la sentencia, un hito esperado para el cierre del calendario judicial del corriente año.
