La filial argentina de la campaña global Choosing Wisely realizó en Buenos Aires su IV encuentro anual para promover la toma de decisiones médicas basadas en evidencia científica y reducir el daño provocado por prestaciones de salud innecesarias.
El evento, que contó con la participación activa del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina, puso el foco en la necesidad de revertir la tendencia actual de sobremedicalización. Según datos aportados por la doctora Maria Noble, en países con estadísticas confiables, el sobreúso de prácticas médicas representa aproximadamente el 30% del gasto total en salud. Esta cifra no solo implica un perjuicio económico para el sistema, sino que expone a los pacientes a riesgos físicos y emocionales derivados de intervenciones que no aportan beneficios reales a su cuadro clínico. Los especialistas coincidieron en que la premisa fundamental debe ser el principio de no maleficencia, priorizando la calidad sobre el volumen de prestaciones.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue el concepto de “prevención cuaternaria”, término acuñado por el médico belga Marc Jamoulle en 1995 y adoptado por la Organización Mundial de Médicos de Familia en 2003. Esta disciplina busca identificar y proteger a los pacientes de la medicina invasiva y de las intervenciones que carecen de sustento científico sólido. Karin Kopitowski, especialista en Medicina Familiar, advirtió que el desplazamiento de los puntos de corte para diagnósticos clínicos está transformando a millones de personas sanas en pacientes crónicos. Al extenderse los rangos de anormalidad en parámetros de salud básicos, se genera una población de “enfermos sanos” que son sometidos a tests, medicaciones y cirugías que podrían evitarse mediante un criterio clínico más riguroso y una ética de la negativa por parte del profesional.
Contexto
La campaña Choosing Wisely nació en 2012 en Estados Unidos, impulsada por la American Board of Internal Medicine (ABIM), con el objetivo de fomentar el diálogo entre médicos y pacientes sobre la utilidad real de ciertos estudios. En Argentina, esta iniciativa ha ganado terreno frente a un escenario de creciente judicialización de la medicina y la presión de la industria farmacéutica y tecnológica. Antecedentes históricos, como los estándares de fijación planteados por Ernest Codman en 1921 o las advertencias de Crile en 1976 sobre cirugías inapropiadas, demuestran que la preocupación por la eficiencia quirúrgica no es nueva. Sin embargo, la complejidad del sistema actual, donde intervienen financiadores estatales, obras sociales y empresas de medicina prepaga, ha exacerbado la tendencia a la sobreindicación como mecanismo de defensa legal o respuesta a la demanda de pacientes modelados como consumidores.
A este panorama se suma la reciente sanción de la denominada “Ley Nicolás” en el Congreso de la Nación, la cual busca establecer marcos de seguridad para el paciente y reducir los errores médicos. La normativa se alinea con la necesidad de incorporar estos conceptos en los programas de grado y residencias médicas, entendiendo que la formación académica debe priorizar el discernimiento científico por sobre la repetición de protocolos automáticos. El cirujano argentino Alberto Ferreres, profesor en la Universidad de Washington, ha documentado que una intervención puede ser inapropiada no solo por la enfermedad en sí, sino por la falta de entrenamiento del profesional o la inadecuación del procedimiento para un paciente específico, reforzando la idea de que la medicina basada en valor es una necesidad urgente.
Impacto
La persistencia de este modelo de sobreúso genera lo que los expertos denominan la “ley de cuidados inversos”, donde los sectores con mayores recursos económicos consumen prestaciones en exceso, mientras que las poblaciones vulnerables enfrentan barreras de acceso a cuidados básicos esenciales. El impacto no es solo social y sanitario, sino también ambiental. El consumo energético, la utilización de insumos descartables y la generación de residuos patogénicos derivados de estudios de imágenes o laboratorios innecesarios contribuyen significativamente a la huella de carbono del sector salud. Además, el sobrediagnóstico suele derivar en “cascadas diagnósticas”, donde un hallazgo incidental o irrelevante (incidentaloma) conduce a biopsias y tratamientos que alteran profundamente la calidad de vida del individuo sin mejorar su pronóstico de salud.
Desde el punto de vista operativo, la saturación del sistema con prácticas de bajo valor clínico provoca un colapso en la disponibilidad de turnos, afectando directamente la eficiencia de las instituciones prestadoras. La propuesta de los especialistas es avanzar hacia una “atención basada en valor”, un modelo contracultural que premie la efectividad y no la cantidad de actos médicos. Para ello, se propone la “desimplementación” de prácticas obsoletas mediante la integración de herramientas de decisión compartida en las historias clínicas electrónicas. Esto permitiría que el paciente participe activamente en su cuidado, comprendiendo los riesgos de la radiación innecesaria o los efectos secundarios de fármacos prescritos para factores de riesgo menores que no constituyen una enfermedad per se.
La medicina argentina enfrenta hoy el desafío de equilibrar los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, con el juicio clínico tradicional. Como señalaba el doctor Alberto Agrest, el ejercicio de la profesión requiere ciencia para distinguir lo verdadero y filosofía para entender lo que tiene sentido. El próximo paso para las sociedades científicas locales será la publicación de nuevas guías de recomendaciones de “no hacer”, buscando que la relación médico-paciente recupere su esencia basada en la confianza y la evaluación rigurosa del riesgo-beneficio, alejándose de la medicina defensiva que hoy condiciona la práctica diaria.
