Más de 7.300 personas murieron en Irán y Líbano desde el pasado 28 de febrero, según registros oficiales de ambos países, en el marco del conflicto bélico que enfrenta a las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.
El balance de víctimas, que incluye cientos de niños y trabajadores sanitarios, es cuestionado por analistas internacionales y organismos de derechos humanos que operan en la región. Según fuentes de la organización británica Action on Armed Violence (AOAV), el número final de fallecidos es difícil de verificar de manera independiente debido a las severas restricciones de acceso a internet impuestas por Teherán, la destrucción de infraestructura crítica y la falta de transparencia en zonas controladas por grupos armados. Iain Overton, director ejecutivo de AOAV, señaló que la dispersión del conflicto en múltiples frentes nacionales genera reportes incompletos o tardíos que impiden establecer una estadística fidedigna en tiempo real, lo que anticipa una controversia histórica que podría durar años tras el cese de las hostilidades.
En el territorio iraní, las cifras gubernamentales reportadas por la agencia estatal IRNA indican que, hasta mediados de abril, se registraron 3.468 muertes, de las cuales 1.460 corresponden a civiles y 2.008 a personal militar. No obstante, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, elevó esa cifra a 3.636 fallecidos, detallando que entre las víctimas civiles se encuentran al menos 307 niños. Skylar Thompson, subdirectora de Hrana, advirtió que estos datos representan “mínimos absolutos” debido a la represión política y las presiones que sufren las familias para no divulgar las circunstancias de los decesos. Entre los episodios más cruentos, funcionarios iraníes denunciaron un ataque con misiles estadounidenses en Minab que habría matado a 168 personas en una escuela, mientras que en Lamerd se reportaron 20 muertes tras un impacto en un polideportivo, hecho que Washington negó pero que expertos vinculan al uso de misiles de precisión PrSM.
El frente libanés presenta una complejidad similar tras la reanudación de los combates entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo. El Ministerio de Salud de Líbano confirmó 3.912 muertes por ataques israelíes, incluyendo 366 mujeres y 247 niños, aunque no se especifica cuántos de los fallecidos integraban las filas de la milicia chiita. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que sus fuerzas eliminaron a 3.000 combatientes de Hezbolá desde el inicio de la guerra. La tensión escaló el 8 de abril, cuando una oleada de ataques israelíes provocó 361 muertes en apenas diez minutos; mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostienen que el objetivo eran 250 agentes operativos, las autoridades sanitarias locales aseguran que la gran mayoría eran civiles. En este escenario, Naciones Unidas confirmó la muerte de siete cascos azules, el último de ellos registrado el 4 de junio.
Contexto
La escalada actual tiene sus raíces en el enfrentamiento directo iniciado en febrero, que rompió décadas de guerra en las sombras entre Israel e Irán. El detonante de la fase actual en Líbano fue el asesinato del líder supremo de Irán, lo que provocó represalias por parte de Hezbolá y la posterior invasión terrestre israelí en el sur libanés. Históricamente, la región ha sido escenario de conflictos donde la contabilidad de bajas se convierte en una herramienta de propaganda política. En esta oportunidad, la intervención directa de Estados Unidos y el uso de armamento de alta tecnología, como las municiones de racimo denunciadas por Human Rights Watch, han internacionalizado el impacto humanitario. Irán, por su parte, ha extendido el conflicto atacando bases estadounidenses en ocho países vecinos, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, bajo el argumento de defensa soberana ante la presencia militar extranjera.
Impacto
La imposibilidad de establecer un balance real de muertos afecta no solo la percepción internacional del conflicto, sino también la rendición de cuentas por posibles crímenes de guerra. La utilización de municiones de racimo por parte de Irán en zonas como Ramat Gan, en Israel, ha sido calificada por investigadores de crisis como ataques indiscriminados ilegales. Del lado israelí, el gobierno reportó 60 muertos, entre ellos 29 civiles y 31 soldados, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en la cumbre del G7 en París su preocupación por el elevado número de víctimas civiles en edificios residenciales libaneses. El impacto económico y social se extiende a los estados del Golfo: Emiratos Árabes Unidos registró 13 muertes e Irak más de 100, la mayoría miembros de las Fuerzas de Movilización Popular respaldadas por Teherán. Además, la seguridad marítima se ha visto vulnerada con la muerte de 14 marineros en el estrecho de Ormuz, según la Organización Marítima Internacional.
El Pentágono confirmó la muerte de 13 militares estadounidenses en la región, siete de ellos en ataques directos iraníes, lo que mantiene la presión sobre la administración de Washington para definir el alcance de su participación. Con la infraestructura de comunicaciones dañada y los organismos internacionales con acceso limitado, la brecha entre las cifras oficiales y las estimaciones de las ONG locales sigue creciendo. El próximo paso crítico será la evaluación de los daños en la infraestructura energética y portuaria de la región, mientras la comunidad internacional aguarda una posible tregua que permita el ingreso de misiones de verificación independientes para determinar la verdadera magnitud de la tragedia humanitaria en curso.
