El Senado de la Nación sancionó este jueves la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027, en una votación que resultó con 40 adhesiones y 26 rechazos en el recinto.
La nueva normativa no solo extiende los plazos de vigencia del plan de desarme, sino que introduce modificaciones técnicas orientadas a agilizar los procedimientos administrativos para la regularización de la tenencia de armamento. Según informaron fuentes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el objetivo primordial es reducir el circulante de armas en el mercado ilegal y facilitar que los ciudadanos que poseen dispositivos sin registrar puedan entregarlos de forma anónima a cambio de un incentivo económico, sin enfrentar consecuencias legales por la tenencia irregular previa. Durante el debate, se precisó que la gestión actual permitió que .1191 elementos pasaran a estar bajo tenencia legal de personas de entre 18 y 21 años, tras una reciente baja en la edad mínima requerida para ciertos trámites de registro.
El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. El senador Martín Soria, representante de Río Negro por el bloque de Unión por la Patria, calificó la iniciativa como “peligrosa” y vinculó la flexibilización de ciertos registros con episodios de violencia social. Por su parte, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la medida recordando que el régimen de entrega voluntaria fue una política iniciada originalmente en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Bullrich cuestionó duramente a la administración anterior de Alberto Fernández por no haber enviado el proyecto de prórroga a fines de 2023, lo que generó un vacío legal que debió ser subsanado por la actual gestión. La legisladora denunció además irregularidades previas, señalando que existía un mecanismo donde personas en situación de indigencia poseían tarjetas de compra de municiones de forma irracional, lo que derivó en imputaciones a diversas armerías bajo la Ley Antimafia.
En la misma jornada legislativa, el pleno del Senado validó la continuidad por cinco años del vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, y aprobó una serie de convenios internacionales de cooperación con Singapur, San Marino y Suiza. Asimismo, se dio ingreso formal a un conjunto de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, los cuales tomaron estado parlamentario y fueron girados a la Comisión de Acuerdos. Este paso es fundamental para iniciar el proceso de evaluación de antecedentes y las posteriores audiencias públicas que definirán las nuevas designaciones en el Poder Judicial. En el plano administrativo, la sesión comenzó con la jura de Patricio Federico Finochietto como prosecretario de Coordinación Operativa, quien obtuvo 45 votos a favor, un rechazo y 24 abstenciones, en lo que se interpretó como un respaldo político a la gestión de la senadora tucumana Beatriz Ávila.
Contexto
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado originalmente por la Ley 26.216 en el año 2006, aunque sus antecedentes se remontan a políticas de desarme iniciadas en 2004. Desde su implementación, el plan ha funcionado mediante prórrogas sucesivas aprobadas por el Congreso, permitiendo la destrucción de miles de armas y municiones en todo el territorio argentino. Históricamente, este programa ha contado con el consenso de diversas fuerzas políticas como una herramienta de prevención del delito y reducción de accidentes domésticos. Sin embargo, la falta de una prórroga automática al cierre del año legislativo 2023 obligó al actual Gobierno a impulsar un nuevo tratamiento parlamentario para evitar la parálisis de los centros de recepción de armamento distribuidos en las provincias.
La discusión actual se produce en un escenario de alta sensibilidad respecto a la seguridad pública y el control de materiales controlados. Según datos del Ministerio de Seguridad, la proliferación de armas no registradas es uno de los principales factores que alimentan la violencia en los centros urbanos. La decisión de agilizar los trámites de regularización busca, según los fundamentos del proyecto, formalizar la situación de miles de legítimos usuarios que, por trabas burocráticas o costos elevados, habían quedado fuera del sistema legal. Esta medida se complementa con la política de fiscalización de armerías y depósitos de municiones que la ANMaC ha intensificado en los últimos meses para desarticular circuitos de provisión ilegal a bandas criminales.
Impacto
La sanción de esta ley tiene un impacto directo en la política de seguridad ciudadana al garantizar la operatividad del sistema de desarme por los próximos tres años. Para el ciudadano común, esto significa la posibilidad de entregar armas de fuego, piezas o municiones en puestos móviles y fijos sin necesidad de presentar documentación y recibiendo un pago por ello. Desde el punto de vista institucional, la agilización de los procedimientos de registro pretende reducir la brecha entre el mercado legal y el informal. Operadores del sector de seguridad privada y armerías legales consideran que la simplificación de trámites podría incentivar a los usuarios a mantener sus licencias al día, mejorando la trazabilidad de cada pieza de artillería que circula en el país.
Por otro lado, la prórroga genera una tensión política persistente con los sectores de la oposición que cuestionan la baja de edad para la tenencia y la celeridad de los nuevos procesos. El impacto también se sentirá en las provincias, donde la coordinación entre la Nación y las jurisdicciones locales es clave para la logística de recolección y posterior destrucción del material. La senadora Flavia Royón, de Salta, advirtió durante la sesión sobre la necesidad de que estas políticas nacionales lleguen efectivamente al interior, vinculando la seguridad con otras problemáticas regionales como el abastecimiento de gas y la infraestructura, temas que siguen siendo moneda de cambio en las negociaciones por votos clave en la Cámara Alta.
Tras la aprobación de la prórroga, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar los nuevos mecanismos de agilización administrativa en un plazo no mayor a 60 días. El próximo paso crítico para el oficialismo será la conformación de las audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos para tratar los pliegos judiciales ingresados, un proceso que pondrá a prueba nuevamente la solidez de las alianzas con los bloques dialoguistas. En paralelo, se espera que la ANMaC publique el nuevo cronograma de incentivos económicos para la entrega voluntaria, ajustado a los valores inflacionarios actuales para garantizar que el programa mantenga su atractivo para la población civil.
